Hace tres años autoridades del Ayuntamiento de La Paz detectaron una red de corrupción que por más de una década logró la falsificación y entrega de alrededor de 200 licencias apócrifas de alcohol; sin embargo, hasta el momento no han logrado sentencias condenatorias, ni por la vía penal ni por la administrativa.
El titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Baja California Sur, Lenin Ortiz Amao, informó que el proceso penal se encuentra pausado por un amparo que interpuso uno de los implicados.
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“Hay varias carpetas que se presentaron por parte del Ayuntamiento de La Paz, una de ellas ya se judicializó, se vinculó a proceso a tres personas, entre ellos a un exdirector de Comercio. En su momento llegamos a etapa intermedia y sobre la admisión-exclusión de pruebas, hubo por parte de ellos un juicio de amparo indirecto”, explicó.
Según detalló el Fiscal, el exdirector de Comercio, Omar Orantes (señalado en este caso y vinculado a proceso desde 2024) fue quien interpuso este recurso cuando el proceso ya avanzaba.
Aunque son ya tres exfuncionarios del Ayuntamiento de La Paz los que están sujetos a juicio por esta red de corrupción, sólo Omar Orantes interpuso el amparo por la admisión y exclusión de pruebas; sin embargo, aclaró que la vinculación a proceso no está en discusión por lo que habrá juicio oral.
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Primero el Tribunal Colegiado le negó el medio de defensa legal a principios de este año, por lo que se fue a un recurso de revisión que podría tardar año y medio en resolverse, según la experiencia de la Fiscalía Anticorrupción.
“Se negó la protección constitucional y actualmente se encuentra en recurso de revisión, una vez que se resuelva este recurso de revisión, estaremos en posibilidad de tener fecha para juicio oral”, dijo.
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“Los otros dos involucrados no se inconformaron en la etapa intermedia, no se inconformaron en contra de la vinculación a proceso, sin embargo, como se trata de un asunto de coautoría, se tiene que llevar un mismo juicio para todos”, agregó.
Omar Orantes, quien llegó a diputado suplente en la XVI Legislatura del Estado, se ha declarado inocente de las acusaciones, argumentando que este caso tiene un trasfondo político y que hará uso de su derecho a la defensa legal.
Nuevo Caso Judicializado
Lenin Ortiz informó que hace unas semanas judicializaron una nueva carpeta por el delito de cohecho contra otro servidor público por el tema de la red de licencias apócrifas de alcohol, por lo que están en espera de la audiencia inicial para formular imputación y solicitar su vinculación a proceso.
El Fiscal recordó que por el sigilo de la investigación y del caso no se pueden revelar algunos datos, como los generales de los implicados, sin embargo, confirmó que se trata de un funcionario en activo en el Ayuntamiento de La Paz.
“Obviamente ya no se encuentra en la Dirección de Comercio, pero se encuentra activo dentro del Ayuntamiento”, compartió.
Por último, el Fiscal comentó que, en esta nueva carpeta judicializada, aunque se estaría llevando a audiencia inicial a un funcionario en activo, la investigación permitirá “muy probablemente” la vinculación de otras personas involucradas.
Sentencias administrativas, otro pendiente
Por su parte, el contralor del Ayuntamiento de La Paz, Pavel Castro Ríos, aseguró que la revisión de las denuncias avanza en el Tribunal de Justicia Administrativa de Baja California Sur (TJABCS), precisando que hay por lo menos ocho exfuncionarios en proceso abierto en esta instancia.
“Estamos esperando las sentencias del Tribunal Administrativo, que ya esperamos que dentro de poco se dé respuesta y próximamente estarán llegando tres más”, declaró Pavel Castro.
El Contralor expuso que ha abierto 15 carpetas de investigación el gobierno municipal, documentando lo más posible este caso, ya que es considerado uno de importancia por lo que exige un robustecimiento.
“Ya tenemos esta etapa, dentro de poco estaremos viendo frutos en el tema de alguna inhabilitación o resolución que sea positiva en estas faltas que son graves. Nosotros actuamos como investigadores y como fiscales del Tribunal Administrativo y es el Tribunal el que emite esta parte”, aseveró.
Recordó que esta red de corrupción otorgaba licencias que no tenían un origen claro o certero, sin autorización del Consejo de Giros Restringidos y tampoco se detectaba una contribución al erario público municipal.
Hubo casos donde el pago por las licencias se cobró como si fuera un refrendo, que cuesta alrededor de 10 mil pesos, cuando estos permisos valen entre 100 mil y 200 mil pesos.
La red buscaba a empresarios que necesitaban la autorización y les ofrecían la gestión, usaban licencias que no estaban en uso, duplicaban folios y hacia cambios de nombre sin el proceso que establece el Consejo de Giro Restringido.
“Actualmente tenemos ya fuera, no están operando en el Ayuntamiento ni a cargo de ninguna dependencia, son más de ocho personas que hemos podido registrar; ocho servidores públicos que hicieron mal con estas prácticas, que hemos documentado que duró por más de 10 años”, reiteró.
