El exgobernador de Baja California Alejandro González Alcocer atribuyó el caso abierto contra el también exmandatario estatal Ernesto Ruffo Appel, por su presunta responsabilidad en delincuencia organizada y contrabando, a una maniobra política implementada en un afán de desviar la atención de los señalamientos que pesan sobre distintos cuadros de Morena.
“Para mí es absolutamente una cuestión política donde quieren distraer a la gente de todos los problemas que han tenido últimamente, a través de la detención de Ernesto Ruffo. Yo creo que es evidente el sesgo político que tiene esta cuestión”, refirió a ZETA el sábado 18 de julio Alejandro González Alcocer, quien al igual que Ruffo Appel emanó del Partido Acción Nacional como gobernador de BC.
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“Se ha señalado a distintos gobernadores y gente que está involucrada con pruebas y todo en una serie de delitos, de narcotráfico, de huachicol y todo lo demás, pero la saña es con Ernesto Ruffo por tener una empresa que hace intermediación, ni siquiera es directo en la venta de combustible”, puntualizó.
El 16 de julio, Ruffo Appel fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Ensenada con base en una orden de aprehensión obtenida por la Fiscalía General de la República.
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El viernes 17, la presidente de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró: “Es falso que haya un asunto político aquí. Es derivado de una investigación que tiene un año”.
En tanto la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Ryes, aseveró que la detención del Ernesto Ruffo derivó de una investigación exhaustiva emprendida por la Fiscalía General de la República y dijo no haber “persecución política” detrás de las acciones emprendidas contra el exgobernador.
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“Pues entonces que detengan a los demás. El escándalo más grande, quién sabe cuántos miles de millones de pesos allá en Tamaulipas con el huachicol y toda la cadena que hubo ahí, incluido el secretario de Educación (Mario Delgado Carrillo), el gobernador de Tamaulipas (Américo Villarreal Anaya), pero ahí no mueven un clavo, no mueven un dedo para esclarecer eso, ni con ninguno de los gobernadores de Morena”, consideró Alejandro González Alcocer.
Acusó de parcialidad a la fiscal general de la república, Ernestina Godoy Ramos: “Es totalmente parcial hacia Morena y hacia lo que es el gobierno de Morena, pues evidentemente es una cuestión de tratar de distraer”.
El 13 de julio Héctor de Mauleón difundió en El Universal un audio en el que se escuchó a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, decirse dispuesta a proporcionar información de las Mesas de Seguridad estatales a autoridades norteamericanas ante la posibilidad de enfrentar cargos o ser extraditada. El mismo jueves 16 se difundió nuevo material en el que se escuchó a la gobernante emanada de Morena tratar con agentes o intermediarios estadounidenses.
“Es el colmo del cinismo la cuestión con Marina del Pilar. Esto de ofrecer información con tal de que a ella no la acusen y que le devuelvan su visa (de cuya revocación la gobernadora dio cuenta el 10 de mayo de 2025), es verdaderamente de dar risa. Estaban acusando a (la gobernadora panista) Maru Campos, en Chihuahua, porque desbarataron un laboratorio narco, de que hubo injerencia de los americanos, pero ¿y esto qué significa? Pues eso de Marina del Pilar, la verdad, es una cosa ya de escarnio, de plano de vergüenza, de pena ajena”, mencionó González Alcolcer.
Agregó que procediendo en contra del exmandatario estatal, “golpean al primer gobernador de oposición que hubo en México, golpean al PAN y golpean de paso al nuevo partido Somos México (del que Ruffo Appel se conduce como consejero)”.
Este domingo 19 de julio un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar en contra de Ernesto Ruffo y 7 personas más, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando. De acuerdo con la FGR los presuntos implicados participaron en un esquema mediante el que se contrabandeó más de 2 mil 137 millones de litros de combustible.
Ruffo Appel fue trasladado de la sede de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada con ubicación en la Ciudad de México al Centro Federal de Readaptación Social núm. 1 “El Altiplano”, ubicado en el Estado de México. (Eduardo Andrade Uribe)
