El senador de Morena por Sinaloa Enrique Inzunza Cázarez publicó el 17 de junio de 2026 un extenso mensaje en redes sociales en el que reiteró su compromiso de permanecer en el Senado de la República hasta el término de su mandato, en 2030, con lo que dejó entrever su desinterés por registrarse en el proceso interno que Morena abrirá el 22 de junio para definir coordinaciones estatales de cara a los comicios de 2027.
El mensaje, de tono autobiográfico, fue publicado en un contexto de intensa presión política e institucional sobre Inzunza Cázarez, quien desde el 29 de abril de 2026 enfrenta cargos formales ante la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, en el expediente S9 23 Cr. 180. El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) lo señala como presunto enlace entre los líderes de la facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos” —Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias “El Chapito”, y Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”— y el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Los cargos en su contra incluyen conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y contemplan cadena perpetua con mínimo obligatorio de 40 años de prisión en el sistema judicial estadounidense.
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“Fui electo Senador de la República por el voto de cerca de 700 mil sinaloenses, quienes me confirieron la responsabilidad de representarlos en la máxima tribuna parlamentaria de la nación para el periodo 2024-2030”, escribió el legislador, quien añadió que esa responsabilidad la honrará “con puntualidad, compromiso y decoro, hasta su término en 2030”.
El resto del texto trazó una semblanza de sus orígenes en los altos de Sinaloa, con referencias a la labranza, el trabajo como vaquero y estibador, y sus años en el Poder Judicial del Estado de Sinaloa, donde hizo carrera durante más de 25 años y llegó a presidir el Supremo Tribunal de Justicia de la entidad en varias ocasiones. “Uno es lo que ha sido toda la vida”, escribió el senador, en lo que analistas leyeron como un intento de reposicionamiento biográfico en medio de los señalamientos en su contra.
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La declaración de Inzunza Cázarez se produce cuando Morena debate internamente el manejo político del caso. Citlalli Hernández Mora, titular de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, reconoció el 16 de junio de 2026 que el senador “no atraviesa su mejor momento de reputación” y precisó que, si decidiera registrarse como aspirante a la coordinación estatal de Sinaloa, la Comisión tomaría las valoraciones correspondientes. La dirigente señaló que el partido consultará a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal a través de la comisión de investigación aprobada en el Congreso de la Unión —con los votos de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ante el rechazo del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI)— para detectar posibles vínculos con el crimen organizado en los perfiles aspirantes.
El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), ha sostenido que los señalamientos del DOJ “apuntan más a una narrativa política que a una narrativa judicial”, dado que ninguna solicitud formal ha sido cumplimentada. Mier Velazco descartó que el Senado se convierta en “paredón político” para juzgar a sus integrantes sin pruebas, aunque resolvió excluir a Inzunza Cázarez de las sesiones de la Comisión Permanente durante el receso legislativo que concluye a finales de agosto de 2026. “En el periodo ordinario que inicia el 1 de septiembre, ahí tiene que presentarse”, precisó el coordinador morenista.
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A lo largo de las últimas semanas, el comportamiento del legislador frente a las instituciones mexicanas ha sido errático. Compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 26 de mayo de 2026 sin representación legal, actuando como abogado de sí mismo, y el 27 del mismo mes y año acudió nuevamente ante la dependencia como parte de un grupo de siete personas que rindieron entrevistas ministeriales. Sin embargo, solicitó una licencia legislativa de apenas 22 horas durante el periodo extraordinario del 28 y 29 de mayo de 2026 para que su suplente, Omar Alejandro López Campos —ahijado del propio Rocha Moya y entonces secretario del Bienestar en Sinaloa—, tomara protesta en su lugar, antes de reincorporarse formalmente al cargo a las 2:58 horas del 29 de mayo. Esa misma noche, el legislador fue fotografiado en la ceremonia de graduación de la Prepa Tec del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Culiacán, donde uno de sus hijos concluyó estudios.
El Partido Acción Nacional (PAN) ha demandado la desaparición de poderes en Sinaloa, mientras que Movimiento Ciudadano presentó ante la Cámara de Diputados una solicitud formal de desafuero contra Inzunza Cázarez, Rocha Moya y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York fijó el expediente ante la jueza federal Katherine Polk Failla; la próxima audiencia en el caso de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa y primer acusado en entregarse voluntariamente a las autoridades de EE.UU., quedó programada para el 4 de agosto de 2026.
El mensaje de este 17 de junio de 2026 representa la primera declaración expresa de Inzunza Cázarez sobre su futuro político desde que se conocieron los cargos del DOJ, y confirma que el legislador sinaloense no abandonará el escaño que lo protege con fuero constitucional.
