Son por lo menos 12 las personas involucradas en la red de huachicol fiscal que operó en una de las tramas de corrupción y contrabando más complejas en la historia reciente de Baja California, pero a diferencia del caso de Tampico-Altamira, en Tamaulipas, aquí no hay marinos ni funcionarios aduanales procesados. En Ensenada están señalados empresarios piperos que movían el combustible ilegal de los buques al sitio de almacenamiento y el arrendatario del predio donde se localizaron los más de ocho millones de litros de diésel y 85 vehículos.
Sin embargo, toda la furia del sistema penal mexicano en este caso cayó sobre los hermanos de origen potosino de apellidos Amaya Olvera: Christian Noé y Jesús Tadeo, quienes se encuentran privados de su libertad en celdas del Centro de Reinserción Social (CRS) de Ensenada, desde septiembre de 2025, marcando apenas el inicio de un proceso judicial en el que varios de los imputados se encuentran prófugos y algún otro, preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, por estar implicado también en el asunto de Tamaulipas.
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Tras el aseguramiento del predio en El Sauzal en marzo de 2025, la causa penal 79/2025 ha comenzado a ramificarse, arrastrando nombres de figuras que operaban en las sombras de la legalidad empresarial y la función pública. Los reportes de inteligencia en poder de la Fiscalía General de la República (FGR) señalan a personajes como el abogado Anuar González Hemadi, recluido en Almoloya, además de Roberto Blanco Cantú, alias el Señor de los Buques, y su amigo José René Tijerina Mendoza, como piezas fundamentales en la logística del huachicol fiscal.
Mientras los hermanos Amaya enfrentan la vinculación a proceso por el almacenamiento masivo de hidrocarburos, en el Estado de México, específicamente en los juzgados de Almoloya de Juárez, se desarrolla un juicio paralelo contra miembros activos de la Marina Armada de México y funcionarios de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Este segundo frente judicial confirma la tesis ministerial de que el diésel ilegal no era robado de los ductos de Pemex, sino ingresado por el recinto portuario de Ensenada bajo el amparo de autoridades que permitieron el libre tránsito de buques cargados de combustible sin registros de importación.
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En este escenario de complicidades, el exsenador de Morena, Gerardo Novelo Osuna, se encuentra inmerso en una batalla jurídica de carácter constitucional y administrativo para que la FGR le restituya el predio de su propiedad en El Sauzal, terreno que actualmente permanece bajo aseguramiento precautorio debido a que en su interior fue donde se localizó la infraestructura necesaria para resguardar más el hidrocarburo de contrabando. El terreno le fue arrendado por el político a Luis Francisco Rodríguez Orozco, quien cuenta con un juicio de amparo en trámite en un juzgado federal en Ensenada contra la orden de aprehensión.
La investigación ha demostrado que la red no sólo contaba con una flota vehicular imponente, sino con una estructura de protección que alcanzaba los niveles más altos de vigilancia portuaria, convirtiendo a Ensenada en la puerta de entrada para un mercado negro que competía directamente con la economía nacional. Hasta el día de hoy, el caso permanece como una herida abierta en la administración de justicia, donde la vinculación de los hermanos Amaya es sólo el primer paso para desmantelar un esquema de delincuencia organizada que operaba con la precisión de una empresa transnacional, utilizando facturación apócrifa y cartas porte timbradas para blanquear el producto ilícito.
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EL SAUZAL
El origen de este escándalo en Baja California que estremeció las estructuras portuarias, comenzó a gestarse con un mensaje anónimo enviado a través de correo electrónico el 26 de marzo de 2025. El denunciante fue preciso: en un terreno ubicado en la carretera federal Tijuana-Ensenada, específicamente en la zona de El Sauzal de Rodríguez, el olor a combustible era insoportable y las maniobras de descarga de pipas se realizaban a todas horas del día y la noche sin ninguna medida de seguridad aparente. En el mensaje se adjuntaron fotografías del hecho.
Cuando los agentes de la Policía Federal Ministerial y de la Guardia Nacional arribaron al sitio, ubicado entre una tienda de conveniencia y un motel boutique, se encontraron con un charco de hidrocarburo que brotaba del interior de una pensión de tractocamiones y se extendía hasta la carretera. Este hallazgo no sólo confirmó la veracidad de la denuncia, sino que activó un operativo de gran escala que incluyó a Protección Civil y Bomberos. El concepto de huachicol fiscal adquirió dimensiones reales cuando la FGR, tras inspeccionar el lugar, determinó que el combustible almacenado era diésel automotriz que cumplía con las normas oficiales, lo que descartaba el robo por perforación de ductos, técnica habitual de los grupos criminales del centro del país.
