Violentando la Ley de Adquisiciones que los obliga a licitar públicamente, el 30 de junio del 2026 el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del XXV Ayuntamiento de Tijuana entregó, con la adjudicación directa AD-109-XXV, un contrato plurianual por tres mil 276 millones 451 mil 807.20 pesos a la empresa It Training Solutions México.
Es un contrato por 15 años, para adquirir, instalar y dar mantenimiento a un total de seis mil 366 cámaras de videovigilancia, que el Congreso aprobó el 13 de marzo de 2025. En su análisis, los legisladores sumaron las dos mil 122 cámaras ya existentes y la instalación de cuatro mil 244 cámaras adicionales, con las cuales se planea dar cobertura a un total de mil 506 sitios. Lo que les permitirá aumentar la cobertura actual de la ciudad, que es del 35 por ciento, a un 65 por ciento en los próximos 10 años.
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El decreto legislativo aprobado, indica como fecha de inicio del contrato mayo del 2025, y estableció el pago al contratista de una anualidad de 145 millones 620 mil 080.32 pesos por los ocho meses de ese mismo año, pero dejaron pasar 14 meses.
La formalización del texto del contrato, fue votada a favor por el Cabildo de Tijuana hasta el 7 de noviembre 2025, ocho meses después de la aprobación del Congreso.
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El Comité de Adquisiciones decidió reunirse hasta el 30 de junio del 2026, brincándose la exigencia marcada por el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, el cual en su primer apartado instruye que para adquirir un servicio “sin sujetarse al procedimiento de licitación pública”, es requisito que no haya “bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables, o bien, que en el mercado sólo existe un posible oferente”. Además, cambiar de proveedor, sin establecer un acuerdo y convenio de traspaso entre las dos empresas inmiscuidas.
También ignoraron la recomendación contenida en la legislación de que previo a la adjudicación directa, como parte de combate a la corrupción, las dependencias y entidades deberán privilegiar el uso de las ofertas subsecuentes de descuento en las licitaciones públicas, invitación a cuando menos tres personas.
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It Training Solutions México, seleccionada para la entrega directa de un contrato de miles de millones de pesos, tiene ante el Registro Público un capital social de 50 mil pesos; fue inscrita en el Distrito Federal el 12 de junio del 2009, por sus propietarios Julio Omar Caravantes Méndez y Pedro Caravantes Gama. Y sus oficinas están ubicadas en un departamento del edificio ubicado en el bulevar Interlomas 14-Piso 3, Lomas Anáhuac, C.P. 52786, Naucalpan de Juárez, México.
LA SESIÓN DEL 30 DE JUNIO
A la irregularidad de la asignación directa, se sumó el ocultamiento de la información, el video y los resultados de esa Séptima Sesión Extraordinaria del 30 de junio del Comité de Adquisiciones, porque nada de ese día aparece en la página de la Oficialía Mayor del Ayuntamiento. Sin embargo, ZETA tuvo acceso al video de la mencionada reunión.
En la sesión, que duró apenas 18 minutos, los funcionarios municipales aprobaron todo lo que les pusieron enfrente, como en línea de producción de maquiladora; aprobando tres licitaciones y dos adjudicaciones directas.
El último tema fue el de las cámaras de videovigilancia, el cual abordaron sin profundidad ni transparencia, a pesar de que la oficial mayor, Nelly Pabello, dijo que el dictamen sería sometido a “análisis, evaluación, aprobación y firma”.
La empresa favorecida ni siquiera fue identificada, y de la calidad del equipo por el que se pagarán más de tres mil millones de pesos, únicamente se mencionó: “…la administración municipal requiere que la contratación contemple de manera proactiva la evolución tecnológica del sistema de vigilancia, puesto que con el paso de tiempo es probable que surjan innovaciones que requieran actualizaciones o mejoras en los equipos a la infraestructura. Las cuales están consideradas y serán gestionadas por la persona moral propuesta que desarrollará el proyecto sin generar un costo adicional para dicho municipio”.
De los precios unitarios o las especificaciones de los bienes y servicios que se van adquirir, o de las condiciones y de la temporalidad en la que la persona moral va a entregar el bien y prestar el servicio, no se dijo nada.
El tema fue expuesto por la directora administrativa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, Ana Rosa Soto Ponce, quien en tres minutos se limitó a decir que la secretaría tenía un déficit de personal y herramientas, que se han visto rebasado por intenso crecimiento poblacional; que los sistemas de videovigilancia, es el mecanismo que representa una alternativa incrementa la capacidad de visión a prácticamente 24 horas por 365 días, que además de ser disuasores coadyuvan en la investigación policiaca.
