El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, afirmó el 9 de julio de 2026 que permanece en su domicilio en Culiacán desde el 1 de mayo de dicho año, sin moverse y sin contar con protección de corporación federal alguna.
A través de un pronunciamiento difundido en redes sociales al cumplirse 69 días de haber solicitado licencia al cargo de gobernador constitucional del estado de Sinaloa, el político morenista sostuvo que tomó esa decisión por convicción propia, con el propósito de quedar sin la protección del fuero constitucional inherente a su cargo, a fin de que las autoridades competentes lo investigaran con toda amplitud.
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Rocha Moya señaló que, durante este periodo, compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR), donde respondió de manera puntual y veraz a los cuestionamientos del Ministerio Público Federal. Además, rechazó las versiones difundidas por el periodista Carlos Loret de Mola, al calificarlas como absolutamente falsas.
“No me protegen ni resguardan elementos de corporación federal alguna. Es absolutamente falso lo que escribe el periodista Carlos Loret de Mola”, declaró el gobernador con licencia.
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El funcionario calificó como falsas las acusaciones formuladas en su contra por una oficina del gobierno de Estados Unidos y afirmó ser objeto de una “atroz embestida mediática de calumnias y de imputaciones sin sustento fáctico ni legal alguno”. A su juicio, se trata de un ataque impulsado por la ultraderecha con el objetivo de menoscabar la soberanía nacional y desacreditar al movimiento de transformación.
En abril de 2026, Rocha Moya fue señalado, junto con otros nueve políticos de Sinaloa, de presuntos vínculos con la organización delictiva conocida como Los Chapitos. A partir de entonces circularon versiones que apuntaban a que el exgobernador habría abandonado el territorio sinaloense y que el Gobierno Federal le habría otorgado seguridad para su resguardo, señalamientos que el propio Rocha Moya desmintió en su mensaje.
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Durante una conferencia de prensa, autoridades de la FGR confirmaron la existencia de una investigación contra 10 personas, entre ellas Rocha Moya, derivada de una solicitud de detención provisional con fines de extradición presentada por Estados Unidos. La fiscalía precisó, sin embargo, que hasta el momento no cuenta con el parámetro probatorio mínimo que exige la legislación mexicana para ejercer acción penal en su contra.
