Tras seis años de ocurrida una violación contra una monja y cinco de interpuesta la denuncia penal, el sacerdote señalado como responsable fue encontrado culpable del delito de violación impropia
Por el delito de violación impropia agravada, cometido en perjuicio de una religiosa en la Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, ubicada en las calles Cuauhtémoc y Milton Castellanos de la colonia Emiliano Zapata, en la zona del Cañón del Sainz, en Tijuana, el sacerdote Noel Noel Sebastián D’Mello fue encontrado culpable durante la audiencia de fallo celebrada este miércoles 22 de julio.
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El Juez Ángel Manuel Guillén determinó que los elementos presentados por la Fiscalía General del Estado acreditaron de manera plena la comisión del delito. En la resolución, a la cual únicamente ZETA tuvo acceso, el juzgador puntualizó que para la configuración del ilícito de violación impropia se requiere la introducción de uno o más dedos en la zona íntima de la víctima sin su consentimiento, aspecto que quedó comprobado en el desarrollo de la causa penal.
Asimismo, se asentó la condicionante de agravación al haberse perpetrado el hecho dentro de un recinto religioso y por parte de un miembro del clero.
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Dentro de los argumentos expuestos en la sala, el juzgador indicó que el imputado se valió del estado de shock de la víctima y de la relación de jerarquía que sostenía sobre ella. Se detalló que, además de desempeñarse como sacerdote vicario de la parroquia, D’Mello ejercía el rol de guía espiritual de la afectada, situación que generó coacción y temor al momento de los hechos.
Aunque el fallo concluyó con la declaración de culpabilidad, la determinación de los años de prisión que deberá cumplir el imputado, así como la fijación del monto correspondiente a la reparación del daño, se darán a conocer este jueves 23 de julio en la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño.
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La violación
El 9 de noviembre de 2020 en la casa sacerdotal de una parroquia ubicada en la delegación Sánchez Taboada. La religiosa víctima acudió a una cita de confesión programada con el sacerdote de origen indio Noel Sebastián D’Mello, perteneciente a la orden Misioneros de la Caridad. Durante la reunión, encontrándose a solas en el inmueble, el presbítero le pidió ponerse de pie y procedió a sujetarla con fuerza contra su cuerpo. La víctima declaró que la situación le provocó un estado de parálisis defensiva: “Cuando estoy en un peligro me quedo paralizada, no puedo gritar… no me sale la voz; no pude hacer nada”.
Posteriormente, el imputado la condujo a la planta alta del inmueble, argumentando que le mostraría su habitación. En el lugar, valiéndose del estado de shock y parálisis de la mujer, el eclesiástico la forzó a sentarse en la cama, le retiró parcialmente la indumentaria e introdujo un dedo en sus partes íntimas sin su consentimiento, para después intentar penetrarla. Al no lograr concretar la penetración, el sujeto reaccionó con molestia e insistió en que ingresaran juntos a la ducha, petición que la afectada rechazó solicitando en repetidas ocasiones que la dejara retirarse.
Antes de que la víctima pudiera abandonar la casa parroquial, D’Mello continuó con los tocamientos e intentó coaccionarla para realizarle sexo oral en el área de la sala. Posterior al suceso, el sacerdote justificó sus actos ante la víctima señalando que se trataba de una “necesidad humana” e intentó persuadirla de no reportar el incidente. Asimismo, procedió a otorgarle la absolución eclesiástica antes de que abandonara el lugar, acto que en el derecho canónico se cataloga como absolución de cómplice. La agresión cesó únicamente hasta el arribo del transporte que trasladó a la religiosa de regreso al convento.
Días después de lo acontecido, la religiosa informó sobre la agresión a sus superioras dentro de la congregación, lo que dio inicio a la denuncia formal ante las autoridades eclesiásticas el 9 de noviembre de 2020. Posteriormente, en junio de 2021, al no observar avances significativos en el ámbito religioso, la víctima presentó la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía General de Baja California (FGE).
A nivel institucional, la Iglesia Católica de Tijuana impuso inicialmente una suspensión de cinco años al sacerdote D’Mello mientras se daba seguimiento al proceso. Sin embargo, antes de la conclusión del juicio penal civil o la emisión de un fallo definitivo en el proceso canónico, el presbítero fue reinstalado en sus funciones eclesiásticas como vicario en el Templo de San Ignacio de Loyola, ubicado en el fraccionamiento Nueva Tijuana, en la zona de Otay.
En el ámbito penal civil, el caso enfrentó diversos diferimientos y retrasos procesales por parte de la defensa del imputado, registrándose periodos prolongados sin la realización de audiencias. Durante este tiempo, la religiosa continuó bajo tratamiento psicológico y médico producto de las secuelas emocionales del evento, mientras el proceso legal seguía su curso en los tribunales de Baja California.
