Ana García, incipiente lideresa pescadora, denunció en varias ocasiones el acoso, en específico del vicealmirante Gabriel Guzmán Comparán, a quien responsabilizó de cualquier cosa que le ocurra
Entre la criminalización de la pesca y la urgencia de la protección de la vaquita marina, hay una gran escala de grises que trastoca a varios sectores. San Felipe, a más de 10 años de la imposición de la veda de pesca en el polígono del Alto Golfo de California, se encuentra nuevamente en un periodo de ebullición que puede tener -como ha tenido en otras ocasiones- consecuencias graves.
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Desde que el presidente Enrique Peña Nieto firmó el acuerdo para impedir la pesca en el Golfo de California, debido a presiones internacionales que les exigían la preservación de la vaquita marina, un animal de estuario que se encuentra en peligro de extinción y del que pocos avistamientos se han logrado confirmar, la situación en toda la comunidad portuaria ha sufrido severamente, pero también ha sido una gran oportunidad para criminales de la pesca furtiva de totoaba y para traficantes de fentanilo que tienen en San Felipe una de las rutas del fentanilo.
En medio de todo esto, la lideresa pescadora, Ana García, denunció el acoso de autoridades federales y en específico del vicealmirante Gabriel Guzmán Comparán, a quien responsabilizó de cualquier cosa que le ocurra, debido a que ha sostenido múltiples conflictos derivados del intento de Ana y la cooperativa de pescadores que representa -de los que muchos carecen de permisos de pesca- al grado de que -según dice- la amenazó con “sembrarle” algo para culminar con la campaña de lucha en contra de la veda de pesca.
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El pasado viernes 19 de junio, Ana García, fue citada por la FGR para rendir declaración sobre una denuncia presentada por funcionarios de Semar en contra de ella, debido a que -según la denuncia- impidió que se remolcara una panga que había sido utilizada para entrar al mar.
García, quien dice ser pescadora desde los 13 años y que cuenta con un permiso de pesca que usa solamente para extraer caracoles del mar -porque las restricciones se han extendido a la corvina, mantarraya y otros productos-, es una evidencia de algo más profundo.
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Más allá de si alguno de los lados opera de manera incorrecta, la verdadera problemática es que, a más de 10 años de la veda de pesca, ninguno de los presidentes o gobernantes ha podido darles certeza a los trabajadores del mar, y a una población que ronda los 20 mil habitantes y que vive principalmente de lo que retoma del mar. El problema es que seguimos creyendo que la única posibilidad válida es defender a los pescadores o poner orden a través de la fuerza, con la intención de proteger a un animal en peligro de extinción.
A 11 años de que Peña anunciara el acuerdo, al que se opuso Sunshine Rodríguez Peña -hoy fallecido-, los grupos criminales dedicados al tráfico de drogas y totoaba siguen operando; pero también prolifera la extorsión, y el hostigamiento y control de la venta de marisco mediante cooperativas ligadas a la delincuencia organizada.
También siguen padeciendo de la falta de oportunidades en el puerto, y a pesar de que se convirtió en el séptimo municipio, no se les brindó otra alternativa de turismo, infraestructura, empresas o algo que pudiera convertirse en un nuevo sustento para un pueblo de origen pescador.
La población del puerto padece el abandono, y la única presencia gubernamental es la de la seguridad, pero no la del bienestar, la de la economía, la del turismo e infraestructura. Los pescadores se sienten obligados a salir al mar, y si bien es cierto que muchos son pescadores furtivos, la realidad es que el abandono ha provocado un caldo de cultivo donde sólo a través de sus medios y sus alternativas pueden sobrevivir.
Aquí el problema no es la vaquita marina, sino la falta de alternativas que los gobiernos del PRI, PAN y Morena, para que los que quieren pescar puedan hacerlo, y para que quienes quieren cambiar de giro exploren otras alternativas.
Así San Felipe, entre las restricciones gubernamentales, el crimen organizado y la política rígida de un gobierno que no entiende que se acerca a un nuevo estallido social.
