La tarde del jueves 16 de julio de 2026, el escenario político de Baja California se sacudió con la detención de Ernesto Guillermo Ruffo Appel, el hombre que en 1989 rompió la hegemonía priista en México al convertirse en el primer gobernador de oposición. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) cumplimentaron una orden de aprehensión en Ensenada, derivada de una investigación federal que vincula al ex mandatario panista con una sofisticada red de contrabando de combustibles, conocida coloquialmente como huachicol fiscal. El político se iba a reunir con unos amigos, para una comida en el restaurante El Portón, cuando fue interceptado por las autoridades aproximadamente a la una de la tarde.
Las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR) señalan que Ruffo Appel, a través de la empresa Ingemar S.A. de C.V., de la cual es accionista, habría participado en operaciones ilícitas relacionadas con el decomiso masivo de más de 15 millones de litros de hidrocarburos en Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila, registrado en julio de 2025. Lo que agrava el expediente es el presunto vínculo de estos negocios con personajes de oscuro historial, como Juan Manuel Muñoz Luévano, alias el Mono, identificado anteriormente como operador financiero de organizaciones criminales.
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Mientras Ruffo era custodiado por las fuerzas federales en su propia ciudad, un segundo frente de tormenta golpeaba la oficina principal del Poder Ejecutivo estatal en Mexicali. La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien meses atrás había anticipado con insistencia la persecución judicial contra su antecesor, se encuentra ahora acorralada por la filtración de una serie de audios que sugieren negociaciones opacas con autoridades de los Estados Unidos.
Estas grabaciones, reveladas por medios nacionales, exponen a la mandataria morenista en conversaciones con intermediarios que mencionan reuniones secretas en Panamá con agentes del Departamento de Estado y del Departamento de Seguridad Interior (DHS). El objetivo de dichos encuentros, según se desprende de la narrativa filtrada, sería la recuperación de su visa de cruce fronterizo, revocada en mayo de 2025, a cambio de la entrega de información sensible.
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La coincidencia de la caída del primer gobernador panista con la crisis de credibilidad de la actual gobernadora dibuja un panorama de descomposición institucional sin precedentes en la entidad. En los audios, se escucha a una Marina del Pilar preocupada por la dinámica de las reuniones, la posibilidad de ser acompañada por sus abogados ante el FBI y el HSI, así como el temor a ser acusada y extraditada.
La captura de Ruffo Appel no es sólo el fin de una era para el panismo, sino el detonante de una investigación que amenaza con arrastrar a la actual élite gobernante, cuyos hilos familiares también aparecen en los expedientes del huachicol fiscal en los puertos de Baja California. La justicia federal ha decidido finalmente golpear a un ícono del pasado, justo cuando el presente de la administración estatal se tambalea entre filtraciones de espionaje y sospechas de traición informativa en territorio extranjero.
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MARINA SABÍA
El camino hacia la detención de Ernesto Ruffo Appel comenzó a pavimentarse mediáticamente el 8 de septiembre de 2025, cuando la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, en un gesto de inusual contundencia, confirmó ante la prensa la existencia de una presunta orden de aprehensión federal contra el exgobernador. En aquella ocasión, la mandataria vinculó directamente a Ruffo con la estrategia nacional de combate al huachicol fiscal impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum. Según Ávila Olmeda, el panista formaba parte de una lista de 200 empresarios y funcionarios señalados por la FGR por su relación con el contrabando de energéticos a gran escala.
La gobernadora se mostró atenta a las investigaciones, subrayando que el caso involucraba al socio mayoritario de la empresa Ingemar. Sin embargo, la celeridad de sus declaraciones se topó con una desmentida pública apenas dos días después. El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, aclaró el 10 de septiembre de 2025 que, hasta ese momento, no existía ninguna orden de aprehensión activa ni contra Ruffo Appel ni contra el exsenador Gerardo Novelo Osuna, a pesar de que ambos estaban bajo la lupa ministerial por distintas circunstancias. Este episodio sembró dudas sobre si la gobernadora contaba con información privilegiada o si simplemente intentaba utilizar el aparato de justicia como una herramienta de golpeteo político en medio de los escándalos que ya asomaban en su propia gestión.
El origen del caso Ruffo se remonta al 7 de julio de 2025, cuando el Gabinete de Seguridad Federal reportó el mayor decomiso de hidrocarburos de la administración actual: 129 ferrotanques con más de 15.4 millones de litros de combustible ilícito en Coahuila. Las investigaciones conectaron este cargamento con la empresa estadounidense Belar Fuels y la mexicana Ingemar S.A. de C.V., acusándolas de falsificar documentación para introducir volúmenes de combustible muy superiores a los autorizados.
