La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó el 11 de agosto de 2026 que la permanencia de Rubén Rocha Moya fuera de la gubernatura de Sinaloa responde a una determinación personal del propio mandatario con licencia, y no a una instrucción del Gobierno Federal, luego de confirmar que el Gobierno de Estados Unidos no ha entregado a México documentación alguna relacionada con una eventual solicitud de detención con fines de extradición.
Durante su conferencia de prensa matutina, realizada en Ciudad de México, un reportero preguntó a la titular del Poder Ejecutivo Federal por qué el gobernador continuaba separado del cargo pese a la ausencia de información procedente de las autoridades estadounidenses, y si existía alguna indicación al respecto por parte de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
Publicidad
“Es una decisión de él, de mientras siga este proceso mantenerse. Así lo dijo él en el momento en que salió del puesto. Dijo: ‘No quiero poner en duda la gobernabilidad de Sinaloa, ni mucho menos, prefiero dejar el puesto en lo que continúa esta investigación'”, apuntó Sheinbaum Pardo.
La mandataria nacional también respondió al cuestionamiento directo respecto a si las autoridades estadounidenses habían remitido pruebas o informes que sustentaran el proceso abierto en aquel país contra el político sinaloense.
Publicidad
“No han enviado la información de ‘detención urgente’ para extradición, no han enviado ningún informe”, declaró la presidenta de la República.
Con esa respuesta, la Presidencia de la República descartó dar por confirmada la versión que circuló respecto a una presunta detención de Rocha Moya, al señalar que no existe comunicación oficial que respalde ese señalamiento.
Publicidad
Según lo expuesto por la titular del Poder Ejecutivo Federal, el futuro político del gobernador con licencia permanece abierto, ya que podrá retomar la gubernatura o mantenerse separado del cargo según la decisión que él mismo adopte conforme avance el proceso.
La postura presidencial mantiene al Gobierno de México a la espera de que las autoridades estadounidenses formalicen cualquier requerimiento por la vía institucional, condición indispensable para que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) puedan dar trámite a una solicitud de extradición.
