Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, informó el 17 de julio de 2026 que la red de huachicol fiscal ligada a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, declaraba prácticamente el 10 por ciento de la capacidad real de cada carrotanque de ferrocarril con el que introducía combustible al país. El funcionario federal detalló que la identificación de la estructura fue resultado de una investigación de más de un año, que derivó en el cumplimiento de ocho órdenes de aprehensión.
Durante la conferencia matutina presidencial, realizada en Tulum, Quintana Roo, García Harfuch explicó los alcances de la indagatoria contra el exmandatario estatal, acusado de presunta delincuencia organizada y contrabando de combustible. En el mismo espacio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que habrá imparcialidad en el proceso si el exgobernador demuestra que no está vinculado con el esquema de huachicol que se le atribuye.
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Ruffo Appel fue detenido el 16 de julio de 2026 en su domicilio en Ensenada, Baja California, por agentes de la SSPC Federal, y trasladado primero a la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tijuana y posteriormente a la Ciudad de México, para quedar a disposición de una juez federal en Almoloya de Juárez, Estado de México. “No me olviden”, expresó el exmandatario al despedirse de sus empleados antes de abordar el vehículo oficial que lo trasladó bajo custodia.
La captura se ejecutó en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida el 14 de julio de 2026 por la juez Alejandra Ramírez de la Vega, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, contra el exgobernador y 24 presuntos cómplices, por delincuencia organizada, contrabando y un delito en materia de hidrocarburos. Dos de esos ilícitos contemplan prisión preventiva oficiosa, por lo que se prevé que Ruffo Appel sea internado en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 1, conocido como Penal del Altiplano, al menos hasta que se resuelva su situación jurídica en la audiencia de imputación.
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Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, aseguró que la institución cuenta con pruebas contundentes contra el exgobernador y otras 25 personas por operaciones ilegales que, tan solo de enero a julio de 2025, fueron cercanas a los 4 mil millones de pesos. “Contamos con datos de prueba contundentes, dictámenes periciales, entrevistas, diligencias, análisis científico de la información, entre muchos otros que han robustecido determinantemente esta indagatoria”, enfatizó la funcionaria federal en un mensaje difundido en video.
Según la FGR, se trata de la red de contrabando de combustible más grande detectada hasta el momento, la cual operó de 2019 a 2026 mediante 11 empresas en distintas entidades del país. En el entramado tuvieron un papel central Ingemar, de la que Ruffo Appel es socio fundador, y Servicios Aduanales JR, cuyo dueño, Armando III Riestra Fernández, está preso desde enero de 2026 en el Penal del Altiplano. La estructura comenzó a operar a través de una empresa vinculada con servicios portuarios, dragados y operación de puertos, fundada por el exgobernador.
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La Fiscalía estableció que las empresas importaban combustible desde refinerías de Texas, en EE.UU., pero al internarlo a México declaraban cantidades menores a las reales o registraban productos distintos a los efectivamente transportados, con lo que omitieron el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA). El producto se descargaba en pipas y tractocamiones de siete empresas diferentes y se distribuía principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas.
Godoy Ramos precisó que, según información de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), de enero a julio de 2025 la red realizó 4 mil 238 operaciones de importación de combustibles por las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas, sin que se efectuaran las revisiones correspondientes. En ese periodo, aproximadamente 15 millones 299 mil 830 litros de combustibles no fueron declarados ante las autoridades, con una evasión fiscal superior a los 106 millones de pesos: 88 millones 511 mil 516 pesos de IEPS y 18 millones 289 mil pesos de IVA. El diésel importado fue 10 veces mayor al volumen autorizado y la gasolina, tres veces y media más de lo permitido.
Para dispersar los recursos, la organización utilizó cerca de 80 cuentas bancarias nacionales con movimientos por más de 3 mil 75 millones de pesos, además de operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares. “Las cuentas analizadas mostraban un patrón recurrente: los recursos eran recibidos y transferidos casi de inmediato, manteniendo saldos mínimos. Este comportamiento es característico de las denominadas cuentas puente, utilizadas para dificultar la identificación de orígenes de recursos y beneficiarios finales”, explicó la titular de la FGR.
