En un proceso que abogados de la defensa dilataron más de cinco años, el sacerdote Noel Sebastián D’Mello fue sentenciado por el juez Ángel Manuel Guillen Armenta a 21 años de prisión, el pago de 21 mil 720 pesos de multa, más 34 mil 320 pesos para reparación del daño material y 143 mil 352 pesos por daño moral, por el delito de violación impropia agravada, en contra de una religiosa de la congregación de las Misioneras de la Cruz.
La carpeta indica que el delito se cometió el 9 de noviembre de 2020 en la iglesia Nuestra Señora de los Dolores, ubicada en la colonia Emiliano Zapata de Tijuana. La sentencia se dictó el 24 de julio y se leyó el 31 de julio del 2026.
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ZETA conversó con la misionera del proceso judicial y del resultado, quien a pesar de que el tema le sigue generando crisis nerviosas, decidió hablar, pensando en “el ejemplo de Cristo” y que su experiencia pueda “…salvar a otras personas que podían haber caído en los mismo”.
De la condena contra el sacerdote D’Mello, la monja victimada declaró: “Me hace sentirme un poco más tranquila, porque yo sentía que no me creían… pero la sentencia lo hace evidente, que sí es verdad”.
“La justicia debe ser para todos, así sean sacerdotes, sea un obispo, sea el Papa, lo que sea, tiene que ser aplicada”.
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Del mensaje hacia la comunidad, “el hecho de que haya salido todo a la luz, y que el juez fue testigo, para mí es un respiro… me da la tranquilidad de que ya la gente sabe quién es ese hombre”.
Para otras víctimas de abuso, el consejo de la monja, quien enfrentó un inusualmente largo proceso judicial por más de cinco años, fue que “perseveren, porque todo muy desgastante y agotador”.
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“No sé cómo decirles a las otras víctimas, que a pesar de que nos han destrozado nuestra dignidad, somos valiosas”.
Recordó que muchos le dijeron que se detuviera, que retirara la denuncia o que ya no se presentara porque no iba a lograr nada. “Me repetían: ‘Ya suelta, ya suelta, muchas mujeres han sido abusadas y salen adelante y son felices’, insistían que dejara la denuncia”.
Pero se mantuvo firme para evitar que “me llamaran mentirosa”, que manipularan los hechos y terminaran “diciendo que difamé a un sacerdote”.
LA IGLESIA
Respecto a las personas de la iglesia que desde el 2020 han participado en la investigación de la denuncia que presentó por la misma violación, sin que hubiera avances, mencionó la parábola del buen samaritano en Lucas 10:25-37, en la que un hombre asaltado y golpeado, queda medio muerto tirado en el camino, quien es ignorado por un sacerdote y un levita que pasan a su lado, para terminar siendo ayudado y curado por un samaritano pagano.
“Yo soy la persona que me han asaltado, que me han robado todo; no les importó, pasaron de largo y ahí me dejaron tirada, con las heridas abiertas y eso es muy doloroso, porque ¿dónde está el amor al prójimo? Somos proclamadores del amor de Dios y es muy triste que a las víctimas nos dejan ahí tiradas, con las llagas abiertas, porque la iglesia no me escuchó, no me creyó, no me hizo justicia y no quiere sacar a la luz la verdad. Eso es muy triste y muy decepcionante”.
— Después que presentó la denuncia civil al ver que tras siete meses no avanzaba la denuncia canónica en la iglesia, los sacerdotes encargados le dijeron que retomarían la investigación en el Tribunal Eclesiástico hasta que concluyera el caso civil. La sentencia se dictó el 27 de julio y se leyó el 31 de julio del presente 2026, ¿ya le llamaron?
“No”.
Y manifestó dudas de que le vayan a llamar, al rememorar detalles negativos relacionados con el proceso en la iglesia.
Por ejemplo, en su primera denuncia ante el clero, aunque solicitó hacer su declaración con una psicóloga mujer, los sacerdotes la obligaron a declarar sola, frente a dos canonistas hombres. Y después, esos religiosos intentaron responsabilizarla por mantener -en el pasado- contacto con el padre de D’Mello por correo electrónico, cuando éste era su asesor espiritual, antes del abuso, como si eso fuera una provocación, a lo que ella increpó: “Dígame en qué parte dice que yo quiero relación sexual, que yo estoy enamorada o que él esté enamorado”.