Paralelamente, el puerto de Ensenada se convertía en otro epicentro de la crisis tras el aseguramiento, el 26 de marzo de 2025, de un predio en El Sauzal donde se almacenaban casi ocho millones de litros de diésel de contrabando. Este terreno pertenece al ex senador morenista Gerardo Novelo, quien se defendió alegando un contrato de arrendamiento con terceros, específicamente con un sujeto apodado el Gussy.
La narrativa oficial de la gobernadora intentó mezclar ambos casos para señalar una red de complicidades que alcanzaba al panismo histórico, mientras las autoridades federales desmenuzaban una trama mucho más compleja que involucraba a marinos, funcionarios aduanales y cárteles como el de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el del Golfo. La insistencia de Marina del Pilar en señalar a Ruffo, incluso antes de que los procesos legales estuvieran firmes, contrastaba con su silencio ante las menciones de su propio círculo familiar en las carpetas de investigación sobre el huachicol en Ensenada.
El escándalo en Tamaulipas, con el buque Challenge Procyon y sus 10 millones de litros de diésel falsamente reportados, terminó por unir los puntos de una red nacional de evasión fiscal que hoy mantiene a Ruffo tras las rejas.
DEFENSA DE RUFFO
Ante el asedio mediático y las declaraciones de la gobernadora, Ernesto Ruffo Appel mantuvo una postura de aparente serenidad, asegurando reiteradamente ante el Semanario ZETA que no tenía “nada que ocultar”. El exmandatario se defendió argumentando que su participación en la empresa Ingemar S.A. de C.V. era la de un accionista minoritario y que la compañía estaba plenamente abierta a cualquier auditoría o investigación por parte de la FGR. En sus declaraciones de septiembre de 2025, Ruffo explicó que las actividades de la empresa se habían suspendido de manera voluntaria desde julio de ese año, tras los requerimientos de documentación derivados de las supuestas inconsistencias detectadas por la SSPC.
El político ensenadense subrayó que, hasta esa fecha, ninguna autoridad ministerial se había acercado formalmente a las oficinas de Ingemar para solicitar información, y que todos los requerimientos administrativos de la aduana y del Servicio de Administración Tributaria (SAT) habían sido respondidos puntualmente. Ruffo calificó las acusaciones de la gobernadora y las notas periodísticas como meras especulaciones carentes de sustento documental oficial en aquel momento. Con su característico estilo franco, el panista descartó inicialmente la opción de ampararse, señalando que tal recurso era inútil en un sistema donde el Poder Judicial se encontraba, a su juicio, manipulado por los intereses del Poder Ejecutivo y la administración de Morena.
“Estamos todos los mexicanos a merced de lo que se le ocurra a la autoridad”, llegó a sentenciar, denunciando lo que percibía como una cacería de brujas política. A pesar de los señalamientos que lo vinculaban con el “Mono” Muñoz, Ruffo insistió en que los problemas de Ingemar eran asuntos internos con su comercializador y que la empresa importadora estaba al corriente con sus obligaciones ante la autoridad. Incluso, lanzó un dardo directo hacia la estructura del Gobierno Federal al declarar que el contrabando de combustibles era un “enorme elefante en la sala” que pasaba forzosamente por las aduanas controladas por la propia administración oficial.
Para Ruffo, la raíz del problema no residía en las empresas legalmente constituidas, sino en la corrupción sistémica de las fronteras y puertos, un fenómeno que él mismo había criticado durante su trayectoria pública. Sin embargo, la tranquilidad que manifestaba en su casa de Ensenada terminó abruptamente este julio de 2026, cuando las pruebas recabadas por la FGR finalmente dieron sustento a la orden de captura que hoy lo mantiene privado de la libertad. Su defensa técnica ahora deberá desvirtuar las pruebas que lo conectan con la falsificación de pedimentos y el ingreso ilegal de hidrocarburos que, según la fiscalía, alimentaron un mercado negro de proporciones industriales.
REDES DE HUACHICOL
Las investigaciones del Semanario ZETA y las actuaciones de la FGR han desnudado una ingeniería delictiva que operaba bajo la fachada de la legalidad empresarial en los puertos de Tampico-Altamira y Ensenada. El cerebro de esta megared ha sido identificado como Roberto Blanco Cantú, alias el Señor de los Buques, un joven empresario que logró infiltrar las más altas esferas de la Secretaría de Marina (Semar) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), este entramado involucra a más de 555 empresas y ha provocado un quebranto a la nación de al menos 177 mil millones de pesos mediante la evasión de impuestos en la importación de combustibles. El esquema era tan audaz como sofisticado: se ingresaban buques-tanque cargados de diésel o gasolina, que eran reportados falsamente ante la aduana como aditivos para aceites lubricantes u otros productos de menor carga fiscal.
