La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo el 6 de mayo de 2026 que corresponde exclusivamente al senador morenista Enrique Inzunza Cázares determinar si solicita licencia al cargo, en medio de los señalamientos del Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. En la misma jornada, una investigación de Excélsior documentó la extensa red familiar con la que el legislador—quien también revirtió su postura y no acudió a la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión—pobló el Poder Judicial de Sinaloa y la estructura interna del Senado de la República.
Sheinbaum Pardo puso como referencia al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al alcalde con licencia de Culiacán de Rosales, Juan de Dios Gámez Mendivil, quienes optaron por separarse temporalmente de sus cargos mientras avanzan las investigaciones en su contra. “Rocha dijo: pido licencia mientras sigue la investigación porque no quiero ni afectar al pueblo de Sinaloa ni al movimiento al que pertenezco”, afirmó la mandataria nacional. Sin embargo, la presidenta de la República fue explícita al marcar distancia respecto a cualquier injerencia directa en la decisión del legislador sinaloense. “Es una decisión que toma él, igual el Alcalde de Culiacán y a los demás les corresponde a ellos definir o decidir, no a la Presidenta”, declaró. La titular del Poder Ejecutivo Federal también rechazó las críticas de sectores opositores que le demandan actuar contra funcionarios investigados. “Me acusan de autoritaria, de que soy del presidencialismo de la época de las cavernas y después dicen por qué la Presidenta no le pide la licencia”, expresó, al tiempo que reiteró que corresponde a la FGR realizar las investigaciones y que cualquier acusación debe sustentarse con pruebas.
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El propio senador protagonizó otro giro en la misma jornada al anunciar, a las 9:00 horas del 6 de mayo de 2026 mediante su cuenta en la red social X, que no se presentaría a la sesión de la Comisión Permanente, en contradicción directa con la postura que había sostenido días antes desde Badiraguato, Sinaloa, donde difundió un video informando que sí acudiría a ese espacio legislativo. “Mi rectitud y mi veracidad me imponen comunicar que no acudiré este día a la sesión de la Comisión Permanente”, escribió Inzunza Cázares, quien argumentó que su inasistencia buscaba impedir que “personeros de la derecha conservadora” convirtieran la sesión en “un espectáculo indigno del recinto parlamentario del Senado mexicano”. “Estoy en mi tierra, a ras de suelo y con la frente en alto, con las y los nuestros: el pueblo de Sinaloa”, concluyó el legislador.
EL “CLAN” FAMILIAR
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La investigación de Excélsior, publicada el 6 de mayo de 2026 con firma de la periodista Leticia Robles de la Rosa, documentó que la influencia de Inzunza Cázares—hasta esa fecha presidente de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado—allanó el camino a su esposa, tres hermanos, tres sobrinos y una prima en el Poder Judicial de Sinaloa, organismo que el propio legislador presidió de 2011 a 2014 y de 2016 a 2021. Su esposa, Claudia Yuridia Meza Avendaño, se desempeña como magistrada de primera instancia y presidenta de la Tercera Sala Civil, Mercantil y Familiar del Supremo Tribunal del Estado de Sinaloa. Sus hermanas Aída Inzunza Cázares y Lorena Inzunza Cázares ocupan, respectivamente, el cargo de magistrada electoral y el de jueza en el Juzgado Tercero Civil, mientras que su hermano Javier Inzunza Cázares es Secretario de Acuerdos en la misma institución.
Tres sobrinos completan la presencia de la familia en el organismo judicial sinaloense: Iliana Guadalupe Cázares Rodríguez es directora de la Región Norte del Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; Emilio Cázares Valdez ocupa la jefatura de la Unidad de Contabilidad de la Dirección de Finanzas de la Oficialía Mayor, y Diana Elide Iribe Cázares es jueza en Mocorito. Una prima, Yarely Lizeth Valdez Inzunza, se desempeña como jefa de la Unidad de Seguimiento de Causas y Atención al Público en los Juzgados de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal, zona Centro-Norte.
