“Andy” reta a Loret a probar acusación de nexos con el cártel de Sinaloa

Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy”, hijo del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador, emitió el 5 de mayo de 2026 un emplazamiento público al periodista Carlos Loret de Mola Álvarez, al que acusó de calumniador y exigió presentar “una sola prueba” de los señalamientos difundidos en una columna de investigación publicada ese mismo día, en la que el comunicador afirmó que él y su hermano “Bobby” López Beltrán recibieron dinero en efectivo de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien enfrenta cargos en Estados Unidos por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa.

En la carta, firmada en la Ciudad de México el 5 de mayo de 2026 y dirigida directamente a Loret de Mola Álvarez, Andrés Manuel López Beltrán descalificó al comunicador como “un periodista mercenario al servicio de los intereses más mezquinos de este país, ahora del extranjero y del hampa de la política”. Advirtió también que, de no presentarse las pruebas exigidas, asumirían “lo que siempre hemos sabido”, y cuestionó la trayectoria profesional del periodista, a quien acusó de haber fabricado “montajes para quienes hoy están purgando condenas en Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico”.

Publicidad

Loret de Mola Álvarez publicó ese mismo día en Latinus que Díaz Vega fue el operador que coordinó la entrega de portafolios con efectivo a los hijos del expresidente: en ocasiones, los López Beltrán viajaban a Sinaloa, donde el entonces gobernador Rocha Moya los recibía personalmente; cuando no realizaban esos desplazamientos, los envíos de dinero llegaban a la Ciudad de México. Cuando los hermanos no podían actuar directamente, intervenía Amílcar Olán, descrito como su operador financiero. Según el periodista, sus fuentes cuentan con acceso de primer nivel a la investigación en curso y conocimiento vigente de los hechos. La columna afirmó que los involucrados “sabían perfectamente de dónde venía ese dinero”.

Los negocios de los López Beltrán con Díaz Vega habrían abarcado obra pública, medicamentos y equipamiento hospitalario, según la columna. Al exfuncionario se le atribuye también haber actuado como enlace entre Rocha Moya y el cártel de Sinaloa, con testimonios sobre reuniones con representantes de la organización criminal —en ocasiones con algún hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán— y haber estructurado una red de empresas para el lavado de dinero, contratos de obra pública, empresas fachada y permisos de explotación en Mazatlán, Sinaloa. Todo ello, según la investigación, derivó del pacto entre Rocha Moya y la organización criminal, documentado en las 34 páginas del resumen de la acusación presentada por el Gobierno de Estados Unidos contra diez funcionarios mexicanos.

Publicidad

La cronología de la salida de Díaz Vega del cargo añade contexto a la investigación. El 3 de julio de 2024, el exfuncionario anunció su renuncia a la Secretaría de Administración y Finanzas de Sinaloa. Tres semanas después, el capo Ismael “El Mayo” Zambada García fue trasladado a territorio estadounidense y entregado a las autoridades de EE.UU., hecho que desencadenó la fractura interna y la guerra dentro del cártel de Sinaloa. Las versiones sobre su salida anticipada difieren: unos sostienen que abandonó el cargo por la incapacidad de sostener los compromisos económicos adquiridos y el temor por su propia seguridad; otros afirman que previó lo que se aproximaba.

Los roces entre Loret de Mola Álvarez y los hijos del expresidente tienen al menos dos años de historia documentada. En junio de 2024, José Ramón López Beltrán, el mayor de los hijos del expresidente, respondió en la red social X a señalamientos del periodista —entre ellos el relativo a una residencia en Houston, Texas, rentada junto a su esposa Carolyn Adams Solano a Keith L. Schilling, entonces ejecutivo de Baker Hughes, contratista de Petróleos Mexicanos (PEMEX)— y los calificó como “calumnias”. En ese mismo periodo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), fue señalada de investigar tanto a Loret de Mola Álvarez como a Latinus, extremo que el entonces presidente López Obrador negó reiteradamente desde su conferencia de prensa matutina en el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

Pablo Gómez Álvarez, titular de la UIF, confirmó el 3 de julio de 2024 que la dependencia investigaba a Latinus por los presuntos delitos de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero precisó que la denuncia —presentada desde el 20 de mayo de 2021— no incluía a Loret de Mola Álvarez ni a ningún otro comunicador que laborara en dicho consorcio. El funcionario detalló que los recursos investigados provenían de los estados de Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas de forma directa, y de los de México, Michoacán e Hidalgo de manera indirecta, por una suma superior a los 2 mil 400 millones de pesos.

La columna del 5 de mayo de 2026 representa la escalada más reciente en un enfrentamiento que durante años involucró acusaciones cruzadas entre Loret de Mola Álvarez y el entorno de López Obrador. En esta ocasión, el señalamiento apunta directamente a los hijos del expresidente y los vincula, a través de Díaz Vega, con la estructura financiera que la acusación del Gobierno de Estados Unidos atribuye al cártel de Sinaloa. La respuesta de Andrés Manuel López Beltrán, publicada el mismo día, convirtió el intercambio en un diferendo de carácter legal, al formular un emplazamiento formal para que el periodista acredite sus afirmaciones.