Señalaron que en los últimos dos años han revertido alrededor de 900 sobredosis con naloxona y advirtieron que el acceso limitado al medicamento pone en riesgo a personas consumidoras de opioides en la frontera norte.
Ante la crisis de consumo de opioides en la región fronteriza, organizaciones civiles llamaron a atender las iniciativas de ley para desclasificar la naloxona y ampliar el acceso al medicamento utilizado para revertir sobredosis.
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Las propuestas fueron presentadas ante el Congreso de la Unión por los legisladores Juan Carlos Loera de la Rosa, José Manuel Cruz Castellanos y Ricardo Monreal. La iniciativa impulsada por Loera y Cruz Castellanos fue presentada el 24 de febrero, mientras que la propuesta de Monreal fue presentada el 29 de abril.
Integrantes de PrevenCasa A.C. señalaron que la naloxona se encuentra clasificada como psicotrópico en la Ley General de Salud, lo que limita el acceso inmediato al medicamento durante emergencias relacionadas con fentanilo y otros opioides. La organización forma parte de una alianza con Verter A.C. y Programa Compañeros.
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Alfonso Chávez, coordinador de Reducción de Daños de PrevenCasa A.C., afirmó que han documentado casos en los que policías y otras corporaciones decomisan o destruyen naloxona al desconocer su uso médico, pese a que colectivos y personal de salud capacitan constantemente a posibles testigos de sobredosis para atender emergencias.
“Lo que hemos documentado es que les quitan la naloxona. Hay muchas personas que se han encargado de capacitar a posibles testigos de una sobredosis y se les proporciona naloxona. Y entonces se lo quitan: Guardia Nacional, policías. Quienes no conocen esta sustancia buscan en internet y al encontrar que está clasificada como psicotrópico, la destruyen”, expresó.
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Durante la conferencia, la organización advirtió que personas consumidoras de drogas inyectables, metanfetaminas, cocaína y benzodiacepinas enfrentan mayor riesgo de sobredosis debido a la presencia de fentanilo en distintas sustancias sin conocimiento de quienes las consumen. Sandra Martínez, promotora de salud de PrevenCasa A.C., agregó que también existe riesgo entre jóvenes que experimentan con drogas y personas que salen de rehabilitación y vuelven a consumir la misma cantidad de opioides que utilizaban antes del tratamiento.
Asimismo, indicaron que alrededor del 60 por ciento de quienes consumen heroína o fentanilo en la región han sido deportados de Estados Unidos, donde iniciaron el consumo de estas sustancias antes de continuar en ciudades de la frontera norte.
Chávez señaló que durante los últimos dos años han revertido alrededor de 900 sobredosis mediante la aplicación de naloxona y explicó que durante 2022 y 2023 llegaron a atender hasta cinco o seis emergencias diarias, incluso de manera simultánea. Aunque actualmente el número de casos ha disminuido, continúan registrando entre una y dos sobredosis diarias, situación que atribuyeron a la presencia comunitaria del medicamento y a las capacitaciones realizadas en zonas de consumo.
La organización también señaló que existe un subregistro oficial de sobredosis relacionadas con opioides, debido a que en muchos casos no se realizan pruebas para identificar la sustancia involucrada y porque gran parte de la problemática ocurre en poblaciones que no suelen ser consideradas en encuestas realizadas en hogares.
Finalmente, hicieron un llamado para que la naloxona pueda distribuirse en hospitales, ambulancias, corporaciones de emergencia y espacios comunitarios, además de permanecer disponible para posibles testigos de una sobredosis como bomberos, policías, personal de bares, amistades o familiares.
También señalaron que colectivos dedicados a reducción de daños llevan alrededor de ocho años sin recursos federales, por lo que gran parte de su trabajo depende actualmente de donaciones.
“Tenemos ocho años sin recurso federal, sin apoyo en programas de reducción de daños, costos para jeringas y otro tipo de insumos. Entonces, la gran pregunta es cuándo vamos a tener recursos para integrar este medicamento a todos estos servicios de salud, porque organizaciones de Ciudad Juárez, Mexicali y Tijuana muchas veces sobreviven mediante donaciones e insumos. Entonces, es ahí donde pasemos de la narrativa y el discurso a la práctica”, señalaron.