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LA RED SE EXTIENDE AL SENADO
En el Senado de la República, la hija del legislador, Aitana, trabaja en la Coordinación de Asesores de la bancada de Morena. La situación se sumó a la de Estefanía Méndez Rodríguez, jefa de Oficina del senador, cuya madre, Rocío Rodríguez Chávez, forma parte del cuerpo de asesores del propio Inzunza Cázares, en tanto que su hermano, Juan José Méndez, se desempeña como secretario particular del senador de Baja California Armando Ayala Robles, a quien también se señaló de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa durante su paso como alcalde de Ensenada—señalamientos que él rechazó. Según la Plataforma Nacional de Transparencia, Estefanía Méndez Rodríguez percibe 40 mil pesos mensuales netos, aunque los contratos disponibles en la misma plataforma registran un sueldo mensual pactado de 25 mil pesos, equivalente al de su hermano, mientras que el salario de su madre supera a ambos.
Ante la difusión de la investigación, Ignacio Mier Velazco, coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, confirmó que la hija de Inzunza Cázares trabaja en el equipo de asesores de la bancada, pero aseguró que no se trata de nepotismo porque la joven no está bajo las órdenes directas de su padre, según informó la propia periodista Robles de la Rosa.
El asunto resulta particularmente significativo dado que Inzunza Cázares, pese a pertenecer a un movimiento político que prohíbe el nepotismo y haber aprobado una reforma constitucional para prohibirlo, acumuló esa extensa red familiar en instituciones públicas. Todos los cargos identificados en el Senado—los de la hija del legislador y los de la familia de su jefa de Oficina—datan de septiembre de 2024, cuando llegó al cargo, y se mantuvieron sin modificación tras el cambio de coordinador de la bancada, de Adán Augusto López Hernández a Mier Velazco.
LA HERMANA QUE VALIDÓ EL TRIUNFO DE ROCHA MOYA
El caso tiene además una arista electoral que refuerza la imbricación familiar. Aída Inzunza Cázares, hermana del senador y magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (TEES), fue quien elaboró el dictamen que validó el triunfo de Rocha Moya en la elección para la gubernatura de Sinaloa de 2021. El TEES avaló por unanimidad ese resultado el 17 de agosto de 2021, en sesión extraordinaria, pese a que se documentaron 206 incidentes durante la jornada electoral del 6 de junio de 2021, de los cuales 23 requirieron la suspensión definitiva de la votación en casilla—seis por riesgo de violencia, 16 por robo y destrucción de material electoral y una por otras causas. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó el recurso TESIN-INC-06/2021, en el que denunció privaciones de la libertad de representantes de casilla, robo de urnas y presencia de personas armadas; el tribunal lo rechazó al considerar que las pruebas consistían únicamente en publicaciones de redes sociales y medios locales. Inzunza Cázares sostuvo en esa sesión que “en la elección de la gubernatura del estado de Sinaloa fueron cumplidos a cabalidad los principios rectores del proceso electoral”.
El telón de fondo es la acusación que el DOJ presentó el 29 de abril de 2026 ante la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que señala a Inzunza Cázares—de 53 años, originario de Badiraguato—como enlace clave entre la cúpula de “Los Chapitos” y el propio Rocha Moya. Según el documento, el legislador habría participado junto al gobernador en una reunión posterior a la elección de junio de 2021 en la que se negociaron con ese grupo criminal las condiciones para que tomara el control de la Policía Estatal de Sinaloa, y acordó planes específicos para que el Gobierno del estado apoyara y protegiera al cártel a cambio de favores que mantendrían a los acusados en el poder. Antes de asumir su curul en agosto de 2024, Inzunza Cázares se desempeñó como secretario general del Gobierno de Sinaloa bajo las órdenes de Rocha Moya, cargo que dejó en febrero de 2024. Los cargos en su contra incluyen conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer dispositivos destructivos—delitos que contemplan cadena perpetua con mínimo obligatorio de 40 años de prisión en el sistema judicial de EE.UU.—, y hasta el 6 de mayo de 2026 el legislador no había solicitado licencia ni comparecido ante sus colegas en el Congreso de la Unión.
