El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el 30 de junio de 2026, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), una serie de acciones contra esquemas de contrabando de combustible vinculados al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización designada como terrorista por Estados Unidos bajo autoridades antinarcóticos y antiterroristas.
OFAC sancionó a dos ciudadanos mexicanos y nueve entidades señaladas por un esquema de robo de combustible ligado al CJNG, el cual involucró contrabando transfronterizo, documentos aduanales falsificados y empresas fachada para evadir impuestos mexicanos mientras generaba decenas de millones de dólares anuales para el cártel. De forma paralela, FinCEN emitió una alerta complementaria con orientación sobre tipologías financieras y señales de alerta asociadas al contrabando de combustible que el CJNG y otras organizaciones criminales transnacionales con base en México introducen desde Estados Unidos hacia territorio mexicano, en esquemas de evasión fiscal.
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Entre los designados se encuentra Oscar Guillermo Juraidini Silva, identificado como contador y operador financiero clave del CJNG, quien crea y administra empresas fachada para el cártel y falsifica documentos aduanales que facilitan el traslado ilícito de combustible a través de la frontera. Según el comunicado, Juraidini Silva importa combustible desde Estados Unidos hacia México con documentación aduanal deliberadamente alterada para evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), y la mayoría de sus clientes son gasolineras que comercializan el producto de forma minorista. El operador es propietario de seis empresas en México dedicadas a transporte, servicios financieros y bienes raíces —entre ellas Centro Cambiario La Peseta, OJ Living Trust, RK Real King, Soma Transporte y Servicios, Ogui Fletes y OF Transportes—, así como de una compañía con sede en el Reino Unido, Cucumber Sweet Waves Ltd.
OFAC también designó a J. Refugio Ruiz Villagomez, vinculado a las empresas Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution, por introducir combustible de forma ilegal desde Estados Unidos hacia México sin los permisos correspondientes y por pagar cuotas a organizaciones criminales que controlan puntos fronterizos. De acuerdo con hallazgos de investigación hechos públicos por la Fiscalía General de la República, Jomadi es una empresa de importación y exportación involucrada en huachicol fiscal, con transacciones por decenas de millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense vinculadas a terceros relacionados con el CJNG.
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“Las acciones de hoy demuestran hasta qué punto los cárteles mexicanos están expandiéndose más allá del tráfico tradicional de drogas para generar ingresos para sus organizaciones criminales, que continúan traficando drogas mortales que matan a estadounidenses”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Según el comunicado, las acciones del Tesoro buscan desmantelar estas organizaciones consideradas terroristas.
Las sanciones de este día se desarrollaron de manera conjunta con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México y formaron parte de una investigación liderada por un grupo de trabajo de Seguridad Nacional con sede en el sur de Texas, en la que participaron la Administración para el Control de Drogas (DEA), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la división de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI), la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio (BIS) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
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Según un esquema gráfico difundido por el Tesoro estadounidense, el método utilizado por los cárteles para el contrabando de combustible hacia el sur comprende siete etapas: la compra de combustible en terminales de exportación por parte de comercializadoras estadounidenses cómplices; el desvío de ese combustible hacia redes de empresas fachada en ambos países; el cruce hacia México mediante pipas, ferrocarril y, en algunos casos, embarcaciones; el traslado a patios de almacenamiento bajo control de los cárteles; la venta a empresas distribuidoras vinculadas al crimen organizado mediante facturas falsas; la comercialización en gasolineras controladas por los cárteles o en puntos de venta irregulares en carreteras; y, finalmente, el uso de las ganancias para financiar operaciones de tráfico de drogas, corrupción y aportaciones a campañas políticas.
Reportes de la industria citados por el Tesoro estadounidense sugieren que entre una cuarta parte y un tercio de todo el combustible vendido en México podría ser de origen ilícito. El esquema conocido como huachicol fiscal involucra a comercializadoras mexicanas que cuentan con permisos de la Comisión Nacional de Energía para comprar y vender combustible en territorio nacional, pero que carecen de la autorización de la Secretaría de Energía requerida para importarlo, lo que constituye el punto central de la evasión fiscal documentada por las autoridades estadounidenses.
