Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, expresó el 20 de mayo de 2026 su confianza en que el senador Enrique Inzunza Cázarez se presente a los trabajos del periodo extraordinario de sesiones convocado para la semana del 26 del mismo mes y año, pese a que el legislador sinaloense no ha pisado el Senado de la República desde que el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) lo acusó formalmente de presunta complicidad con el Cártel de Sinaloa (CDS).
“Él es muy responsable, seguramente estará aquí. Creo que él va a actuar con responsabilidad y va a llegar aquí”, declaró Monreal Ávila al ser cuestionado sobre el paradero e intenciones del legislador sinaloense. Según sus publicaciones en redes sociales, Inzunza Cázarez ha permanecido en el estado de Sinaloa desde que trascendió la acusación, mientras su equipo de trabajo sigue asistiendo a su oficina en la Cámara Alta.
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La ausencia de Inzunza Cázarez del recinto legislativo se remonta al 6 de mayo de 2026, cuando anunció a través de la red social X que no se presentaría a la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en contradicción con lo que había prometido días antes. El legislador justificó su inasistencia argumentando que no quería ofrecer a integrantes de la oposición la oportunidad de protagonizar lo que calificó como “un espectáculo indigno del recinto parlamentario del Senado mexicano”. El 10 de mayo de 2026, el senador rompió su silencio digital con una fotografía publicada en Instagram en la que aparece junto a su madre en la localidad de Batequitas, perteneciente al municipio de Badiraguato, Sinaloa, sin referirse en ningún momento a los señalamientos en su contra.
La acusación formal contra Inzunza Cázarez fue presentada el 29 de abril de 2026 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ante la jueza federal Katherine Polk Failla, en el marco del expediente que señala también al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros ocho funcionarios y exfuncionarios de esa entidad. El documento, desclasificado por el fiscal Jay Clayton y el director de la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA), Terrance C. Cole, describe a Inzunza Cázarez como un enlace clave entre los líderes de la facción del CDS conocida como Los Chapitos —identificados como Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias “El Chapito”, y Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”— y el propio Rocha Moya. Según la acusación, el senador participó junto al gobernador con licencia en una reunión posterior a la elección de junio de 2021 en la que se negociaron con la cúpula del cártel las condiciones para que esa organización tomara el control de la Policía Estatal de Sinaloa. Los cargos en su contra incluyen conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer dispositivos destructivos, delitos que contemplan cadena perpetua con mínimo obligatorio de 40 años de prisión en el sistema judicial estadounidense. Inzunza Cázarez conserva fuero constitucional al mantener activo su cargo en el Senado de la República.
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En la misma ocasión, Monreal Ávila se pronunció respecto a la anunciada renuncia del actor y diputado Sergio Mayer Bretón a las filas de Morena, a la que calificó como una determinación lamentable. “A mí me duele siempre que una persona renuncia a Morena, no me alegra ni lo aplaudo; porque cualquier persona que se va de Morena o cualquier persona que renuncia a nuestro movimiento no es conveniente, no me alegra”, declaró el coordinador morenista. El legislador rechazó que esa salida vaya a desembocar en una desbandada al interior del partido gobernante. “Mayer ya tenía meses incómodo. Ojalá y reconsidere, pero no me alegra ni aplaudo que un militante se vaya”, expresó.
El caso Inzunza Cázarez mantiene bajo presión a la bancada de Morena en el Senado de cara al periodo extraordinario, en un momento en que la relación bilateral entre México y EE.UU. atraviesa una etapa de alta tensión derivada precisamente del manejo del caso Sinaloa. La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación propia para determinar si la documentación enviada por las autoridades estadounidenses reúne los estándares que exige la legislación mexicana para proceder, mientras la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) solicitó formalmente al DOJ las evidencias que respalden los cargos mediante una nota diplomática enviada el 5 de mayo de 2026.
