Tras la reciente liberación de Jovanny “N”, señalado por maltratar y matar al gato conocido como “Angelito”, un grupo de animalistas y activistas señalaron omisiones en el actuar de las autoridades.
El viernes 8 de mayo se realizó una manifestación, que arribó a la Fiscalía General del Estado (FGE) y concluyó en Palacio Municipal, en donde los asistentes señalaron presuntas omisiones por parte de las autoridades en la retención del acusado.
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Así lo consideró Patricia Sandoval, fundadora de Patitas Firmes, quien indicó que, pese a contar con pruebas suficientes para detener al acusado, este fue liberado por la Fiscalía General del Estado y jueces municipales debido a que no existía una orden de aprehensión.
Jovanny “N” fue detenido el pasado 28 de abril por faltas administrativas y trasladado a la Estancia Municipal de Infractores; sin embargo, al cumplirse las 48 horas de arresto fue liberado al no contar con una orden de aprehensión en su contra, esto a pesar de que desde noviembre de 2025 existía una denuncia formal contra él por presunto maltrato hacia otro gato.
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“Ya sabían quién era él desde el nombre. No entendemos por qué lo dejaron ir”, expresó Sandoval.
En ese sentido, recordó que han ocurrido situaciones similares con otros detenidos que posteriormente recuperaron su libertad. Como ejemplo: mencionó el caso del presunto responsable de la muerte de “Chato”, un perro pitbull asesinado en noviembre del año pasado, quien actualmente enfrenta el proceso en libertad con medidas cautelares.
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Bryan Aguilar, cofundador de la misma organización, señaló que semanalmente reciben entre 30 y 40 denuncias relacionadas con maltrato animal a través de redes sociales, muchas de ellas acompañadas de fotografías, videos y datos de los presuntos responsables.
Los activistas consideraron que existe falta de interés por parte del personal de la Fiscalía para atender asuntos relacionados con maltrato animal, y señalaron que la fiscalía especializada se encuentra rebasada debido a la falta de agentes de investigación.
En ese punto coincidió Ilse Vázquez, exfiscal especializada en delitos a los animales y medio ambiente, quien advirtió que dicha unidad no cuenta con el personal suficiente para ejercer sus labores.
“No se puede hacer mucho con dos ministerios públicos, cuatro auxiliares y dos policías asignados a la Fiscalía especializada. Urge que la Fiscalía General del Estado dote de personal y estructura a esta unidad para que pueda realizar bien su trabajo”, expresó.
Vázquez lamentó además la descoordinación entre las dependencias municipales y la Fiscalía del Estado, y señaló directamente al titular de la fiscalía especializada en delitos ambientales y contra los animales.
“Es lamentable la descoordinación entre la Fiscalía y el Ayuntamiento. El licenciado Vizcarra debió haber estado desde el primer momento atento a todas las diligencias de este caso”, comentó.
Tras ser cuestionado al respecto, el presidente municipal Ismael Burgueño se deslindó del caso y señaló que la investigación compete exclusivamente a la Fiscalía especializada en medio ambiente y protección animal, esto a pesar de los señalamientos de activistas sobre la participación de jueces municipales en la liberación del acusado, mientras que la Fiscalía General del Estado no ha emitido posicionamiento al respecto.
