El lunes 20 de julio de 2026, la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York se convertirá en el escenario del acto final de Ismael “Mayo” Zambada García, el hombre que durante cinco décadas burló la justicia sin pisar jamás una celda. Tras múltiples aplazamientos que postergaron esta cita desde enero de este año, el juez Brian M. Cogan tiene sobre su escritorio la petición formal de la Fiscalía de Estados Unidos: una condena de cadena perpetua y el decomiso de una cifra astronómica de 15 mil millones de dólares.
La caída de Zambada, iniciada el 25 de julio de 2024 en un aeropuerto de Nuevo México, no sólo representa el fin de una era para el Cártel de Sinaloa, sino que ha desatado una tormenta de intereses que trasciende las rejas de una prisión de máxima seguridad. A sus 78 años, el capo sinaloense parece haber aceptado su destino, solicitando únicamente, a través de su abogado Frank A. Pérez, ser recluido en un centro capaz de atender sus diversos padecimientos médicos, mientras el gobierno estadounidense busca cerrar definitivamente el expediente de uno de los criminales más prolíficos de la historia contemporánea.
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La severidad de la pena solicitada se sustenta en un historial criminal que abarca cuarenta años de liderazgo absoluto en el trasiego de drogas a escala global. Zambada García, en un movimiento estratégico para evitar la pena de muerte y un juicio mediático, se declaró culpable el 25 de agosto de 2025 de encabezar una empresa criminal continua y de diversos cargos de delincuencia organizada bajo la Ley RICO. El narcotraficante admitió ante el juez haber dirigido una red que inundó las calles estadounidenses con al menos dos millones de kilos de cocaína entre 1980 y 2020, valiéndose de alianzas con productores colombianos y sofisticadas rutas marítimas y aéreas.
Su confesión fue más allá del tráfico de estupefacientes, reconociendo el pago de millones de dólares en sobornos a funcionarios, policías, militares y políticos de todos los niveles en México para garantizar la impunidad de su organización. Además, el expediente lo señala como responsable directo de orquestar una violencia sistemática, ordenando ejecuciones y asesinatos para proteger los intereses del cártel, lo que justifica la petición de la pena mínima de prisión de por vida que contempla la legislación de Estados Unidos para tales delitos.
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Sin embargo, el camino hacia la sentencia se topó con una insospechada batalla legal por el botín de guerra de 15 mil millones de dólares. Documentos judiciales fechados el 15 de julio, revelan que las familias LeBaron, Langford y Miller (víctimas de la masacre de noviembre de 2019 en la sierra de Sonora y Chihuahua) presentaron una moción urgente ante el juez Cogan para frenar el monopolio del gobierno estadounidense sobre estos recursos.
A través de su abogado John M. Eubanks, las familias acusan al Departamento de Justicia de intentar “cerrarles la puerta” y ocultar la declaración financiera detallada que Zambada debió entregar como parte de su acuerdo de culpabilidad. El argumento de las víctimas es contundente: Zambada no sólo fue el patriarca de Sinaloa, sino un facilitador material que suministró sicarios y armas al Cártel de Juárez y su brazo armado, La Línea, responsables de la emboscada donde murieron mujeres y niños.
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Bajo la Ley de Seguro contra Riesgos de Terrorismo (TRIA), las familias exigen que los activos del capo sean considerados instrumentos del terrorismo y se utilicen para satisfacer las sentencias por daños compensatorios que ya han obtenido en cortes federales. Resulta para ellos inaceptable que la fiscalía sostenga que no existen “activos identificados” de un hombre que generó ganancias multimillonarias, por lo que han solicitado un proceso de descubrimiento para auditar la fortuna real del criminal antes de que el dinero desaparezca en las arcas del Tesoro de la Unión Americana.
Mientras tanto, en México, la Fiscalía General de la República (FGR) atraviesa su propia crisis interna y operativa vinculada al caso. El martes 14 de julio, Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la institución, presentó su renuncia alegando motivos personales, apenas seis meses después de haber asumido el cargo estratégico. Esta salida ocurre en un momento crítico, justo cuando la FGR intenta explicar las irregularidades en torno a la investigación sobre el piloto que trasladó a Zambada y a Joaquín Guzmán López a territorio estadounidense.
La fiscalía informó recientemente que el presunto piloto es Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias el Jando, quien fue capturado en febrero de 2025 y extraditado a Estados Unidos en agosto de ese mismo año, supuestamente antes de que se conociera su participación en el traslado del capo. La versión oficial sostiene que el Jando utilizó un nombre falso al momento de su detención, y no fue sino hasta junio de 2026 que peritajes de voz y huellas dactilares confirmaron su identidad.
Este enredo obligó a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a deslindarse de la responsabilidad por la entrega del piloto a las autoridades estadounidenses. La mandataria aseguró que la decisión de extradición fue tomada por el Consejo Nacional de Seguridad en estricto cumplimiento de la Ley de Seguridad Nacional, y que ella no participó personalmente en dichas reuniones. No obstante, Sheinbaum ha exigido que la FGR aclare por qué se extraditó a una pieza clave de una investigación que aún mantiene abierta una controversia diplomática sobre la soberanía nacional y la posible participación unilateral del FBI en la captura del “Mayo” Zambada.
