El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, Omar Hamid García Harfuch, aseguró el 4 de mayo de 2026 que el Gabinete de Seguridad no contaba con ningún indicio que vinculara al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con el cártel de Los Chapitos, pese a las acusaciones formuladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) en su contra.
García Harfuch realizó estas declaraciones durante una conferencia de prensa celebrada en la Novena Zona Militar, en Culiacán de Rosales, Sinaloa, donde estuvo acompañado por el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Ricardo Trevilla, y el titular de la Secretaría de Marina (SEMAR), Raymundo Pedro Morales, así como por la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde.
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“Por supuesto que nosotros no teníamos ningún indicio, llevamos desde el inicio de la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, como ya lo dijeron mis compañeros del Gabinete, pues, los resultados, las detenciones, y nunca hemos tenido una obstrucción por parte de algún funcionario del Gobierno del Estado para continuar o realizar las operaciones que les presentamos”, afirmó el titular de la SSPC Federal.
El funcionario sostuvo que, durante todo el tiempo que operó la estrategia de seguridad en la entidad, jamás se registró un intento de obstrucción a las acciones de las fuerzas federales en Sinaloa. Agregó que tampoco existen elementos para considerar que Rocha Moya pueda ser víctima de un atentado, pese a que el Gabinete de Seguridad recomendó asignarle un cuerpo de seguridad tras la licencia solicitada.
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“No tenemos ningún indicio, ni ningún dato de que pueda ser atacado o siquiera de que tenga alguna amenaza”, enfatizó García Harfuch.
La semana previa, el DOJ solicitó la detención provisional con fines de extradición en contra de Rocha Moya y otros nueve funcionarios y ex funcionarios del Gobierno de Sinaloa, acusados de haberse aliado con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán a cambio de protección durante el proceso electoral de 2021.
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Sin embargo, el Gobierno de México descartó la existencia de urgencia en dicha solicitud. La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó que la petición no acredita los elementos necesarios para proceder bajo la figura de detención provisional. “La Fiscalía General de la República emitió opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respecto a que la parte requirente no aportó ningún elemento o prueba que acredite la urgencia, por lo que la solicitud no se encuentra debidamente fundamentada”, afirmó Alcalde Luján.
La consejera explicó que el Artículo 11 del tratado de extradición entre México y Estados Unidos permite solicitudes de detención provisional únicamente en casos urgentes, cuando exista riesgo de sustracción u obstaculización del proceso y se presenten elementos que lo sustenten. Ante la falta de esos requisitos, la FGR solicitó al tribunal estadounidense que aporte la información necesaria para continuar con el procedimiento conforme al marco legal vigente.
Alcalde Luján advirtió, además, que el proceso debió mantenerse bajo confidencialidad para proteger el debido proceso y la presunción de inocencia de los involucrados: “Los procesos de extradición deben ser entregados de manera confidencial para preservar el debido proceso y la presunción de inocencia”.
En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó desde Palacio Nacional que instruyó al Gabinete de Seguridad a trasladarse a Sinaloa para reunirse con Bonilla Valverde y explicarle los mecanismos de coordinación vigentes. La mandataria nacional descartó acudir personalmente a la entidad en los días siguientes, pues tiene programada una gira por Sonora. Los titulares de la SEDENA y la SEMAR precisaron que, por instrucciones de Sheinbaum Pardo, las fuerzas militares permanecerán en Sinaloa y, de ser necesario, se incrementará el número de efectivos desplegados.
