Donald John Trump, presidente de Estados Unidos, firmó el 19 de mayo de 2026 una orden ejecutiva titulada “Restablecimiento de la Integridad del Sistema Financiero Estadounidense”, mediante la cual instruyó a bancos e instituciones financieras a reforzar los controles de identidad y crédito aplicados a extranjeros sin estatus migratorio legal, medida que amenaza con restringir el acceso a servicios financieros básicos para millones de personas, incluido el envío de remesas a México.
La orden instruyó al Secretario del Tesoro de EE.UU. a emitir, en un plazo de 60 días, una advertencia formal a las instituciones financieras sobre los riesgos asociados con la explotación del sistema financiero por parte de personas sin autorización para trabajar. Dicha advertencia deberá describir señales de alerta específicas relacionadas con la evasión de impuestos sobre nómina, el uso de documentos de identidad extranjeros, el empleo de empresas fantasma y la estructuración de transacciones en efectivo para eludir los umbrales de reporte de la Ley de Secreto Bancario.
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En un plazo de 90 días, el mismo funcionario deberá proponer cambios a las regulaciones de aplicación de la Ley de Secreto Bancario para fortalecer los requisitos de debida diligencia sobre los clientes, con el objetivo de identificar a titulares y beneficiarios de cuentas y evaluar riesgos de finanzas ilícitas. En un plazo de 180 días, el Secretario del Tesoro y los reguladores financieros federales deberán considerar modificaciones adicionales a los requisitos de identificación de clientes, incluyendo una evaluación de los riesgos que representan las tarjetas de identificación consular extranjeras para la integridad del sistema financiero.
La orden también instruyó a la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) a aclarar, en un plazo de 60 días, que la posible deportación y la consecuente pérdida de ingresos son factores que podrían afectar negativamente la capacidad de pago de un prestatario sin autorización para trabajar, permitiendo así a los prestamistas considerar dichos elementos en sus procesos de suscripción crediticia.
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El texto de la orden advirtió que los bancos deben estar atentos a los riesgos crediticios derivados del otorgamiento de hipotecas, préstamos para automóviles, tarjetas de crédito y otros tipos de financiamiento a extranjeros inadmisibles o sujetos a remoción. Según el documento, conceder crédito a personas sin autorización legal para trabajar, o que enfrentan un riesgo significativo de pérdida de ingresos, genera una deficiencia estructural en la capacidad de pago que socava la seguridad y solidez del sistema bancario nacional.
Como sustento adicional, la orden señaló que las transferencias transfronterizas de fondos de bajo monto han sido utilizadas para financiar actividades de terrorismo, narcotráfico y trata de personas. El documento citó análisis financieros que identificaron centros de actividad vinculada al fentanilo en EE.UU. relacionados con cárteles con sede en México, y mencionó un análisis sobre redes chinas de lavado de dinero que detectó cómo titulares de pasaportes extranjeros utilizaron cuentas en EE.UU. para facilitar el lavado de más de 312 mil millones de dólares para organizaciones criminales.
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El uso del Número de Identificación del Contribuyente Individual (ITIN, por sus siglas en inglés), documento empleado por millones de inmigrantes para cumplir con sus obligaciones fiscales en EE.UU., fue señalado expresamente en la orden como un factor de riesgo que podría requerir una mayor diligencia debida por parte de las instituciones financieras, lo que podría afectar directamente la capacidad de trabajadores migrantes para mantener cuentas bancarias y enviar remesas a sus países de origen, entre ellos México, principal receptor de divisas provenientes del vecino país del norte.