En cambio, las pesquisas revelaron que el diésel era introducido a México mediante buques que atracaban en el puerto de Ensenada, aprovechando la falta de controles aduaneros. Investigaciones del Semanario ZETA establecieron que el combustible habría llegado en el buque Blue Pride, siendo descargado directamente a pipas que lo trasladaban al patio de El Sauzal. Allí, el producto era depositado en 120 tanques prismáticos de gran capacidad, conocidos como “frac tanks”, además de permanecer en 47 pipas que servían como depósitos temporales.
Lo que hacía ilícita esta operación no era la calidad del producto, sino su origen: ni la Agencia Nacional de Aduanas ni la Secretaría de Energía contaban con registros de importación o pedimentos de comercio exterior que ampararan tales volúmenes a nombre de las empresas vinculadas a los imputados. En términos llanos, se trataba de una importación masiva de diésel por la que no se pagó un solo centavo de impuestos, simulando una procedencia legal, ante la cual Pemex negó rotundamente tener relación alguna con los propietarios de la carga o del transporte.
El riesgo latente en El Sauzal no fue una exageración, sino una conclusión científica plasmada en los dictámenes ambientales emitidos tras el cateo del 27 de marzo de 2025. Protección Civil de Ensenada fue la primera autoridad en dar la voz de alarma, al confirmar que el sitio operaba en la más absoluta clandestinidad, careciendo de permisos de operación, planes de contingencia o rombos de seguridad industrial. Una perito en delitos ambientales, en un dictamen emitido el 3 de abril, determinó que el derrame de diésel provocó una modificación negativa al ambiente de intensidad media, afectando la biodiversidad del suelo y las áreas circundantes.
Sin embargo, lo más preocupante fue el estudio de riesgo de daño al ambiente, el cual concluyó que el predio de Gerardo Novelo se había convertido en una zona de peligro crítico. En un área rodeada de viviendas, comercios y con un flujo vehicular constante, los involucrados mantenían almacenados más de ocho millones de litros de diésel utilizando un sistema de trasvase rudimentario. Los investigadores localizaron 16 motobombas conectadas mediante mangueras de uso no industrial, lo que aumentaba exponencialmente la posibilidad de una explosión o un incendio de proporciones catastróficas. Esta negligencia criminal, motivada por el afán de lucro del mercado negro, transformó una supuesta pensión de camiones en una bomba de tiempo que amenazaba con borrar del mapa gran parte de la zona industrial de El Sauzal.
LOS AMAYA
La implicación directa de Christian Noé Amaya Olvera y Jesús Tadeo Amaya Olvera se construyó sobre un rastro documental difícil de ocultar. La empresa utilizada para la logística, Transportes Especializados AMOL, cuya denominación social coincide con las iniciales y apellidos de los hermanos, fue constituida en San Luis Potosí apenas cinco meses antes del aseguramiento en Ensenada, el 21 de octubre de 2024, independientemente de las otras empresas de transporte implicadas, como Mefra Fletes y Autolíneas Roca, propiedad de los demás imputados.
Los registros de la Unidad de Inteligencia Táctica confirmaron que ambos hermanos son los socios fundadores y dueños absolutos de la firma, siendo Christian Noé el único integrante del Consejo de Administración. Durante la inspección vehicular realizada en el predio, se identificaron 85 unidades, entre tractocamiones, tanques cilíndricos y dollies. De estos, al menos 10 estaban registrados oficialmente a nombre de la empresa de los hermanos Amaya en el padrón federal de San Luis Potosí. El resto de la flota presentaba rótulos visibles con la leyenda de la empresa y los apellidos de los imputados, lo que para el Juez de Control constituyó un indicio sólido de propiedad y control operativo.
El reportaje de ZETA titulado “Red comercial de hidrocarburo ilegal”, publicado el 7 de abril de 2025, fue referido en un informe de la Policía Federal Ministerial dentro de la carpeta de investigación como fuente abierta sobre el centro de almacenaje y el modus operandi de la red criminal. Al respecto, en la audiencia de vinculación a proceso de los hermanos Amaya Olvera el juez de control del Centro de Justicia Federal, con residencia en Ensenada, mencionó a los imputados: “Obviamente no porque se me ocurra, no porque yo lo piense, no porque yo lo sienta de tal manera, no porque se me ocurra, no porque lo leí en el ‘Zeta’ o en el ‘Y’, o en el ‘X’. No, no, no, eso no, claro no; voy a verificar indicios”.
