La mandataria federal fue cuestionada sobre los señalamientos contra Ismael Burgueño y Rafael Marín, y explicó que los partidos políticos decidirán si someten a sus candidatos al nuevo mecanismo de revisión de antecedentes.
Ante presuntas investigaciones en contra de aspirantes a las gubernaturas en 16 entidades del país de cara a las elecciones de 2027, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que será decisión de los partidos políticos aplicar el mecanismo para revisar los antecedentes de sus candidatos.
Durante la mañanera se le cuestionó a la mandataria nacional sobre los señalamientos en contra de los aspirantes a la gubernatura de Baja California, Ismael Burgueño Ruiz, y de Quintana Roo, Rafael Marín Mollinedo, exdirector de Aduanas, quienes han sido señalados de ser investigados por autoridades mexicanas y agencias de Estados Unidos.
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Al respecto, Sheinbaum señaló que los señalamientos sobre ambos personajes se han realizado principalmente a través de publicaciones periodísticas, y negó que exista actualmente una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra.
“Son publicaciones periodísticas, pero al final del día son señalamientos. Que la Fiscalía informe, pero no hay ninguna investigación”, afirmó.
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La mandataria explicó que los partidos políticos son responsables de proponer a sus candidatos y, por ello, dependerá de cada institución solicitar al Instituto Nacional Electoral (INE) la revisión de sus aspirantes.
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En ese sentido, explicó que el mecanismo contempla que, previo al registro de las candidaturas, los partidos políticos tienen la posibilidad de presentar al INE la lista de sus aspirantes para que una comisión del organismo consulte al Gabinete de Seguridad nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera, las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República sobre posibles antecedentes.
Posteriormente, la información sería entregada al partido político, quien decidiría si registra o no a la persona como candidata.
En ese sentido la presidenta señaló que la aplicación de este mecanismo será voluntaria para cualquier partido político, pues los aspirantes a un cargo de elección popular no son funcionarios públicos, por lo que pueden decidir no solicitar dicha revisión.
Finalmente, indicó que mientras una persona no cuente con una carpeta de investigación o una orden de aprehensión, corresponderá a los partidos decidir a quién postulan y a la ciudadanía determinar si vota o no por esa persona.
