Las familias LeBaron exigen acceso a los 15 mil millones de dólares de Zambada. Abogados denuncian que el gobierno de EU oculta la declaración financiera del capo. El juez Brian Cogan decidirá sobre el embargo de activos antes de dictar sentencia
En las vísperas del lunes 20 de julio de 2026, cuando el sistema judicial de los Estados Unidos se prepara para sellar el destino de Ismael “Mayo” Zambada García con una probable cadena perpetua, una nueva batalla legal ha estallado en las entrañas de la Corte del Distrito Este de Nueva York, revelando una fractura entre las víctimas del terrorismo criminal y el propio gobierno estadounidense por el botín de guerra de 15 mil millones de dólares que el capo sinaloense ha aceptado entregar.
Documentos judiciales de última hora, fechados este miércoles 15 de julio, exponen la indignación de la familia LeBaron y otras víctimas de la masacre de noviembre de 2019, quienes acusan al Departamento de Justicia de intentar “cerrarles la puerta” en la cara para monopolizar los recursos que, por ley, deberían servir para reparar el daño causado por décadas de violencia.
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A través del abogado John M. Eubanks, las familias de Maria Rhonita LeBaron han presentado una moción urgente ante el juez Brian Cogan, el mismo que dictará sentencia, denunciando una maniobra legal del gobierno que pretende declarar que solo el Estado tiene derecho sobre los fondos decomisados al cofundador del Cártel de Sinaloa.
El argumento central de las víctimas es tan crudo como la realidad de la frontera: Zambada García no solo fue el patriarca de Sinaloa, sino un facilitador material del Cártel de Juárez y su brazo armado, La Línea, a quienes presuntamente suministró los sicarios y el arsenal necesarios para perpetrar la emboscada e incendio donde murieron mujeres y niños en la sierra.
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Esta vinculación convierte a Zambada, bajo la óptica de la Ley de Seguro contra Riesgos de Terrorismo (TRIA), en un “instrumento” del terrorismo cuyos activos bloqueados deben ser sujetos de embargo para satisfacer las sentencias previas obtenidas por las familias en cortes federales. Sin embargo, la fiscalía estadounidense ha optado por una estrategia de opacidad que el semanario ha seguido de cerca, alegando que el decomiso masivo es una acción estrictamente personal contra el reo en la que terceros no tienen vela en el entierro.
Resulta paradójico y altamente sospechoso para los representantes legales de las víctimas que, a pesar de que el propio gobierno describe a Zambada como uno de los narcotraficantes más prolíficos del mundo con ganancias de miles de millones, ahora sostenga formalmente ante la corte que no existen “activos identificados” para cubrir la deuda de 15 mil millones de dólares.
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Esta narrativa de insolvencia oficial choca frontalmente con los términos del acuerdo de culpabilidad firmado por “El Mayo” el año pasado, el cual le obligaba a entregar una radiografía financiera completa de su imperio sesenta días antes de su sentencia, un documento que hasta hoy permanece bajo llave y fuera del alcance de quienes buscan justicia económica.
La defensa de las familias víctimas del terrorismo no se ha quedado de brazos cruzados y ha solicitado a Cogan que, antes de proceder con la lectura de la condena definitiva este lunes, se garantice un proceso de descubrimiento que permita auditar las cuentas y propiedades del capo sinaloense, impidiendo que el gobierno federal estadounidense se convierta en el único beneficiario de la caída del líder del Cártel de Sinaloa.
Mientras la atención pública se centra en si Zambada pasará el resto de sus días en una prisión de máxima seguridad debido a sus padecimientos de salud, en los pasillos de la corte de Brooklyn se libra una guerra silenciosa por el dinero manchado de sangre, donde el Estado y las víctimas compiten por un tesoro que el gobierno parece querer administrar en solitario, ignorando los derechos conferidos por el Congreso a las víctimas de los cárteles.
El silencio del gobierno sobre los pagos que Zambada podría realizar antes de la fecha límite del lunes aumenta la tensión en un caso que ya ha sacudido los cimientos de la justicia transnacional.
Las familias han dejado claro que estarán presentes en la audiencia del 20 de julio, no solo para ver al rostro del narco caer, sino para exigir que la justicia no termine en un simple acuerdo contable entre el criminal y el gobierno que lo capturó.