En Tampico, la red era comandada operativamente por el grupo conocido como Los Primos, liderado por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, excomandante de la Zona Naval, quien junto con otros marinos y funcionarios aduanales permitía el desembarque del huachicol fiscal a cambio de sobornos que ascendían a 1.75 millones de pesos por buque. En el caso de Ensenada, el golpe de marzo de 2025 en El Sauzal reveló un centro de almacenamiento masivo donde se localizaron 8.8 millones de litros de diésel depositados en 120 tanques prismáticos y 47 pipas.
La logística en Baja California recaía en empresas como Transportes Especializados AMOL, propiedad de los hermanos Christian Noé y Jesús Tadeo Amaya Olvera, quienes actualmente purgan condena por estos hechos. El combustible no era robado de los ductos de Pemex, sino importado ilegalmente a través del puerto ensenadense bajo el amparo de autoridades que ignoraban deliberadamente la falta de registros de importación y pedimentos de comercio exterior. La peligrosidad de estas operaciones era extrema; el predio asegurado en El Sauzal operaba sin medidas de seguridad industrial, convirtiéndose en una bomba de tiempo en medio de una zona habitacional y comercial.
Esta red no sólo se limitaba al fraude fiscal, sino que mantenía vínculos estrechos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo, organizaciones que proveían seguridad y utilizaban el esquema para lavar activos y traficar armas. El combate a este delito ha dejado una estela de sangre, incluyendo los asesinatos del fiscal federal Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, en Tamaulipas, y de altos mandos navales que presuntamente intentaron denunciar o participar en el negocio. El silencio de los testigos muertos y la desaparición forzada de figuras como el contralmirante Fernando Farías subrayan el nivel de infiltración y violencia que rodea al tráfico de hidrocarburos en los puertos mexicanos.
LOS PENDIENTES
A pesar de que el discurso oficial de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda se ha centrado en la justicia y el combate a la corrupción, las sombras de la red de huachicol fiscal en Ensenada alcanzan directamente a su círculo más íntimo. Testimonios dados a conocer a ZETA señalan una presunta participación de Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora, y de su hermano Alfonso Torres, exadministrador de la Aduana en Tijuana, en el entramado de protección política que permitía la operación del centro de almacenamiento en El Sauzal.
Según estas denuncias, los hermanos Torres, junto con otros políticos locales como el exalcalde y ahora senador Armando Ayala, y la familia Novelo, habrían ostentado tener el control total sobre las autoridades federales para garantizar la impunidad de las descargas ilícitas de combustible. Un testimonio particularmente revelador menciona que en Ensenada se obligaba a los trabajadores y testigos a guardar silencio bajo la amenaza de este grupo político, que presuntamente “consentía” los actos de corrupción en el recinto portuario.
Mientras la gobernadora ha sido puntillosa en señalar presuntos nexos de sus adversarios políticos, ha guardado un silencio hermético respecto a los señalamientos que pesan sobre su excónyuge y su excuñado. Esta selectividad en la indignación ha sido criticada como una muestra de cinismo político, especialmente cuando personajes como Ernesto Ruffo han dado la cara para alegar su inocencia, mientras que los hermanos Torres han optado por el ocultamiento y la elusión de cuestionamientos públicos. La fiscalía federal tiene el reto de avanzar en las investigaciones que mencionan a estos “facilitadores” políticos, quienes supuestamente blanqueaban el paso de las pipas y la estancia de los buques cargados de hidrocarburos de contrabando.
La red de huachicol fiscal en Baja California no se explica únicamente por la ambición de empresarios como Roberto Blanco Cantú o la operatividad de transportistas potosinos, sino por el andamiaje de protección que figuras cercanas al poder estatal habrían construido en los puertos de mediana relevancia comercial como Ensenada. El hecho de que el exesposo de la mandataria aparezca mencionado en un caso que involucra millones de litros de diésel ilegal y riesgos ambientales críticos pone en tela de juicio la legitimidad de la estrategia estatal contra el crimen organizado.
Hasta el momento, ni Carlos ni Alfonso Torres han sido acusados formalmente, pero su presencia en el ambiente extrajudicial del huachicol ensenadense permanece como un recordatorio persistente de que la corrupción fiscal en la entidad tiene raíces profundas que trascienden las siglas partidistas y llegaron a instalarse en la alcoba misma del poder actual.
