Ante la alarmante cifra de 132 mil 694 personas desaparecidas y no localizadas en México (corte al 30 de marzo), el pasado 18 de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Protocolo Nacional para Activación de Alerta de Búsqueda. Este nuevo marco legal, busca establecer una ruta para la localización e identificación expedita mediante la coordinación entre el sector público y privado.
Mecanismo de activación y coordinación institucional
El protocolo simplifica el reporte: cualquier ciudadano puede registrar una desaparición en el portal del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), generando automáticamente un folio y una ficha de búsqueda. Cuando la autoridad tenga conocimiento del caso, debe realizar el registro “sin dilación”. La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), es ahora la encargada de distribuir estas fichas de forma automatizada a fiscalías, comisiones locales y entidades privadas.
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En estados fronterizos como Baja California, el protocolo exige medidas específicas. Las fiscalías deben colaborar con el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para difundir fichas en aduanas y puertos. Además, se faculta a las fiscalías para utilizar inteligencia artificial en la progresión de edad de las imágenes y en la difusión masiva en redes sociales.
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El papel del sector privado
Un factor que ahora se incluye en el protocolo, y que podría ser la clave para un mayor alcance en la difusión de las fechas de búsqueda, es el papel del sector privado, sobre quien recae la obligatoriedad de la difusión en sus diferentes ámbitos.
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Por ejemplo: los centros de rehabilitación colocarán las fichas a la vista en áreas comunes y de atención a familiares; las televisoras y radiodifusoras, deberán difundir las fichas en horarios de alta audiencia; el sector del transporte las compartirá en terminales, monitores y redes sociales oficiales; las cadenas de autoservicio las colocarán en áreas de alta afluencia y pantallas digitales, lo mismo que los hoteles y restaurantes, así como centros recreativos, estadios, auditorios, etcétera.
El mayor reto: la opacidad
A pesar de la robustez del papel, el protocolo enfrenta un obstáculo crítico: la disparidad de datos. Mientras el registro nacional (RNPDNO) reporta 4 mil 910 desaparecidos en Baja California (corte al 30 de marzo), colectivos como Elementa DD.HH. han documentado realidades mucho más crudas.
Para finales de 2022, la Fiscalía General del Estado (FGE) admitía más de 17 mil casos abiertos. Sin embargo, solicitudes de transparencia más recientes (febrero 2025), revelaron la existencia de más de 40 mil carpetas de investigación iniciadas por desaparición entre 2007 y 2024, pero la autoridad no especificó cuántos casos seguían abiertos.
La falta de precisión de la FGE sobre cuántos de estos casos siguen vigentes y su resistencia a responder recursos de inconformidad mantienen a Baja California en una crisis de opacidad que amenaza con neutralizar los alcances de este nuevo protocolo nacional.
