El caso Pedro Mendívil exhibió una conducta reiterada de la Fiscalía General del Estado: arman expedientes, piden favores al Poder Judicial para sostenerlos, y se caen por falta de evidencia
El caso Pedro Ariel Mendóvil, ex jefe policíaco de Mexicali acusado de desaparición forzada, robo de vehículo y asociación delictuosa, fue una apuesta gigante para la fiscal Elena Andrade, pues de ganar el proceso se habría convertido en uno de los más grandes logros de la Fiscalía, al sentenciar a un mando de seguridad de primer nivel por un delito de lesa humanidad.
Pero la fiscal perdió la apuesta. Como consecuencia, se puede hablar de uno de los más grandes fracasos de Andrade en la procuración de justicia en Baja California, pues el conocido abogado resultó absuelto de todas las acusaciones.
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El problema es que una Fiscalía no tendría por qué apostar sus fichas en un juicio, pues su función es acusar con determinación, certeza y evidencia a una persona sobre un hecho ocurrido que se considera delito.
Lo que se vio durante una semana de audiencia de formulación e imputación en contra del ex jefe policíaco Pedro Ariel Mendívil no fue una cátedra jurídica para encontrar recovecos legales que beneficiaran al también exfiscal, sino una evidencia descarada de una institución carente de propuestas y herramientas para demostrar acusaciones de tal gravedad.
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El presidente del Consejo de Barras y Asociaciones de Abogados, Elías Flores Gallegos, lo expuso en un video difundido a través de sus redes sociales, donde aseguró que la real preocupación es que, con tan pocas pruebas, una Fiscalía pueda promover una detención en contra de un abogado o de cualquier otra persona; y por ello, el jurista exigió la renuncia de la fiscal Andrade Ramírez.
Como ya se publicó en estas páginas editoriales, el ridículo cometido por la FGE es tremendo, pues de los más de 20 documentos y testimonios presentados como evidencia, sólo dos vinculaban a Mendívil García en escenarios hipotéticos y carentes de sustento, lo que el propio juez Fernando Serrano calificó como “rumores institucionales”; una elegante forma de decir “chismes de pasillo” dentro de las instituciones de procuración de justicia.
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En un primer momento la preocupación no debe ser si Pedro Ariel Mendívil participó o no en alguna actividad con el grupo delictivo, sino que la FGE considera como evidencia suficiente un testimonio de un policía detenido (de nombre Ezequiel), quien “por convenir a sus intereses” refirió que en una fiesta, sin mencionar día y hora, escuchó que una persona había dado dinero al Comandante Luis Alfonso Jacobo, como un soborno, que se compartiría con el abogado litigante. Esto fue suficiente para la FGE y procedió legalmente contra Mendívil García, a quien exhibió como criminal, con el apoyo político de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), grupo policial conocido como los “Harfuch”.
Los movimientos de Elena Andrade fueron más políticos que jurídicos, pues apenas detuvo a Mendívil García hizo lo que nunca había hecho antes: reunirse con los diversos colectivos de familiares de personas desaparecidas, y en específico los del caso Shots, para pedirles que ejercieran presión política hacia el juez y en contra del ex mando policial.
Andrade Ramírez no renunció a pesar del fracaso político y jurídico que representa, y en el cual involucró a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y al propio Omar García Harfuch, quienes respaldaron a la funcionaria a pesar de que no pudo sostener datos sobre la desaparición de dos jóvenes en 2023, cuando salieron de las instalaciones del bar Shots.
Con un estándar probatorio tan bajo es imposible no pensar que otros juicios en contra de grupos delictivos y policías, tienen a personas en prisión sin elementos suficientes para mantenerlos. Esto no quiere decir que no sean criminales, asesinos o narcos, sino que el ente encargado de investigarlos es incapaz de demostrar sus acusaciones, pero goza de la complicidad del Poder Judicial, donde le concenden cuanta orden de aprehensión solicita a pesar de no estar debidamente fundamentada, como sucedió con Mendívil y Jacobo.
El caso Pedro Mendívil demuestra la inoperancia de una FGE para sostener sus casos, de una falta de preparación de los abogados que enfrentan las audiencias; y de una fiscal que ha sido incapaz de mantener a un personal (porque un gran número de MPs han renunciado en los últimos meses) capacitado y enfocado en sus responsabilidades.
Resulta preocupante el proceso vivido por Pedro Mendívil y Luis Jacobo, pero es más inquietante pensar que este fue el reflejo de un día cualquiera en la FGE, donde se pueden fabricar evidencias con tal de cumplir con los resultados; porque en ese entendido, con muy poco se puede acusar a cualquiera de lo que la FGE desee.