Además, la victima refirió que en el proceso civil los abogados del sacerdote usaron información de la investigación de la iglesia a la que tuvieron acceso. Tratando de desacreditar las periciales, porque cuando la iglesia le pidió a la misionera hacer otras periciales -muchos meses después-, la monja, asesorada por otro religioso y su abogada, los rechazó, y entregó copia de las periciales psicológicas y físicas que ya había hecho en tiempo y forma la Fiscalía General del Estado para que las integraran al expediente eclesiástico.
Y “la secretaria del sacerdote que, en la primera entrevista con los agentes del Ministerio Público había dicho que sí me había visto llegar con una pareja en un taxi [el día del abuso], cambió su versión después; en el juicio dijo que no me conocía”.
“SE DECIDIÓ QUE NO TE VAMOS ACOMPAÑAR”
Luego, la ausencia de apoyo la alcanzó también en su congregación.
Previo al inicio del juicio, que tuvo audiencias los días 21, 22, 23 y 24 de julio y concluyó el 31 de julio del 2026 con la lectura de sentencia, la religiosa se encontró con un mensaje de sus hermanas en fe, que hasta ese momento la habían apoyado en todo.
“Mi superiora general me mandó una carta diciéndome que para el juicio no me podía recibir en el convento. Que así lo habían decidido. Después otras religiosas intervinieran por mí; me dijeron que podía llegar a las instalaciones, pero que yo tenía que llevar el juicio sola, y que las hermanas no me podían acompañar”.
“Entonces fue otro dolor. Me dije: ‘¿Será que no me creen o qué? ¿Cómo es posible?’. Por más que le di razones, que era muy duro, que yo no quería estar sola, que ellas han sido mi única familia por 28 años; le pedí que me dijera qué leyes había violado para que me dejara fuera, pero no hubo cambio”.
Al final fue el CEJUM quien le dio un lugar dónde vivir durante las dos semanas que duró el juicio. Y al concluir el juicio, en su congregación reconocieron el error de no haberla acogido ni apoyado.
LA DEFENSA PÚBLICA DE LA ARQUIDIÓCESIS
A la lista de agresiones previas, se sumó el comunicado que la arquidiócesis hizo para defender al sacerdote sentenciado:
“A la fecha, el P. Noel ha informado que aún no le han dado lectura al veredicto referido a una sentencia definitoria, esto por parte de la autoridad competente (Juez de Enjuiciamiento), máxime que esta determinación es impugnable”, indicó la Arquidiócesis de Tijuana, la noche del sábado 25 de julio, en un comunicado firmado por el administrador apostólico, monseñor Mario N. Villanueva Arellano, quien se dijo comprometido con la “transparencia” y con “respetar con total entereza” la resolución que resulte del Tribunal Civil, a pesar de que la sentencia ya había sido dada de viva voz por el juez Ángel Manuel Guillén el 24 de julio, y la lectura se había programado para el 31 de julio.
Como toda sentencia es impugnable, la defensa tiene 10 días hábiles para ampararse – vencen el viernes 14 de agosto- y los representantes de la víctima tendrán otros tres días para responder. “Y después de eso, los jueces pueden tardar de resolver de uno hasta cuatro años, más o menos”, explicó Zulema Rodríguez, representante legal de la religiosa.
“Están tratando de ganar tiempo”, coincidieron la víctima y su asesora.
“Yo siento que este hombre no va a pisar la cárcel, porque la iglesia tiene mucho poder; y ellos mismos lo anunciaron cuando terminó el juicio, que van a solicitar el amparo. Yo he leído (que) los sacerdotes, muchos de los sacerdotes así se liberan”.
“Es triste, pero la iglesia no me protegió y tampoco me defendió. Entonces no creo que hagan algo contra ese hombre. Van a evitar para que vaya a la cárcel, porque a pisar la cárcel pues va a ser manchada toda la imagen de la iglesia”.
