La Asociación de Industriales de la Mesa de Otay exhortó a las autoridades competentes a conducirse con apego a derecho, respeto a las garantías constitucionales y observancia plena del debido proceso tras la detención del exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel.
De acuerdo con el presidente de la asociación, José Luis Contreras Valenzuela, la AIMO muestra preocupación por los términos en que se llevó a cabo la detención y las implicaciones que el procedimiento pueda tener para el Estado de derecho.
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Contreras detalló que los operativos implementados para la aprehensión del exmandatario estatal, el jueves 16 de julio, y para su traslado al penal federal de máxima seguridad El Altiplano, este domingo, constituyeron una medida desproporcionada.
Explicó que Ernesto Ruffo, de 74 años (quien como mandatario estatal emanó del Partido Acción Nacional) permaneció localizable y dispuesto a comparecer, a partir de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informará, e 8 de julio de 2025, que la empresa Ingemar S.A. de C. V., de la que el exgobernador es accionista, estaba vinculada al decomiso de combustible ejecutado un día antes en Coahuila.
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De ahí que, Contreras Valenzuela refiriera que los consabidos operativos, generaron extrañeza al interior del organismo empresarial.
El 16 de julio, tras la detención Ruffo fue ingresado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Tijuana en presencia de reporteros y sujetado de la cabeza por un elemento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
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Este domingo fue trasladado a El Altiplano en un vehículo blindado de la SSPC y escoltado por camionetas artilladas de la Secretaría de Marina.
Contreras Valenzuela también se pronunció porque las autoridades federales respeten la garantía constitucional de presunción de inocencia y se abstengan de emitir juicios al margen de los cauces legales.
A decir del economista la AIMO conmina a que las instituciones procedan con los mismos criterios ante cualquier persona que se encuentre bajo investigación.
“La certeza jurídica, el respeto al Estado de derecho y la actuación imparcial de las instituciones representan condiciones fundamentales para mantener la confianza de los ciudadanos, así como de quienes invierten y generan empleos en el país”, estableció. (Eduardo Andrade Uribe)
