Tras un proceso penal que se extendió casi cuatro años, fueron declarados culpables por la desaparición forzada del comerciante José Alberto Cantero Ramírez, los oficiales de la policía municipal de Tijuana, Martín Trinidad Martínez y Esteban Heriberto Galaz Gómez.
La resolución judicial se cimentó en varias pruebas. La primera, el hallazgo de una mancha de sangre en el asiento trasero de la patrulla BC-823A-1, que, según un parte de novedades, manejaban Trinidad y Galaz el día en que ocurrió el hecho. Los peritajes de genética confirmaron que la mancha era compatible con las muestras recabadas de la madre e hijo del comerciante, estableciendo que pertenecía a José Alberto Cantero.
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También tomó en cuenta una videograbación de vigilancia que captó el momento exacto (20:26 horas del 1 de septiembre de 2022) en que los oficiales interceptaron la camioneta Grand Cherokee color negra con placas 8YSZ526 del estado de California, Estados Unidos, de la víctima en la carretera Transpeninsular y la calle 16 de Septiembre de la colonia Libertad de Tijuana, donde lo intervinieron, esposaron y lo subieron a la parte trasera, la cual fue conducida por Galaz, mientras Trinidad condujo el vehículo de Cantero con rumbo desconocido.
Asimismo, en cateos autorizados, los investigadores localizaron 35 mil 636 dólares y 150 mil 570 pesos en la casa de Martín Trinidad y 7 mil 950 dólares en la de Esteban Heriberto, que sumaban 43 mil 586 dólares y 150 mil 570 pesos en total, cifra que coincidía con la que Cantero llevaba consigo la noche que desapareció, para abonar a la compra de unas bodegas.
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Otra prueba importante fue el parte de novedades de la corporación, que la defensa pretendió usar para desvincular a Trinidad y Galaz del crimen. Los litigantes argumentaron que los oficiales habían cumplido con una bitácora de servicios tras iniciar su turno a las 17:00 horas aquel 1 de septiembre, entre los que se incluía un reporte por un indigente agresivo a las 19:02 horas; un robo a transeúnte a las 20:59 horas y la atención de una riña familiar a las 22:28 horas.
Sin embargo, el juez valoró que ese mismo documento demostraba que Trinidad y Galaz tenían asignada la patrulla BC-823A-1 y estaban comisionados precisamente a las colonias Del Río y Libertad, perímetro exacto donde se ejecutó el crimen. Por lo anterior, el juez dictó un fallo de culpabilidad, aunque la sentencia quedó pendiente, pues, aunque la Fiscalía General del Estado pidió una sanción de 60 años de prisión, esta será definida hasta el próximo 2 de junio.
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