Concesionarios de La Paz insisten en una respuesta a su solicitud de incremento de tarifa al servicio de transporte público, el cual se encuentra pendiente de dictamen en el Cabildo del Ayuntamiento.
A través de un pronunciamiento, los transportistas señalaron que el Cabildo no ha atendido el tema del ajuste tarifario como lo han solicitado y como lo prometieron las y los regidores, a pesar de que, insisten, se trata de un asunto urgente para poder garantizar la continuidad del servicio.
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“Mientras tanto, los concesionarios hemos seguido trabajando y haciendo todo lo posible para mantener las unidades en circulación, aun cuando la tarifa actual resulta insuficiente para cubrir los costos reales del servicio”, expusieron.
Cabe recordar que exigen que se dé un incremento de 13 pesos en la tarifa del servicio, por lo que, de aprobarse, el costo del viaje quedaría en 25 pesos para cada usuario.
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Los concesionarios sostienen que se han visto obligados a llevar a cabo reparaciones importantes para seguir prestando el servicio a la ciudadanía, con gastos que han tenido que cubrir con préstamos, esperando el ajusto de tarifa que piden.
“Los concesionarios queremos seguir prestando el servicio y cumplir con nuestros usuarios, pero también necesitamos condiciones que permitan que el transporte sea económicamente sostenible”, recalcaron.
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Por su parte, el asunto continúa en análisis en el Cabildo de La Paz, luego que, desde junio de este año, la Presidencia Municipal y la comisión correspondiente recibieron la solicitud oficial por parte de los transportistas, sin embargo, hasta el momento no hay una resolución final al respecto.
Mientras tanto, desde el Congreso del Estado, la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT) presentó una iniciativa para “corregir” el desequilibrio económico e institucional que lleva el transporte público por más de tres décadas en Baja California Sur.
Como tal, según explicó el diputado, Omar Torres, la idea es que el Gobierno del Estado asuma la responsabilidad de los subsidios en lugar de los transportistas.
Esto implica que los descuentos del 50 por ciento que se hacen por viaje a usuarios como personas con discapacidad, adultos mayores o estudiantes, deberán ser “absorbidos” por las autoridades.
