La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) y la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) advirtieron el 28 de julio de 2026 que los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, elaborados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), contienen riesgos de una regresión democrática y abren la puerta a mecanismos de censura institucionalizada.
La CIRT sostuvo en un comunicado que el anteproyecto resulta ambiguo y otorga discrecionalidad al Gobierno Federal al permitirle definir qué constituye información falsa o descontextualizada, lo que desvirtúa la autorregulación planteada y anula la figura del defensor de las audiencias, que quedaría subordinado a la autoridad. “Entendemos que la posición del CRT no es una de censurar, pero hay temas que preocupan y que, para evitar riesgos de una regresión democrática y a la libertad de expresión, habría que corregir y/o definir con pulcritud”, señaló el organismo.
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Uno de los puntos centrales de la inconformidad empresarial corresponde al régimen sancionador. La CIRT expuso que los lineamientos establecen que por cada supuesta falta informativa se imponga una multa de hasta el uno por ciento de los ingresos anuales acumulados de cada concesionario o programador, cuando la legislación vigente contempla multas únicamente en dos supuestos: no designar defensor de audiencias y no emitir códigos de ética. “Con ello se pretenden imponer sanciones al margen de la ley”, advirtió la cámara.
El organismo también objetó la creación de un recurso de inconformidad mediante el cual el Gobierno Federal podría revisar todas las decisiones de los defensores de las audiencias, lo que derivaría en que las autoridades determinen qué contenidos, incluidos los informativos, pueden transmitirse. Asimismo, pidió que se aclare la prohibición de quejas anónimas, para evitar que el mecanismo derive en presiones contra comunicadores y periodistas mediante denuncias falsas o artificiales.
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La CIRT informó que realizará un análisis detallado con sus mil 200 estaciones afiliadas para fijar una posición unificada que será presentada en la consulta pública en curso. “A reserva de tener un análisis más a detalle y con comparativos internacionales, nos parece acertado que la CRT haya abierto un proceso de consulta pública para corregir errores y excesos que podrían poner en riesgo la libertad de expresión que todos valoramos y la decisión de las audiencias de ver y escuchar la programación de México y del Mundo que deseen”, manifestó.
Por su parte, la JUFED, que preside la magistrada en retiro Julia García González, afirmó que la pretensión del Ejecutivo Federal de regular las líneas editoriales de la prensa, bajo el argumento del derecho de las audiencias, vulnera de manera directa el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza la libre manifestación de las ideas y la libertad de expresión y difusión. “Al pretender incidir de manera unilateral la regulación sobre los contenidos difundidos en medios electrónicos como la radio y la televisión, se invade una esfera que debe mantenerse con absoluta independencia y apego a la ley. Esa propuesta abre la puerta a mecanismos indirectos de censura institucionalizada que restringen la pluralidad informativa y amedrentan la libertad de ideas en el debate público”, expuso la asociación de juzgadores.
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La JUFED sostuvo que existe una inconsistencia argumentativa e institucional en el proyecto, pues la Constitución establece que la manifestación de las ideas no será objeto de inquisición judicial o administrativa, por lo que fijar marcos de control sobre las emisiones periodísticas y de análisis contraviene el espíritu garantista del Estado de derecho.
La organización de juzgadores añadió que, si bien la tutela de los derechos de las audiencias busca teóricamente combatir la desinformación, promover el respeto a las minorías y garantizar contenidos de calidad, los controles estatales estrictos sobre las líneas editoriales representan un riesgo para el Estado constitucional. “Someter la labor informativa a criterios burocráticos e interpretaciones discrecionales del gobierno no solo desincentiva el periodismo de investigación y fomenta la autocensura, sino que transgrede la neutralidad institucional, debilitando el equilibrio de poderes y convirtiendo a la regulación informativa en un instrumento de fiscalización y control político”, indicó.
La asociación exigió que cualquier debate en la materia respete el marco normativo y garantice que no se castigue ni restrinja la libertad de expresión bajo pretextos regulatorios. “La democracia no puede subsistir si se despoja a los medios de comunicación y a la ciudadanía de la pluralidad de voces que exige una sociedad informada y con ejercicio pleno de la libertad de expresión”, planteó.
Los pronunciamientos ocurrieron horas después de que la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, presentara el anteproyecto durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, donde informó que los lineamientos prevén multas y sanciones contra concesionarios de radio y televisión como última instancia, cuando un medio desatienda las recomendaciones de su defensoría y persista la vulneración de derechos de las audiencias.
En ese mismo acto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo planteó analizar la eventual aplicación de estas normas a la prensa escrita y a las plataformas digitales, que quedaron fuera del proyecto porque las facultades de la CRT se limitan a la radio y la televisión. El anteproyecto permanecerá en consulta pública durante 20 días, del 27 de julio al 21 de agosto de 2026, y sus disposiciones serían obligatorias para concesionarios comerciales, públicos y sociales de televisión abierta, radio, televisión y audio de paga, así como para empresas programadoras.
