El que la debe piensa mal…

Al final, a pesar de la protección de la Presidenta, del espaldarazo político que le dio desde Palacio Nacional, de la defensa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la exigencia de pruebas en su contra por parte de la Fiscalía General de la República, de decir que el que nada debe nada teme, y de recibir apoyo público de parte de toda la clase política morenista incluyendo legisladores, gobernadores y demás, Rubén Rocha Moya solicitó licencia al cargo y se fue.

Finalmente él o alguien en el grupo de la Presidencia consideraron que la acusación por narcotráfico que obra en su contra, y en la de nueve de sus excolaboradores, colaboradores y el alcalde de Culiacán, en la Corte de Distrito Sur de Nueva York, sí resultaba un lastre para el morenismo, que arriba señalado de corrupción, complicidad con el narcotráfico y de amenazas en el proceso electoral del 2021, a los comicios del 2027, cuando la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfrentará su elección intermedia, donde no sólo está en juego mantener el control del Poder Legislativo, sino también la elección en 17 estados de la República Mexicana.

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La política de la Presidencia de la República ha sido, hasta ahora y en los hechos, de proteger a los suyos que son señalados de corrupción. Lo mismo un exsecretario de Gobernación y senador de la República como Adán Augusto López, cuyo gobierno en Tabasco también fue exhibido por estar ligado al narcotráfico en la persona de quien fuera su secretario de Seguridad, que un legislador como Gerardo Fernández Noroña, evidenciado por adquirir una residencia cuyo costo millonario no hay manera de justificar con los ingresos que percibe; o los excesos de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, como el mayor, Andy López Beltrán, exhibido por su viaje de lujo y compras en casas de diseñador en Japón, o la adquisición de una costosa obra de arte. Para todos ellos, la Presidenta ha tenido una defensa frontal y las autoridades investigadoras han permanecido mirando hacia otro lado.

En ese contexto de protección, impunidad y el tufo de la corrupción y las ligas con el narcotráfico, el contrapeso a Morena y sus gobiernos no está en México, al mantener control sobre todas las instituciones, sino en el extranjero, en Estados Unidos, país que desde el día uno de la presidencia de Donald Trump, el 20 de enero de 2025, anunció un embate hacia los cárteles de las drogas en México y a todos aquellos que los apoyaran, ciudadanos o funcionarios, al clasificar a siete de las mafias mexicanas como organizaciones terroristas.

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Pero los políticos morenistas o no le creyeron al mandatario norteamericano, o consideraron que la soberanía mexicana también incluía las cortes de los Estados Unidos, porque poco a poco han ido cayendo como fichas de un dominó marcado por la sospecha de relaciones ilícitas.

Cuando en mayo de 2025, hace exactamente un año, le fue revocada la visa de turista para ingresar a los Estados Unidos a la gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila, se convirtió en la primera mandataria en funciones en ser prácticamente declarada persona non grata para la Unión Americana, y varios otros gobernadores morenistas como ella, fueron mencionados por sus propias sociedades como los siguientes en revocarles la visa el Gobierno de los Estados Unidos, entre ellos, Alfonso Durazo, de Sonora, Américo Villarreal, de Tamaulipas, y Rubén Rocha Moya, de Sinaloa, por mencionar algunos.

Meses después, el mismo Gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, ubicó a otra morenista, Araceli Brown Figueredo, exalcaldesa de Rosarito y diputada federal en la actualidad, en una red de protección y lavado de dinero para una célula del Cártel de Sinaloa en la región costa de Baja California. Por esos días, el Cónsul de los Estados Unidos en Tijuana, Chris Teal, advirtió que quien tuviese relaciones con los cárteles de la droga, caería, pero que también por el momento tenían una ventana de oportunidad abierta para acercarse a su gobierno y proveer información sobre las relaciones ilícitas en orden de no ser señalados. Es evidente, por el retiro de visas que se mantiene activo en la frontera norte de México, que pocos -o nadie- acudieron al llamado.

Y que aquellos que decían no deber y, por tanto, no temer, hoy temen ser los siguientes en integrar una investigación del Departamento de Justicia de la Unión Americana, o perder el privilegio de su visa de turista para entrar en el territorio de aquel país.

Las medidas contra aquellos que, de alguna manera, han contribuido al crecimiento del tráfico de drogas de México hacia los Estados Unidos no han cesado; de hecho, hace no muchas semanas advirtieron autoridades de aquel país que vendrían más sanciones. La de abril fue la acusación formal contra el otrora todopoderoso y protegido de López Obrador y Sheinbaum, Rubén Rocha Moya; la de mayo aún no llega, pero ya hace temblar a la clase política morenista que, aun cuando en México se precian de ser intocables y ser parte de la maquinaria político electoral del partido oficialista, en la Unión Americana son vulnerables.

La filtración de una lista de políticos mexicanos en la mira de los Estados Unidos, aun cuando no se revelaron nombres, mantiene en vilo al poder político mexicano, que encabezado por Morena ha tenido un desgaste impresionantemente rápido: apenas ocho años de haber ganado la Presidencia de la República y el Poder Legislativo, y donde, considerando la licencia de Rocha Moya, la narrativa presidencial de defenderlos a ultranza o de desviar la atención hacia el caso de Genaro García Luna, también acusado por una Corte de Nueva York en circunstancias similares a las de Rocha, ya no está funcionando, dado que decidieron sacrificar al sinaloense en lugar de mantener el halo protector.

Ahora sí que el que debe, teme, y en estos momentos son muchos los políticos que piensan que pueden no sólo perder su visa de los Estados Unidos, sino ser acusados formalmente en el país vecino del norte que, además, en este contexto, su Departamento de Estado anunció que iniciará una revisión de los 53 consulados mexicanos en su territorio. Veamos qué encuentran.