El Gobierno de España anunció el 30 de julio de 2026 el despliegue de unidades militares en la ciudad autónoma de Ceuta para reforzar a las fuerzas policiales, luego de que cientos de migrantes procedentes de Marruecos rebasaran el perímetro fronterizo y desbordaran a la Guardia Civil. La Delegación del Gobierno en Ceuta confirmó la recuperación de nueve cuerpos de personas que intentaron alcanzar el enclave por vía marítima.
Durante la madrugada de esa fecha, cientos de migrantes saltaron la valla fronteriza mientras agentes de la fuerza auxiliar marroquí se retiraban del área. Miles de jóvenes marroquíes se concentraron en la frontera entre Castillejos, Marruecos, y Ceuta con la intención de cruzar. Otros grupos bordearon a nado el espigón del Tarajal, uno de los puntos que delimitan la frontera, a razón de unos 300 por día durante la semana previa.
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Juan Jesús Vivas Lara, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, informó que entre 1,500 y 2,000 migrantes ingresaron en los diez días previos, una cifra equivalente a cerca del 2 por ciento de la población local. El mandatario local declaró una emergencia humanitaria y social absoluta y solicitó al Gobierno central el envío de tropas para recuperar el control de la frontera. Los centros de recepción colapsaron y cientos de personas durmieron en la calle.
Un fallo reciente del Tribunal Supremo de España precipitó, al menos en parte, la avalancha. El tribunal determinó que la legislación migratoria no permite las devoluciones en caliente de personas interceptadas en el mar mientras intentan nadar hacia Ceuta, a diferencia de quienes escalan la valla por tierra. La resolución se difundió en redes sociales y funcionó como incentivo para que miles de personas se lanzaran al agua. Las llegadas irregulares a Ceuta acumulaban hasta mediados de 2026 un aumento del 164 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.
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El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) quedó saturado, con cientos de personas esperando en sus inmediaciones para poder acceder a las instalaciones. La presión se trasladó a las calles del enclave, particularmente en las zonas próximas a la frontera del Tarajal y a los centros de acogida. Ante ese escenario, varios comercios cerraron temporalmente sus puertas, entre ellos el Centro Comercial Parques de Ceuta, los supermercados Día y Carrefour y las tiendas Kiabi y MGI.
La Junta de Portavoces de la Asamblea de Ceuta, integrada por el Partido Popular (PP), el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Vox, el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) y Ceuta Ya!, se reunió de manera extraordinaria y exigió al Gobierno central la declaración de emergencia nacional, el cierre de la frontera del Tarajal y el despliegue del Ejército. Los grupos parlamentarios sostuvieron que la crisis migratoria dio un salto cualitativo con las nuevas llegadas masivas.
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Vivas Lara precisó que la petición de la ciudad autónoma se refiere a la declaración de una situación de interés para la Seguridad Nacional, prevista en el artículo 23 de la Ley 36/2015, y no a una declaración de emergencia en el ámbito de la protección civil. Esa figura jurídica permite el despliegue de fuerzas militares.
El Ministerio del Interior rechazó la declaración de emergencia nacional al argumentar que dicha medida no contempla las crisis migratorias, aunque comprometió recursos adicionales. La dependencia responsabilizó a las redes de tráfico de personas del repunte y afirmó que las organizaciones criminales difunden un mensaje falso respecto al alcance de la resolución del Tribunal Supremo, con el propósito de convencer a potenciales migrantes de que podrán permanecer en España si alcanzan la costa ceutí.
Fernando Grande-Marlaska Gómez, titular del Ministerio del Interior de España, anunció que viajará a la ciudad autónoma el día 31 del mismo mes y año para seguir la evolución de la situación y coordinar la respuesta institucional. El Gobierno español señaló que incrementó los recursos destinados a garantizar la seguridad y el control migratorio, así como la asistencia humanitaria necesaria para evitar que se pongan vidas en riesgo en el mar.
Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente del Gobierno de España, aseguró que su Administración moviliza todos los recursos necesarios para recuperar la normalidad en el enclave. Los Gobiernos de España y Marruecos acordaron reforzar la coordinación y se comprometieron a aplicar medidas para la entrega, en el menor plazo posible, de todas las personas que ingresaron de manera irregular. El Ministerio del Interior defendió que ambos países mantienen una colaboración ejemplar en materia migratoria y subrayó que las fuerzas de seguridad marroquíes impidieron miles de intentos de entrada irregular en los días previos. El Reino de Marruecos descartó haber facilitado los cruces y atribuyó la oleada a redes criminales de tráfico de personas.
Ceuta ocupa una estrecha península en la costa norte de África, sobre un istmo que une el monte Hacho con el continente africano, en el punto donde el mar Mediterráneo se abre al océano Atlántico. Con una superficie de 18.5 kilómetros cuadrados y alrededor de 83,500 habitantes, comparte al sur una frontera terrestre de 6.4 kilómetros con la prefectura marroquí de M’diq-Fnideq, mientras que apenas 17 kilómetros de estrecho la separan de la provincia española de Cádiz. Junto con Melilla, constituye la única frontera terrestre entre la Unión Europea (UE) y el continente africano.
La ciudad se encuentra rodeada por una doble valla de seis metros de altura rematada con alambre de espino, con puestos de vigilancia regulares, una vía interna para patrullas, focos, sensores de movimiento y cámaras conectadas a una cabina de control central. La primera valla se construyó en 1993 con 2.5 metros de altura y fue reforzada de forma progresiva hasta alcanzar los seis metros, y hasta diez en los tramos más críticos. La UE financió el 75 por ciento del costo inicial de la barrera.
La soberanía española sobre el territorio se remonta a 1415, cuando Portugal conquistó el puerto, entonces central en el mundo islámico. Tras la Unión Ibérica de 1580 y la recuperación de la independencia portuguesa en 1640, la población optó mayoritariamente por permanecer bajo la corona española, decisión que Portugal reconoció con el Tratado de Lisboa de 1668. Cuando Marruecos accedió a la independencia en 1956, Ceuta quedó explícitamente fuera del proceso de descolonización, y desde la aprobación de su Estatuto de Autonomía en 1995 cuenta con asamblea legislativa propia.
El reino alauita encuadra sus reivindicaciones en el concepto del Gran Marruecos, aunque nunca presentó una reclamación formal ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para incluir al territorio en la lista de zonas pendientes de descolonización.
El episodio constituye el mayor ingreso de migrantes registrado en Ceuta desde mayo de 2021, cuando más de 6,000 personas cruzaron en los primeros días, en un contexto de tensión diplomática entre Madrid y Rabat. Aquella crisis derivó también en el despliegue de militares y en el retorno de miles de personas a Marruecos. Ambos episodios comparten un patrón: un detonante coyuntural, político o judicial, que se viraliza en redes sociales y moviliza a comunidades que ya esperaban en los alrededores de la frontera.
La situación reactivó el debate político español respecto a la gestión de las fronteras y de los flujos migratorios. El Grupo del Partido Popular Europeo (PPE) reclamó a España una actuación inmediata para asegurar las fronteras exteriores de la UE y urgió la aplicación del Pacto Europeo de Migración y del Reglamento de Retorno.
