Un faltante de 16 millones 818 mil 516.23 pesos fue detectado en las arcas de la Secretaría de Fomento al Ahorro del Sindicato de Burócratas sección Tijuana, recurso correspondiente a aportaciones de ahorro, préstamos, intereses y aportaciones gubernamentales de más de cuatro mil trabajadores sindicalizados.
De acuerdo con actas internas del actual Comité Ejecutivo sección Tijuana 2026-2029, dichos fondos fueron ingresados a una cuenta concentradora en la Secretaría de Finanzas durante la gestión anterior (encabezada por José Guillermo Aldrete Casarín), pero que presuntamente omitieron transferirse oportunamente a la cuenta de la Secretaría de Fomento al Ahorro, por lo que el recurso no fue localizado al momento de la entrega-recepción.
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En entrevista para ZETA, el secretario general seccional de Tijuana y estatal del sindicato, José Isabel Gutiérrez Peredia, explicó que la irregularidad se detectó desde la transición con la administración saliente y fue informada a la membresía en la asamblea del pasado 26 de marzo. Aunque inicialmente se cuantificó un déficit menor, las revisiones posteriores confirmaron que el monto asciende a más de 16 millones de pesos.
“Se depositó el dinero en una cuenta concentradora y el recurso no fue enviado a la Secretaría del Ahorro, ahí se quedó en Finanzas. Ese faltante empezó alrededor de los 11 millones de pesos y conforme se fue revisando ascendió a los 16 millones”, detalló Gutiérrez Peredia, señalando que la directiva anterior no presentó aclaraciones durante el periodo de entrega-recepción.
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Incluso, según Gutiérrez Peredia, el propio personal de la Secretaría de Finanzas del comité anterior confesó y admitió la falta de dicho dinero, sin explicar el motivo, por lo que se buscó acercamiento con Aldrete para aclarar la situación, invitación que no fue atendida.
“Su mismo personal de finanzas confesaron el faltante, que había llegado ahí y que no lo habían enviado a la caja de ahorro. No hubo ninguna explicación, por eso se le invita al secretario general saliente pues que se aboque para aclarar esas situaciones, y no tuvimos respuesta. Nunca hubo un acercamiento”, mencionó José Gutiérrez.
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Ante esta situación, el dirigente sindical actual informó que se lleva a cabo una auditoría externa (la cual no cuenta con fecha de término todavía) para precisar el dictamen financiero e iniciar querellas penales con el fin de exigir el resarcimiento del daño.
En cuanto a las medidas inmediatas para no frenar el pago de los fondos, el sindicato acordó en asamblea con delegados la suspensión de eventos festivos y deportivos hasta abril de 2027, destinando esos recursos a garantizar la devolución del capital ahorrado (el cual no se especificó a cuánto asciende) a los trabajadores desde julio. No obstante, aún quedan pendientes de entregar más de 8 millones de pesos correspondientes a intereses y a las aportaciones gubernamentales.
“Dentro de la misma querella que se presente se solicita esa parte también. Vamos viendo cómo transcurre también la querella para ver la restitución del daño. Si hay restitución del daño con toda la confianza y responsabilidad se les va a repartir a los compañeros conforme a la ley diga”, comentó Gutiérrez Peredia.
ZETA buscó entrevistar al ex secretario seccional y estatal, Guillermo Aldrete sobre el déficit millonario encontrado por la dirigencia actual para conocer su versión de los hechos, pero hasta el cierre de esta edición, miércoles 12 de agosto, no hubo respuesta.
