La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró el 21 de julio de 2026 que la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, acusado de encabezar una red de huachicol fiscal, se realizó apegada a derecho y mediante acciones estrictamente jurídicas, sin ningún sesgo de otra índole, según un comunicado citado por el diario El Universal.
La institución ministerial afirmó que en todo momento se respetaron el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos del panista, así como los de las otras siete personas relacionadas con lo que ha denominado la red más grande de contrabando de hidrocarburos realizada por tren, la cual habría generado un daño superior a 4 mil millones de pesos al erario.
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La FGR enfatizó que las investigaciones están sólidas y sustentadas en medios de prueba como dictámenes periciales y análisis de información ministerial, fiscal, financiera, aduanera y ferroviaria, además de diversas diligencias que permitieron acreditar la probable participación de las personas imputadas por los delitos de delincuencia organizada y contrabando.
Los trabajos ministeriales, policiales y periciales documentaron que la presunta red criminal obtuvo ganancias millonarias mediante el contrabando de hidrocarburos, la evasión fiscal y el uso de mecanismos financieros para ocultar recursos de origen ilícito.
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La red operada específicamente por la empresa INGEMAR dependía financieramente de recursos provenientes de Crismon Hidrocarburos y Derivados, S.A. de C.V. Dichos recursos eran canalizados posteriormente a empresas extranjeras como Belar Fuels Company y Unico Commodities, mediante transferencias internacionales, lo que configuraba un esquema de flujo financiero con indicios de triangulación de recursos.
Las investigaciones establecieron que INGEMAR presentó un comportamiento incongruente con su perfil fiscal, al registrar movimientos millonarios en cuentas nacionales, particularmente una abierta en Grupo Financiero Intercam, que de junio de 2024 a julio de 2025 registró flujos superiores a 3 mil millones de pesos.
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La FGR resaltó que las indagatorias de este caso forman parte de una estrategia integral desarrollada durante varios meses, mediante trabajos de inteligencia, análisis financiero, investigación científica y coordinación interinstitucional.
