El Departamento de Estado de Estados Unidos devolvió a México un conjunto de cartas en las que el Gobierno mexicano solicitó una revisión de los protocolos aplicados durante operativos migratorios, en medio de una serie de fallecimientos de connacionales bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
La respuesta estadounidense se dio en tono desafiante. A través de una publicación en X, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental reprochó que México pretendiera “dictar” las acciones del personal del Gobierno de Estados Unidos que opera en territorio soberano estadounidense, y recomendó que México transmitiera sus inquietudes únicamente por los canales diplomáticos habituales, en una postura que dejó ver el rechazo de Washington a cualquier injerencia mexicana respecto a la forma en que se ejecutan los operativos migratorios dentro de su territorio.
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El episodio se originó tras la muerte de Lorenzo Salgado, mexicano que fue privado de la vida el 7 de julio de 2026 por un agente de ICE durante un operativo en Houston, luego de que el agente lo acusó de haberlo embestido con su vehículo, versión que testigos de la defensa han calificado como falsa. El caso se sumó a otros 16 fallecimientos de mexicanos ocurridos mientras permanecían recluidos o eran trasladados a centros de detención de ICE.
A una semana del homicidio, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que promovió denuncias ante instancias federales y estatales de Estados Unidos, así como escritos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y ante los centros de detención donde han muerto mexicanos. Una de las denuncias, en coordinación con la Fiscalía General de la República, se presentaría ante el Departamento de Justicia de EE.UU. por conducto de la Embajada de México. La Cancillería también informó al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, con el propósito de que su oficina recabara información de las autoridades estadounidenses y transmitiera el caso a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos.
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En conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió al Gobierno de Estados Unidos no criminalizar a los migrantes y adelantó que abordaría el tema con el mandatario Donald Trump en su próxima conversación telefónica. La mandataria nacional sostuvo que la migración no debe criminalizarse por sí misma y pidió que cualquier proceso de deportación se realice con respeto a los derechos humanos. Informó, además, que el secretario de Relaciones Exteriores mantenía comunicación con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y con el subsecretario de Estado, Christopher Landau, para dar seguimiento al caso.
El embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, sostuvo una reunión con el director interino de ICE, David Venturella, y el subdirector, Charles Wall, en la que acordaron explorar mecanismos para prevenir nuevas muertes de connacionales durante operativos migratorios. El diplomático pidió esclarecer los 17 fallecimientos de mexicanos vinculados a agentes de ICE y garantizar atención consular oportuna a las familias. Lazzeri y la subsecretaria para América del Norte de la SRE, Cristina Planter, se reunieron también con legisladores estadounidenses, entre ellos Sylvia García, Lou Correa, Adriano Espaillat, Tom McClintock y Gary Peters, presidente del Comité de Seguridad Interna del Senado, además de organizaciones defensoras de migrantes como Mi Familia Vota, Latino Victory, We Are Unidos y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC).
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Fue durante un encuentro celebrado el 17 de julio de 2026 entre el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, y el embajador Lazzeri, cuando la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado devolvió a México las cartas en las que solicitó la revisión de los protocolos migratorios. A través de una publicación en X, la dependencia reprochó que México pretendiera “dictar” las acciones que se llevan a cabo en territorio estadounidense y recomendó transmitir las inquietudes por los canales diplomáticos habituales.
En paralelo, el presidente Donald Trump afirmó que los agentes federales de inmigración no dejarían de realizar controles de tráfico, un día después de que las autoridades estadounidenses anunciaran una suspensión temporal de dichos controles tras el tiroteo mortal de dos hombres en Texas y Maine. Tom Homan, responsable de la política fronteriza de la Casa Blanca, explicó que se trataba de una revisión de corto plazo y no de un cambio de política. El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa a ICE, calificó a ambos hombres como “extranjeros ilegales”, aunque reconoció que ninguno era el objetivo previsto de las operaciones de deportación que derivaron en sus muertes.
Desde el Senado mexicano, el presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, Juan Carlos Loera, envió más de 150 cartas a representantes del Poder Legislativo de Estados Unidos para proponer un grupo de trabajo binacional que convoque audiencias conjuntas sobre las condiciones en los centros de detención migratoria. El senador morenista Gerardo Fernández Noroña, por su parte, acusó que la persecución de migrantes en Estados Unidos generó ganancias por 254 millones de dólares el año pasado para las corporaciones Geo Group y CoreCivic, un incremento de 700 por ciento respecto al año anterior, y responsabilizó al aumento del presupuesto de ICE y a la ampliación de su personal.
