De manera ágil, el miércoles 10 de junio de 2026, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación por el delito de privación ilegal de la libertad de dos inspectores del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) de Baja California, en la delegación de Punta Colonet, en Ensenada.
Erick Sánchez Zertuche López, de 31 años de edad, y José Héctor Oliveros Carabita, de 48 años de edad, fueron retenidos ese día cuando regresaban en caravana de un operativo en San Quintín. Los victimarios, un grupo de hombres armados, los llevaron en camionetas a una zona desconocida.
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Minutos después de la privación de la libertad de los dos servidores públicos, se supo además que Erick Sánchez es hijo de la diputada federal de Morena, Rocío López Gorosave, y del abogado y empresario inmobiliario Juan Antonio Sánchez Zertuche; ambos identificados como exmilitantes del Partido del Trabajo (PT) y Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Investigadores del Ejército Mexicano y de la Fiscalía General de la República (FGR) que participaron en las mesas de trabajo con la familia de Erick, para lograr su pronta liberación del grupo armado, confirmaron a ZETA que se trató de un levantón debido a, y se cita textual: “por una deuda de drogas que asciende a 3 millones de dólares y una más en Estados Unidos por 2 millones de dólares”.
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Debido a la relevancia que las autoridades dieron al caso, tratándose de dos servidores públicos y uno de ellos, además, hijo de una legisladora federal del partido oficial, los dos levantados fueron liberados poco más de 24 horas después tras iniciarse la carpeta de investigación con el Número Único de Caso (NUC) 0201-2026-08252 por privación ilegal de la libertad.
Alrededor de las 23:00 horas el convoy de policías llegó a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), y de acuerdo con información preliminar, Sánchez y Oliveros habían estado privados de la libertad en un inmueble ubicado en el Ejido Ruiz Ordaz. En el lugar, las autoridades aseguraron al menos cuatro armas largas, equipo táctico y varios vehículos presuntamente utilizados para la comisión del delito. A la fecha no hay detenidos por este caso.
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En un comunicado el viernes 12 la diputada López Gorosave agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum, a la gobernadora Marina del Pilar Ávila la liberación de su hijo Erick Zertuche y dio su versión de los hechos, misma que difiere de la información proporcionada por autoridades estatales y federales.
A continuación compartimos el reportaje publicado en la edición impresa del viernes 12 de junio.
La investigación por la privación ilegal de la libertad de dos inspectores del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) de Baja California, en la delegación de Punta Colonet, en Ensenada, se centra en dos líneas de investigación relacionadas con la actividad de grupos del crimen organizado que operan en la región.
El ataque fue dirigido específicamente contra los ocupantes de la unidad número 34 de la dependencia estatal, la cual era conducida por Erick Sánchez Zertuche López, de 34 años de edad, hijo de la diputada federal de Morena, Rocío López Gorosave, y del abogado y empresario inmobiliario Juan Antonio Sánchez Zertuche; ambos identificados como exmilitantes del Partido del Trabajo (PT).
A través de sus redes sociales la legisladora compartió una imagen del mundial de futbol en México, y agregó un mensaje relacionado con la seguridad en el país: “Anhelo fervientemente que el fútbol sirva para que estemos más unidos y que construyamos un México en el que todas las familias podamos vivir en paz y armonía. Le deseo suerte a nuestro país, pero sobre todo pido que todas y todos vivamos con seguridad y bienestar”.
Información obtenida de personas que formaron parte del grupo de seguridad durante el operativo de búsqueda señala que hay personas que se acercaron para explicar a los mandos que Erick se les había acercado para pedir dinero a cambio de inmunidad, en específico, un ingeniero, quien mueve una flotilla de camiones de materiales en San Quintín. El IMOS no respondió las preguntas sobre estas quejas expresadas por empresarios.
Como copiloto viajaba el inspector José Héctor Oliveros Carabita, de 46 años, quien además de desempeñarse como servidor público es conocido por dirigir una escuela de artes marciales Lima Lama y formar parte de un club de motociclistas.
Ambos inspectores laboraban juntos desde hacía tiempo y la noche del miércoles 10 de junio participaron en un operativo en el municipio de San Quintín con siete de sus colegas: Fernando Olegario, Emilio, Gerardo, Omar Alonso, Luis Ángel, Raúl (adscrito a IMOS San Quintín) y Rafael.
La línea central de investigación que maneja la Fiscalía General de Estado (FGE) está relacionada con una deuda por drogas y que los agresores pidieron a la familia el pago.
El principal operador criminal de la zona es Leopoldo Lizárraga Ochoa, alias el Polo y/o el Pantera, identificado por el Grupo de Coordinación Estatal para la Seguridad por sus nexos con el Cártel de Sinaloa, y es considerado un generador de violencia. El Pantera tiene relación con la célula del mismo Cártel de Sinaloa liderada por los hermanos René y Alfonso Arzate García.
La célula tiene sus áreas de influencia con actividades ilícitas de tráfico de personas, productos marinos, secuestro, extorsiones, trasiego y venta de drogas, desde el Ejido Esteban Cantú en la delegación de Maneadero, pasando por Santo Tomás, hasta Punta Colonet.
Además del trasiego de droga, en esa zona el crimen organizado ha establecido rutas que están fuertemente custodiadas para el cruce ilegal de migrantes de distintas nacionalidades y edades, desde centroamericanos, mexicanos, africanos, hasta asiáticos.
