La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló el 9 de abril de 2026, en conferencia mañanera celebrada en Palacio Nacional, que la revocación de mandato podría aplicarse a juzgadores, al recordar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya contempla los mecanismos necesarios para que cualquier grupo ciudadano solicite dicho proceso en contra de funcionarios electos, incluidos los integrantes del Poder Judicial de la Federación.
Sheinbaum Pardo explicó que la propia Constitución establece que, mediante la recolección de un número determinado de firmas, los ciudadanos pueden solicitar al Instituto Nacional Electoral (INE) la realización de consultas públicas. Para que el resultado de estas consultas sea vinculatorio, se requiere alcanzar un porcentaje específico de la votación respecto al padrón electoral. “Si hay un grupo de ciudadanos que quiere la revocación de mandato de tal persona lo puede pedir al INE. El INE toma la decisión si procede de acuerdo a las leyes, de acuerdo a la Constitución y se hace la votación”, declaró la mandataria nacional.
La titular del Poder Ejecutivo Federal indicó que estos instrumentos de democracia participativa “existen desde hace tiempo” en el marco constitucional y no representan una novedad jurídica. En ese sentido, recordó que su primera propuesta de reforma electoral —denominada Plan A— incluía un capítulo orientado a ampliar la capacidad de decisión ciudadana en municipios, estados y el ámbito federal, así como a fortalecer las figuras de consulta pública. Sheinbaum Pardo anunció que ese planteamiento podría retomarse en una reforma posterior.
Respecto a la posibilidad de impulsar una iniciativa constitucional específica para la revocación de mandato de jueces, la presidenta de la República consideró que el asunto requiere revisión. Subrayó que los juzgadores tienen la obligación de cumplir con su función, y que en caso de incumplimiento, los ciudadanos cuentan con el derecho de denunciarlo. “El pueblo manda y si un juez no está cumpliendo con su papel… está bien que se denuncie que no está cumpliendo con lo que debe ser, que finalmente es el cumplimiento de las leyes y la administración de la justicia”, afirmó.
Las declaraciones de Sheinbaum Pardo se producen en el contexto de la reforma judicial aprobada en 2024, que introdujo la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistradas, magistrados y juezas y jueces federales mediante voto popular. Dicha reforma transformó de manera estructural el sistema de designación de operadores jurídicos en México, trasladando al electorado una decisión que históricamente correspondía a los poderes Ejecutivo y Legislativo.
El debate respecto a los mecanismos de rendición de cuentas del Poder Judicial cobró relevancia en los últimos meses ante resoluciones de juzgadores federales que frenaron o modificaron políticas impulsadas por el Gobierno Federal, generando tensiones institucionales entre los tres poderes de la Unión.