EL APOYO QUE ENCONTRÓ FUERA
Para otras víctimas que, desafortunadamente, puedan estar en una situación similar a la de ella, la religiosa habló de su proceso y su experiencia, de la necesidad de perseverar y buscar ayuda en las instituciones.
“Si la iglesia no nos oye, sepamos que, por parte del Ministerio Público y Fiscalía, de los Tribunales, ahí sí nos escuchan, sí encontramos justicia”, declaró.
“Quiero agradecer especialmente al Centro de Justicia para la Mujer (CEJUM) que me han apoyado todo este tiempo y eso es lo que me ha animado, me ha dado fortaleza para sentirme segura en el proceso penal, para continuar hasta terminar”, expuso la religiosa.
Al compartir su historia, la misionera manifestó que las víctimas deben superar muchos obstáculos. Recordó que, durante aquel noviembre del año 2020, tardó varios días en reconocer en voz alta lo que le había sucedido, y que lo hizo porque el victimario seguía visitando a las monjas, recibiendo jóvenes y catequistas, mientras intentaba manipularla para que no lo denunciara, reclamándole que debía apoyarlo en su sacerdocio.
Luego, cuando presentó la denuncia canónica, le dijeron que le iban estar hablando para informarle cómo iba el proceso, pero pasaron siete meses y nada. Cuando les hablaba, el pretexto que le daban para no avanzar era que el Obispo estaba enfermo. Mientras, el agresor seguía celebrando misas, aniversarios, la gente de la parroquia lo seguían visitando, “y dije: ‘No, es un riesgo’”.
En ese punto empezó a buscar ayuda por fuera y lo hizo por internet.
“Ahí tuve la valentía; le comenté a mi superiora: ‘Voy a poner la denuncia civil, porque no hacen nada’, y la madre dijo: ‘Busca en internet ayuda para la mujer’. Encontré y llamé al Instituto de la Mujer; me hacían muchas preguntas, si fue un abuso, acoso. Les respondí que yo no sabía de leyes y que me daba vergüenza hablar, Me tranquilizaron, me dijeron que tenía que hablar y me pidieron que marcara al Centro de Justicia para las Mujeres del Estado De Baja California (CEJUM); marqué, me dijeron que tenía que ir y ahí fue donde me empezaron a apoyar. Yo no tenía ni abogado, ni un asesor”.
A pesar de los requisitos y lo impersonal, refirió que la trataron con empatía.
“Les dije que sentía vergüenza de ir a poner la denuncia civil, y me dijeron que podía hacerlo por vía telefónica. Me dieron el número y llamé a la fiscalía por vía telefónica, me recibieron la denuncia, ‘pero tiene que venir de todos modos, le van a hacer otras’, y empecé a ir a fiscalía acompañada de la gente de CEJUM en junio del 2021”.
Ahí inicio el largo proceso. “No es fácil; es desagradable, vergonzoso, pero hay que perseverar”, agregó la moja.
Fueron cinco citas a la FGE para declaraciones y periciales en el 2021-donde solicitó que la atendieran mujeres y así se hizo-, antes que el Ministerio Público empezara a allegarse testigos y solicitarle más pruebas y testimonios.
La primera audiencia de vinculación fue en el 2022. En el 2023 la defensa del sacerdote pospuso varias audiencias intermedias con diversos argumentos, como que el agresor ocupaba un traductor o estaba enfermo.
Los retrasos siguieron hasta octubre del 2024 cuando, para evitarle más desgaste a la víctima, le ofrecieron a D’Mello un procedimiento abreviado donde debía admitir su culpa y tendría una pena mínima de 14 a 16 años, pero su defensa lo rechazó y optó por un juicio. Entonces el proceso se congeló por otros 19 meses, tiempo en que desde la iglesia trataban de convencer a la religiosa de echarse atrás.
Así llegó mayo del 2026, cuando el Poder Judicial finalmente programó el juicio para el mes de julio, el cual resultó en la sentencia de 21 años en contra del sacerdote por violación impropia agravada.
“La justicia llegó, y aunque aún estoy muy desubicada y sigo buscando mi lugar, esto me deja respirar”, concluyó la misionera.
