La SRE informó que se han presentado 20 denuncias en Estados Unidos y que las investigaciones buscan determinar si hubo responsabilidad de agentes migratorios o empresas privadas encargadas de centros de detención.
El gobierno federal buscará la sanción penal a aquellos implicados en el fallecimiento de 17 mexicanos asesinados en operativos y custodias por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Así lo indicó Roberto Velasco Álvarez, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), durante la conferencia de prensa matutina de este 19 de agosto, al informar sobre los avances de las denuncias presentadas por el gobierno mexicano en Estados Unidos.
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Velasco Álvarez señaló que se han presentado 20 denuncias por los fallecimientos de los connacionales, de las cuales ocho fueron interpuestas ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías de distrito. Los casos corresponden a Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Louisiana, Missouri y Texas.
Explicó que algunas fiscalías únicamente han acusado recibo de las denuncias, mientras que otras ya comenzaron a valorar posibles acciones, entre estas las fiscalías de Ventura, California; Cuyahoga, Ohio, y Harris, Texas.
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En el caso de Florida, detalló que la fiscalía estatal determinó que los resultados de su revisión coinciden con la investigación realizada por ICE, al establecer que una de las personas fallecidas se quitó la vida, por lo que no se realizará una investigación adicional.
El funcionario agregó que el gobierno mexicano también presentó una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos para solicitar una investigación, mientras que la Embajada de México dio seguimiento al caso.
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Durante la conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que, aunque normalmente son los familiares de las personas fallecidas quienes presentan las denuncias y reciben acompañamiento del gobierno mexicano, ante el número de casos registrados la Cancillería decidió intervenir directamente.
“Estamos hablando ya de 17 compatriotas que han fallecido en Estados Unidos en centros de detención o en operativos”, señaló.
Sheinbaum indicó que las denuncias fueron presentadas ante fiscalías estatales, distritales y federales, con el objetivo de que se investigue si hubo responsabilidad de agentes de ICE o de empresas privadas encargadas de operar los centros de detención.
La mandataria agregó que, en caso de que las investigaciones determinen que existieron responsabilidades penales, el gobierno mexicano busca que los involucrados sean sancionados conforme a las leyes estadounidenses.
“Lo que buscamos es que haya justicia. Para que haya justicia tiene que haber una investigación y derivado de esa investigación tiene que haber una determinación de responsabilidades”, sostuvo Velasco Álvarez.
El funcionario precisó que, además de las denuncias, la SRE ha realizado gestiones ante el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el ICE, mientras que el canciller también ha abordado el tema con el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson.
Así como el país también llevó el caso ante organismos internacionales, pues Velasco informó que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió la información enviada por la Cancillería y la transmitió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para su consideración.
De acuerdo con el funcionario, el organismo internacional manifestó preocupación por la situación y señaló que continuará monitoreando las condiciones en los centros de detención y los derechos humanos de las personas migrantes, además de llamar a las autoridades estadounidenses a realizar investigaciones prontas y garantizar los derechos de las víctimas.
La Cancillería indicó que también mantiene tres casos relacionados con el Centro de Detención de Adelanto, California, mediante el Programa de Asesorías Legales Externas (PALE).
En uno de los casos se revisan pruebas para determinar posibles responsabilidades de una empresa encargada de prestar servicios médicos, mientras que en otro el litigio continúa luego de resoluciones favorables para la parte demandante y se prevé que el juicio se realice durante el verano de 2027. En el tercer caso se prepara una estrategia para presentar una posible demanda civil.
