Exfiscal de Baja california estima que ni siquiera debió dictarse orden de aprehensión contra el exgobernador de Baja California, quien estaba localizable y con domicilio establecido
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Como abogado penalista, para el exfiscal central de Baja California, Hiram Sánchez, sería adecuado que al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, se le dicte la medida de resguardo domiciliario, pues se trata de un beneficio al que tiene derecho el político porque cuenta con más de 74 años de edad.
Sin embargo, el exfuncionario estima que al primer gobernador de oposición en la historia de México se le va a decretar auto de vinculación por los delitos imputados y quedará posiblemente en prisión preventiva.
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“Ni siquiera era necesaria la orden de aprehensión, estaba localizable, tenía domicilio fijo en Ensenada, debieron citarlo”, argumenta el litigante, a quien le pareció negativa la forma de proceder de la autoridad ministerial.
Sánchez tiene entendido que el exmandatario bajacaliforniano es solo “un socio minoritario de esa empresa Ingemar S.A. de C.V., señalada de participar en operaciones ilícitas relacionadas con el huachicol fiscal.
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“En el Código Nacional de Procedimientos Penales existe la responsabilidad de las personas morales y el Código Penal Federal define los delitos por los cuales las personas morales serán responsables de esos delitos”, advierte el entrevistado por ZETA.
Hiram Sánchez dijo que por “ser socio de una persona moral eres responsable de los actos que se comenten en nombre de esa persona moral”.
Pero, “es necesario identificar cuál fue la participación de él en esos hechos, específicamente, es diferente para quien administra la empresa, para quien ejerce la representación a través de poderes”, reiteró el exfiscal central consultado sobre el tema.
El experto indicó que sería plausible que se aplique una medida catutelar diversa a la de prisión preventiva contra Ernesto Ruffo, pues “ha demostrado que no existe riesgo de que se evada de la acción de la justicia”.
A la empresa Ingemar S.A. de C.V. se le vincula con el aseguramiento masivo de más de 15.4 millones de litros de hidrocarburos en Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila, registrado en julio de 2025.
El combustible, presuntamente ingresado a territorio nacional de contrabando, se hallaba en 129 ferrotanques.
La situación jurídica de Ernesto Ruffo Appel se definirá a principios de la semana entrante.