Que “..la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, requiere la celebración del contrato plurianual para la prestación de servicio de la cobertura y modernización del sistema de videovigilancia en el municipio de Tijuana, con la finalidad de implementar una solución integral de videovigilancia que contemple el suministro, instalación, configuración, integración y puesta en operación de cámaras de seguridad en el municipio de Tijuana, con el objetivo de fortalecer la prevención del delito, mejorar la capacidad de monitoreo y respuesta ante incidentes, y contribuir al reforzamiento de seguridad pública, garantizando una operación eficiente, confiable y alineada a los requerimientos establecidos por las autoridades municipales”.
Y con eso, obtuvo los votos a favor del tesorero municipal, Víctor Alfonso Ramos; el regidor Lemuel Ramírez, presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal; el consejero jurídico Alejandro Rivero Huerta; y la presidenta del comité, la oficial mayor Nelly del Carmen Pabello Vega. La síndica envió una representante.
LA VERSIÓN DEL AYUNTAMIENTO
Ante el ocultamiento de información pública, ZETA solicitó entrevistas con diversos funcionarios involucrados durante tres semanas; finalmente, a través de la Dirección de Comunicación respondieron que la síndica Teresita de Jesús Balderas Beltrán atendería al Semanario en un breve espacio, al terminar una conferencia en los patios municipales.
Se le preguntó a la funcionaria la razón por la que habían decidido retirarle del contrato- y la posibilidad de participar en una licitación- a Keiser, la empresa que actualmente tiene el contrato de las cámaras de videovigilancia en Tijuana, el cual vence el 31 de octubre del 2026.
“Pues nada más por el esquema que comenta… o sea, se termina un contrato y ya se pueden iniciar los procesos administrativos para renovarle el contrato a alguna otra empresa”.
Se le comentó que en este caso se le había otorgado de manera directa a otra empresa.
— ¿Por qué, si hay otras empresas iguales que pueden dar el servicio?
“Recordemos que dentro de los esquemas que tiene la Oficialía Mayor en sus comités están las adjudicaciones directas, están las licitaciones públicas, están las invitaciones restringidas. Entonces, determinan que sea por adjudicación directa”.
— Pero había otras empresas, ¿tendrían que haber hecho una recopilación de opciones, o no?
“Sí, mira, no tengo el dato que hubiera otras empresas. A la empresa que tenía anteriormente el contrato se le terminó y es por eso que se decide este hacer el procedimiento administrativo nuevamente”.
— Ya ha habido otras empresas presentando lo mismo. ¿Qué ventajas ofreció IT Training Solutions para que fuera directo?
“Mira, todas las empresas en las reglas para hacer el procedimiento administrativo en los comités, tienen que cumplir con ciertas especificaciones; todas, como lo son garantías, durabilidad, que cumplan con lo que se les está requiriendo”.
“Yo no tengo duda de que la empresa haya cumplido con todo para poder hacerle el esquema de una manera directa, y haya superado las expectativas de las otras empresas”.
“Siempre que se determina algo así es porque hay un mejor rendimiento en la cuestión del recurso asignado y porque la operatividad del servicio que se está solicitando va a ser mucho mejor. Entonces, no dudo que ese sea el caso”.
Y agregó: “La Sindicatura todavía está en tiempo de iniciar el proceso administrativo correspondiente, si nosotros hubiéramos observado que dentro del proceso se llevó a cabo algo fuera de lo normal. La Sindicatura participa con voz dentro de los comités si no tenemos alguna observación al respecto”.
— ¿Qué va a pasar con la fibra óptica y las dos mil 500 cámaras propiedad de Kaiser? Porque se renta. ¿Ellos pueden agarrar su equipo e irse?
“Bueno, ya sería la garantía que ellos hayan dejado también al momento de que se les termine el contrato, y será la Oficialía Mayor la encargada de revisar que al momento del término no quede ningún saldo pendiente con la empresa que se tenga que solicitar el reembolso al Ayuntamiento”.
— El equipo ¿ellos lo pueden tomar (o desactivar) e irse?
“Dependiendo, si ellos concluyen su contrato habiendo cumplido todos los servicios y las garantías que tienen. Recordemos que cuando se contrata algo, algo tiene que haber de garantía. Si al término de ese no existió ninguna anomalía dentro del servicio que prestaron, pues la garantía se entrega, que en este caso son sus cámaras, su fibra óptica”.
“No dudo que, si pase algo, pues se vayan a hacer el procedimiento correspondiente, y si todo está bien al término de su contrato, como cada empresa, pues tiene el derecho de que se le proporcione y se le regrese lo que se venía utilizando”.
— ¿Kaiser incumplió con el contrato?
“No, simplemente fue un término”.
— ¿Tienen algún plan si la empresa actual decide llevarse su equipo y su fibra óptica?
