Transparencia retrasada

El 25 de mayo del 2026, ZETA dio a conocer que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda habría adquirido un avión Learjet 31A, modelo 2000, perteneciente a la Secretaría de Marina, que estaba a disposición del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP). La indagatoria del trabajo periodístico, tomó aproximadamente dos meses en confirmarse mediante análisis documental y una serie de datos confrontados con rastreadores internacionales y padrones gubernamentales, los cuales corroboraron la compra por poco más de 7.5 millones de pesos. De hecho, luego de la publicación, la gobernadora confirmó la adquisición, pero durante esos dos meses de investigación se puso a prueba la eficacia de la plataforma Transparencia para el Pueblo: se le solicitó información a la Oficialía Mayor, a la Secretaría de Hacienda local, al INDEP y a la Semar, para conocer los pormenores de la compra, no respondieron… hasta el 26 de julio, cuando el INDEP informó que sí, que vendió un avión con esas características al Gobierno de Baja California. En otras palabras, desde el primer día de investigación, ZETA solicitó a la plataforma de transparencia información sobre el contrato o comprobante de venta, pero no fue hasta cuatro meses después -y a dos meses de la publicación del reportaje- que el INDEP confirmó la venta. Esto significa que, a diferencia del anterior sistema de transparencia, que establecía plazos de días, desde el gobierno las dependencias pueden tomarse hasta cuatro meses en responder algo que, de suyo, debería ser de libre acceso en sus plataformas. Cuatro meses no es transparencia proactiva, es un servicio a regañadientes.