Las autoridades investigan el perfil de los hombres que perpetraron la privación ilegal y han relacionado a un grupo de ex policías municipales dentro del convoy.
Como parte del seguimiento, la mañana del jueves 11 se llevó a cabo una reunión de seguridad en las inmediaciones de Punta Colonet, a donde se trasladaron los mandos de las distintas corporaciones estatales, municipales y federales desde Tijuana y Mexicali.
Al mismo tiempo, los oficiales de la FGE, junto con Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina habían desplegado un operativo de localización, sin resultados al cierre de esta edición.
DISPAROS CONTRA UNIDAD OFICIAL DEL HIJO DE LA DIPUTADA
Todo el grupo viajó en las unidades marcadas con los números 11, 16, 33 y 34 para realizar acciones de verificación e inmovilización de vehículos irregulares.
De acuerdo con información proporcionada por testigos, el operativo terminó a las 20:11 horas, y de ahí los inspectores salieron en caravana desde la gasolinera VIP, ubicada en la colonia Vicente Guerrero, con dirección a Ensenada.
Una hora después, alrededor de las 21:00 horas, cuando circulaban por la carretera Transpeninsular, a la altura de la Parcela 10, cerca del restaurante Quesos Doña Lala, en el Ejido 27 de Enero de Punta Colonet, varios vehículos les cerraron el paso.
Otros testigos indican que los agresores manejaban en al menos tres unidades, una de ellas una camioneta Jeep Cherokee Rubicon color verde con gris, modificada con llantas para terreno accidentado.
Las otras unidades no pudieron ser identificadas, pero la investigación establece que los vehículos utilizados por los agresores portaban códigos luminosos y estrobos similares a los utilizados por la policía.
De los automóviles bajaron unos 15 hombres encapuchados y armados con rifles de alto poder, se acercaron y encañonaron a los inspectores, además de obligarlos a bajar de las unidades oficiales.
Durante la intervención, una de las unidades del IMOS, identificada con el número 34, recibió al menos dos disparos de arma de fuego. Tras el ataque, el grupo de inspectores logró desplazarse hasta el retén militar, ubicado en las inmediaciones del Ejido Uruapan, para solicitar apoyo.
De acuerdo con las declaraciones de los afectados, los hombres armados preguntaron a los inspectores si portaban armas y les ordenaron no realizar ningún movimiento. Posteriormente se dirigieron de manera específica hacia la unidad IMOS 34, de donde bajaron primero José Héctor Oliveros y después Eric Sánchez.
Uno de los inspectores declaró que vio a los sujetos armados cuando apuntaban con armas largas a los ocupantes y se dirigían directamente hacia la unidad donde viajaban Eric y José.
No pudo dar más detalles porque, dijo, fue sometido y obligado a permanecer en el suelo mientras era interrogado sobre si portaba algún arma. Sólo vio que los responsables regresaron a los vehículos y huyeron con rumbo desconocido.
Fue entonces cuando el resto de los inspectores advirtió que sus dos compañeros habían sido privados de la libertad.
ANTECEDENTES EMPRESARIALES Y POLÍTICOS DE LOS ZERTUCHE
Tanto Juan Antonio Sanchéz como Rocío López han figurado en política por muchos años como fundadores en el PT y en los últimos años en Morena. Quien ha ocupado los cargos públicos ha sido Rocío, que ya fue diputada local de la XXII Legislatura del Congreso del Estado (en el periodo 2016-2019) y oficial del Registro Civil del XXI Ayuntamiento de Ensenada de 2014 a 2016. También fue titular de la Dirección de Fomento Económico del XX Ayuntamiento de Ensenada (2011-2012), regidora del XVIII Ayuntamiento de Ensenada (2004-2007), y Oficial Mayor en el Gobierno del Estado en el 2022.
El abogado Juan Antonio Sánchez, esposo de la diputada, ha figurado sólo como militante en el PT, y en la iniciativa privada es reconocido por tener una cantidad importante de propiedades de acuerdo con el Registro Público de la Propiedad (RPP), además de mantener un negocio dedicado a bienes y raíces.
EL IMOS DEJARÁ TODO EN MANOS DE LA FGE
El titular del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado (IMOS), Jorge Alberto Gutiérrez Topete, fue cuestionado por las vías oficiales sobre las líneas de investigación que maneja la FGR respecto a la privación de dos de sus inspectores.
A través de la dirección de comunicación social del Gobierno del Estado contestaron que dejarán en manos de la FGE la investigación.
En un comunicado se limitaron a informar que dos colaboradores de la dependencia fueron privados de la libertad el miércoles 10 de junio en el municipio de San Quintín:
“Desde que se tuvo conocimiento de los hechos, el Instituto dio parte a las autoridades competentes y mantiene plena colaboración con las instancias encargadas de la investigación, proporcionando la información requerida para contribuir a las diligencias correspondientes”.
Asimismo, la dependencia recalcó que brinda acompañamiento a las familias de los trabajadores y mantiene comunicación permanente con ellas ante esta situación, mientras que la FGE les informó que se han desplegado acciones de búsqueda y localización en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Como parte de las diligencias en curso, se realizan trabajos de investigación y diversas acciones operativas con el objetivo de localizar a ambos colaboradores. Las autoridades continúan trabajando de manera coordinada y permanente para lograr su pronta localización, concluyó el IMOS.
