Uno de los herederos del restaurante Chicho’s denunció a sus familiares por presunta privación de la libertad tras un conflicto por la administración del negocio y acusó a funcionarios de la FGE de alterar declaraciones, desaparecer evidencias y cometer omisiones en el expediente a favor de sus familiares.
Después de haber denunciado a sus familiares por presuntamente privarlo de la libertad a través de una clínica de rehabilitación para despojarlo de la administración del negocio familiar, Axel Rolando Suárez Gutiérrez acusó a funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) de presuntas irregularidades en la integración de la investigación, que incluyen la alteración de declaraciones, desaparición de evidencia y omisiones.
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El pasado 7 de mayo, tras ser liberado de un anexo ubicado en la colonia Sánchez Taboada, donde permaneció durante cinco meses, Axel presentó denuncias contra elementos de la FGE por la presunta manipulación de declaraciones, así como contra su madre, Blanca Alicia; su padrastro, Marco Antonio; y sus hermanos Enrique Iván, Cristian Alan y Perla Yovana, por el delito de privación ilegal de la libertad.
Según relató, los hechos ocurrieron el 29 de noviembre de 2025, cuando, tras una disputa familiar relacionada con la administración del restaurante Chicho’s y el descubrimiento de presuntas irregularidades en el procedimiento sucesorio iniciado tras la muerte de su padre, fue sometido por varias personas y trasladado a la clínica de rehabilitación “Nuevo Ser”, en Playas de Tijuana.
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El 1 de diciembre, dos días después de su ingreso a la clínica, su novia y su asesora jurídica presentaron una denuncia por su desaparición ante la Fiscalía General del Estado. Como parte de esa investigación, cuatro días después agentes ministeriales lo localizaron en la clínica, donde, según Axel, les manifestó que permanecía en contra de su voluntad y solicitó ser retirado del lugar.
Sin embargo, afirmó que los agentes le respondieron que únicamente habían acudido para localizarlo y que no les correspondía liberarlo, por lo que fue regresado al centro de rehabilitación y horas más tarde trasladado a otro anexo ubicado en la colonia Sánchez Taboada, donde permaneció hasta su liberación.
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Suárez Gutiérrez aseguró que, tras el fallecimiento de su padre en 2021, asumió la dirección administrativa del restaurante Chicho’s a petición de sus padres y que el conflicto familiar surgió después de cuestionar documentos relacionados con la sucesión de los bienes familiares y oponerse a que la pareja de su madre participara en la administración del negocio.
Durante una conferencia de prensa realizada este martes, acompañado de su asesora jurídica María Elena Chan Morales, acusó que diversas pruebas, entrevistas, promociones y documentos entregados a la Fiscalía ya no aparecen integrados en el expediente iniciado por la denuncia que presentó contra sus familiares por la presunta privación ilegal de la libertad.
De acuerdo con la representante legal, al revisar ese expediente detectaron declaraciones presuntamente alteradas, entrevistas sin firmas, promociones legales que no fueron incorporadas y evidencia que, aseguró, desapareció mientras se encontraba bajo resguardo de la autoridad.
“Si yo tuviera la audiencia de Axel mañana, no podría quedar detenido ninguno de sus familiares porque ya no hay pruebas ni evidencias en esta carpeta”, afirmó Chan Morales.
La defensa también sostuvo que la declaración levantada por los agentes que localizaron a Axel en la clínica fue modificada para establecer que permanecía internado por voluntad propia, pese a que, según su versión, manifestó encontrarse privado de la libertad y pidió ser retirado del lugar.
Chan Morales agregó que la entonces coordinadora del área de Desaparecidos de la Fiscalía, Marta Gema Navarro, presentó una constancia de hechos ante Visitaduría y Contraloría en la que documentó presuntas irregularidades advertidas durante esa diligencia, entre ellas que Axel manifestó encontrarse en contra de su voluntad y que, según la defensa, posteriormente ese contenido fue modificado.
Entre los documentos que señalaron como faltantes en el expediente se encuentran análisis toxicológicos con resultados negativos al consumo de drogas, escritos presentados por la defensa, solicitudes judiciales y evidencia obtenida durante la investigación.
Asimismo, denunciaron que una entrevista ministerial realizada a Suárez Gutiérrez el 13 de mayo habría sido modificada para responsabilizar únicamente a uno de sus hermanos, excluyendo al resto de las personas señaladas en la denuncia, además de contener una firma que, aseguraron, no fue realizada por el denunciante.
Otra de las irregularidades denunciadas corresponde a un cateo realizado el 26 de mayo en el domicilio de su madre para recuperar sus pertenencias, donde, según aseguró Axel, fueron localizadas drogas, armas y municiones durante la diligencia, información que afirmó, no quedó asentada en los informes ministeriales.
Por estos hechos, la defensa informó que presentó denuncias administrativas y solicitó que se inicien investigaciones penales contra Artemisa Martínez Elguero, coordinadora de la Unidad de Investigación de Delitos contra las Personas y su Libertad; la fiscal Lizbeth Margarita Muñoz López; y Alexa Guadalupe Cabrera Ojeda.
Asimismo, indicó que continúan las denuncias presentadas ante Visitaduría contra los ministerios públicos y agentes investigadores que participaron en la diligencia en la que Axel fue localizado en la clínica de rehabilitación, al considerar que omitieron actuar pese a que, según el denunciante, les manifestó encontrarse privado de la libertad.
La solicitud fue presentada ante la Jefatura Regional de Visitaduría y Contraloría de la Fiscalía General del Estado, al considerar que las funcionarias habrían incurrido en posibles omisiones y actos que, afirmó la defensa, favorecieron indebidamente a las personas investigadas.
Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía General del Estado no había emitido una postura sobre los señalamientos formulados por Axel Suárez Gutiérrez y su defensa.
Por su parte, Suárez Gutiérrez responsabilizó públicamente tanto a sus familiares como a las funcionarias señaladas de cualquier situación que pudiera afectar su integridad, la de su asesora jurídica o la de personas cercanas que lo han apoyado durante el proceso.