“Fuentes abiertas se oye feo, pero simplemente es ‘googlear’; eso lo hacemos todos. No es una técnica prohibida, no lo es; tampoco está permitida, tampoco, pero no es algo que requiera control judicial y obviamente, sí, yo comparto mucho el ‘Semanario Z’. Esa es una vacilada; cada prensa puede decir lo que quiera y yo jamás voy a tomar en consideración una nota periodística para algo. Son informaciones nada más, es la opinión del reportero, nada más; eso para mí no tiene ningún interés, ninguna utilidad práctica en este caso, para nada”, advirtió el juzgador federal, que finalmente los vinculó a proceso por el delito de posesión ilícita de hidrocarburos petrolíferos o petroquímicos el 16 de septiembre de 2025.
La resolución fue modificada recientemente por el Tribunal Colegiado de Apelación al variar el delito de posesión por el de almacenamiento ilícito de hidrocarburos petrolíferos o petroquímicos. A pesar de que la defensa alegaba que los hermanos no estaban físicamente en el lugar al momento del cateo, las autoridades determinaron que ellos ejercían el dominio funcional del hecho a través de su infraestructura empresarial. El hecho de que ninguno de los camiones tuviera reporte de robo reforzó la tesis de que las unidades estaban allí por órdenes directas de sus propietarios, quienes utilizaban la empresa potosina como una fachada de transporte legal para ocultar una operación masiva de almacenamiento ilícito.
LAS ESCUCHAS
La cronología ministerial tras el golpe de marzo de 2025 revela un despliegue de inteligencia que fue cerrando el cerco sobre la organización. En abril de 2025, la Comisión Reguladora de Energía y Pemex enviaron oficios confirmando que ni el predio ni los vehículos tenían permisos para poseer o almacenar hidrocarburos, desmoronando cualquier pretensión de legalidad. Durante el mes de mayo, agentes de la Policía Federal Ministerial se trasladaron a San Luis Potosí para realizar investigaciones de campo en los domicilios particulares y patios de la empresa de los hermanos Amaya Olvera.
Allí localizaron más tractocamiones con los mismos rótulos y lograron entrevistar a un exempleado que, bajo la condición de anonimato (por temor a represalias), identificó a Christian Noé como el dueño y mencionó que el grupo tenía “problemas en el norte” con camiones que habían sido detenidos con diésel. En junio de 2025, las vigilancias policiales en territorio potosino permitieron ubicar a Jesús Tadeo conduciendo una camioneta roja rotulada de la empresa, confirmando que la organización seguía activa a pesar del aseguramiento en Ensenada.
Entre julio y agosto, la fiscalía obtuvo la autorización judicial para la intervención de comunicaciones privadas, técnica que resultó ser el eslabón final para demostrar no solo la propiedad de los camiones, sino el control total sobre la venta y distribución del diésel ilegal. Lo más relevante y contundente del caso surgió de las intervenciones telefónicas, una ventana directa a la logística criminal de los hermanos Amaya. En las llamadas interceptadas entre junio y julio de 2025, se escucha a los imputados hablar abiertamente de la renta de decenas de pipas para mover diésel, gasolina y turbosina, refiriéndose a que las unidades ya estaban empadronadas para operar.
Las conversaciones revelaron un vínculo directo con el sector marítimo: en una llamada, se menciona que un empleado dejó de trabajar con ellos desde que “les detuvieron el barco”, aludiendo claramente al golpe sufrido en Ensenada. También se discutieron precios del mercado negro del combustible, ofreciendo el “producto” –sin especificar a cuál se referían- a 18 y 21 pesos por litro, valores significativamente menores a los oficiales, lo que confirma la competencia desleal y el daño a la economía nacional.
En un audio particularmente revelador, Jesús Tadeo admite la peligrosidad de sus actividades al comentar que “si se cae el grupo, se caen todos”, además de coordinar con abogados e influyentes contactos los intentos para “desatorar” los camiones asegurados en El Sauzal, sin llamar demasiado la atención de las autoridades. Incluso se detectaron diálogos sobre el uso de armas de fuego, donde se solicitaba sacar “pistolas” que estaban ocultas para seguridad de sus operaciones.
Estas escuchas, analizadas por el Tribunal de Alzada, confirmaron que los hermanos no eran simples transportistas, sino los arquitectos de una red que movía millones de pesos en diésel de contrabando, manteniendo el control de la carga a pesar de la distancia física. Tras analizar la cadena de indicios —desde la denuncia anónima hasta las confesiones indirectas en las llamadas telefónicas—, los magistrados concluyeron que existían pruebas suficientes para sostener la acusación de almacenamiento ilícito de hidrocarburos.
Actualmente, los Amaya Olvera enfrentan otro juicio en su contra, el de extinción de dominio de los diez tractocamiones de Transportes Especializados AMOL, en un juzgado federal especializado en esa materia en la Ciudad de México, donde el Gobierno de la República pretende adjudicarse las unidades para el patrimonio nacional.