El 16 de julio de 2026 también fue detenido en Ensenada, poco después de las 14:00 horas, Ricardo Thompson Navarro, socio de Ingemar y cercano al exgobernador, quien figura en la misma carpeta de investigación. Ingemar fue creada en octubre de 2018 con un capital social inicial de 50 mil pesos, propiedad de José Merino Valdés Cuervo y Thompson Navarro, y durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador obtuvo permisos de la Secretaría de Energía (SENER) para importar casi 500 millones de litros de gasolina y diésel. La empresa quedó vinculada a la indagatoria tras el aseguramiento, el 8 de julio de 2025, de 15 millones de litros de hidrocarburo ilegal y 129 carrotanques, el decomiso de huachicol más grande registrado hasta ese momento, en el que también resultó relacionada la firma Belar Fuels.
La detención del exgobernador generó reacciones encontradas en el ámbito político. El Partido Acción Nacional (PAN), encabezado por Jorge Romero Herrera, expresó su confianza en que su correligionario aclarará los hechos por las vías legales, pero exigió que la ley se aplique con imparcialidad y sin criterios políticos. “La justicia debe aplicarse con el mismo criterio para todas y todos”, señaló el partido, al cuestionar que no se haya actuado con la misma celeridad contra los gobernadores morenistas Rubén Rocha Moya, de Sinaloa, y Marina del Pilar Ávila Olmeda, de Baja California.
El partido Somos México, del que Ruffo Appel es integrante del Consejo Consultivo, exigió su liberación inmediata al calificarlo como un preso político. “La detención de Ernesto Ruffo es una infamia absoluta. Es evidentemente un acto que pretende desviar la atención de la opinión pública y ocultar el escándalo de la gobernadora Marina del Pilar y del de Sinaloa Rubén Rocha Moya”, manifestó su dirigente, Guadalupe Acosta Naranjo. El instituto político sostuvo que la relación de la empresa del exgobernador es directamente con la ANAM, a la que señaló como la responsable de evitar o permitir el tráfico de combustible.
En contraste, Morena en Baja California rechazó que la captura sea un distractor. Rosina del Villar Casas, dirigente estatal del partido, calificó de “descaro y cinismo” que el PAN desacredite una orden de aprehensión emitida por una juez. “Esta captura no es un acto político, sino el resultado de una investigación de alta complejidad por la posible comisión de delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible”, afirmó, y exigió que el proceso llegue hasta sus últimas consecuencias.
Por su parte, el senador morenista Javier Corral Jurado se dijo sorprendido por la aprehensión. “Me sorprende enormemente la detención de Ruffo Appel, de quien —discrepancias aparte— siempre he tenido la concepción de una persona honesta, íntegra, un hombre de bien”, escribió en su cuenta de X, aunque confió en que el Ministerio Público federal haya hecho valer pruebas contundentes para solicitar la orden de captura.
La detención ocurre en un contexto político convulso en Baja California, marcado por el escándalo de la gobernadora Ávila Olmeda, a quien EE.UU. retiró la visa y de quien circulan audios en los que presuntamente ofrece colaboración a las autoridades estadounidenses a cambio de inmunidad, además de los señalamientos de su antecesor, Jaime Bonilla Valdez, que la vinculan con el narcotráfico. Minutos antes de ser detenido, Ruffo Appel declaró que el Gobierno estatal “no funciona” y que “entró en descomposición”, por lo que pedía el retiro de la mandataria.
Ruffo Appel, de 74 años de edad, hizo historia en 1989 al convertirse en el primer gobernador de oposición en México, cuando ganó la elección de Baja California como candidato del PAN y puso fin a décadas de hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en los gobiernos estatales. Su proceso judicial definirá si el emblema histórico de la alternancia mexicana enfrenta juicio como presunto líder de la mayor red de huachicol fiscal detectada en el país.