“No te podría hablar si hay un plan porque aún no sabemos si se lo van a llevar”.
KEISER PROMUEVE Y OBTIENE SUSPENSIÓN
Servicios Logísticos Keiser, con dirección en avenida Diego Rivera 2311, piso 11 local 1, Zona Río Tijuana, es la empresa que desde el 27 de diciembre de 2019 ostenta el contrato de servicios de mantenimiento y soporte del sistema de videovigilancia. ZETA se entrevistó al representante legal, el abogado Alejandro Marck Zaldívar Campos, quien informó que presentaron una demanda contra el Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento tijuanense, bajo el expediente 529/2026 J.C.
En el proceso impugnan la legalidad del dictamen de la adjudicación directa AD-109-XXV; el contrato plurianual celebrado como consecuencia; y los posibles pagos que se pudieran derivar del contrato.
“No conocemos el contrato todavía, lo único que tenemos público fue la sesión del Comité de Adquisiciones del 30 de junio en el Facebook del Ayuntamiento”.
Los motivos planteados: el presunto incumplimiento de las condiciones impuestas por el Decreto Legislativo número 60 que aprobó el gasto; la incongruencia entre la evaluación socioeconómicas y la decisión administrativa adoptada; la falta de análisis de la viabilidad jurídica; las irregularidades atribuidas al procedimiento, entre otras.
Está pendiente la respuesta del ayuntamiento al Poder Judicial.
— En vacaciones del Poder Judicial, presentaron la demanda el 21 de julio y les otorgaron la suspensión el 27 de julio… ¿muy rápido?
“En guardia solamente se reciben asuntos de extrema urgencia. Yo les dije que esto es de extrema urgencia porque es un contrato público, además de tres mil millones de pesos, y lo recibieron”, detalló.
Zaldívar Campos recordó que el proyecto que aprobó el Cabildo y se llevó ante el Congreso “…nosotros hicimos junto con el ayuntamiento, pensando en una licitación, no en una en una adjudicación directa como lo hicieron el 30 de junio en lo oscurito”.
Explicó que en decreto se incluyeron cotizaciones emitidas por las empresas MBITS S. de R.L. de CV, Servicios Logísticos Keiser S.A. de C.V., y SOFTLIFE Desarrollos S.A. de C.V., y -como si se tratara de una licitación guiada- en el texto aprobado, como parte del análisis, los legisladores revisaron dos los escenarios:
* Escenario A (sin proyecto): el proyecto se entrega a una empresa nueva.
El servicio incluye las dos mil 122 cámaras más las cuatro mil 244 adicionales, para una cobertura total de seis mil 366 para los próximos 15 años, sin considerar una homologación de contratos; costó seis mil 462 millones 823 mil 961.60 pesos.
* Escenario B (con proyecto): se asigna a la empresa que ya ofrece el servicio.
Incluye las dos mil 122 cámaras más las cuatro 244 adicionales para una cobertura total de seis mil 366 para los próximos 15 años considerando la homologación de contratos; costó tres mil 276 millones 451 mil 807.20 pesos.
Ante la diferencia de 49 por ciento en los costos, los legisladores se decantaron por el escenario B, sin que esto fuera una obligación para el ayuntamiento.
“Ahora, esto no significa per se, que nosotros fuéramos a ser beneficiarios del contrato”, aseguró Marck Zaldivar, “significa que siguiendo lo mandatado por el Congreso, como por la Constitución Federal de la República, artículo 134, debieron someterlo a una licitación pública”.
Agregó que su exigencia de piso parejo es porque, tras el análisis de las cotizaciones, “no hay quien les pueda dar las mejores condiciones, es mi representada” aseguró.
“Las últimas 150 cámaras que instalamos son con Inteligencia Artificial, capturan movimiento. Tenemos un acuerdo con la fabricante en una especie de arrendamiento, para que siempre nos tuvieran la cámara de última generación que ellos fabriquen y no estar comprando y comprando. Instalamos fibra óptica dedicada, que nada más utiliza el ayuntamiento; si la intentan hackear, nos damos cuenta y cambiamos de hilo de servidor. El proyecto planteado era instalar cuatro mil 244 cámaras en menos de 10 meses”, con toda la información en poder de los funcionarios del Comité de Adquisiciones.
— ¿El 30 de octubre que termina el contrato, desconectan y ya?
“Pues no, pues me tienen que pagar. Me tienen que indemnizar”.
— ¿Y de cuánto estamos hablando?
“Si nos vamos al contrato inicial, con el cual únicamente compraron 250 cámaras a 50 millones de pesos sin traer ese valor ese número actualizado a agosto 2026, serían más de 300 millones de pesos. A nosotros no nos interesa cobrar, nos interesa el servicio de la seguridad”, concluyó el representante.
