Más de un año después de señalar irregularidades en los documentos de regularización expedidos por los gobiernos federal y estatal, residentes de Maclovio Rojas siguen sin recibir respuesta, denunciaron a ZETA.
Errores en la ubicación física de los predios, nombres de calles, superficie de terrenos e incluso en el nombre de los propietarios son algunas de las inconsistencias detectadas, informó Cassandra Hernández, representante del movimiento que desde hace casi 40 años busca regularizar los terrenos ante el Estado y el Ejido.
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Según la líder comunitaria, tras varios intentos fallidos en administraciones anteriores, en algunos casos pagando miles de pesos, fue hasta la actual administración estatal cuando se acordó expedir títulos de propiedad para mil 200 familias: 400 en condición de vulnerabilidad y las 800 restantes bajo un esquema de costo social.
Sin embargo, del programa de regularización por parte del gobierno federal y estatal iniciado en el mes de enero de 2025 se han entregado 61 títulos, de los cuales apenas una decena contiene información correcta.
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“Si acaso unos 10 están bien, todos los demás están mal. Ya sean los metros cuadrados, ya sea la ubicación, ya sea la calle, ya sea que se lo vendieron a una persona que no vive ahí”, señaló Hernández.
La dirigente atribuyó las fallas al plano elaborado por el Ejido General Francisco Villa en 2019, cuando no fue posible censar la totalidad de los predios. La organización indicó tener documentados cerca de cuatro mil en la comunidad, mientras el programa gubernamental reconoce alrededor de dos mil 500, y algunas viviendas ni siquiera aparecen en la cartografía ejidal, lo que las pone en riesgo de quedar fuera del proceso de regularización y ser desalojadas.
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Paralelamente, el Ejido General Francisco Villa continúa actuando bajo la premisa de ser el propietario legal de la tierra y ha vendido predios ya habitados, tanto a particulares como a trabajadores del propio núcleo ejidal. Hernández advirtió que esta situación podría derivar en una ola de conflictos.
“Cuando la gente compre un terreno y se dé cuenta de que ya existe otra persona habitándolo, ahí va a estallar la bomba. Ahí es cuando se va a desatar una ola de fraudes inmobiliarios porque están vendiendo terrenos que no tienen en posesión”, alertó.
Entre los casos documentados está el de Felicitas León, quien ha habitado durante años el predio registrado a su nombre en la manzana 18, lote 1, según recibos de servicios y su historial de posesión. Sin embargo, al recibir su título de propiedad detectó que la ubicación asignada en el plano ejidal corresponde a otra manzana y a un número de lote distinto, lo que no coincide con la carta de posesión que ha mantenido durante años.
Otro es el de Gelacia Becerril Camacho, de 81 años, quien lleva más de tres décadas viviendo sobre la calle 12 de Octubre y recibió el título de un predio ubicado a una cuadra de distancia.
“Le dije: ‘Oiga, la calle no coincide’. Me respondieron: ‘No se preocupe, después lo arreglamos’. Hasta el momento no se han acercado para nada”, lamentó Becerril Camacho.
Según indicaron, actualmente cerca de 12 residentes mantienen juicios ante el Tribunal Agrario 45 de Ensenada, proceso que les ha implicado gastos de hasta 24 mil pesos en peritajes y trámites, sin contar con representación legal de la Procuraduría Agraria desde julio de 2025.
Por su parte el gobierno del estado, a través del INDIVI reconoció tener conocimiento de 11 títulos con información desactualizada e informó que se instaló una mesa interinstitucional para analizar soluciones, mientras SEDATU no respondió a la solicitud de postura de este medio.
En ese sentido, la organización reiteró su petición de que el Gobierno Federal expropie las tierras del Ejido General Francisco Villa para realizar un nuevo levantamiento cartográfico y avanzar en un proceso de regularización que otorgue certeza jurídica a los posesionarios.
