El Gobierno de México rechazó el 6 de abril de 2026 el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al argumentar que el organismo no consideró los avances de la administración actual en materia de búsqueda de personas, mientras la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) catalogó la postura del CED como sesgada y contradictoria. El rechazo se produjo días después de que el CED solicitara remitir con carácter urgente la situación mexicana ante la Asamblea General de la ONU.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó en su conferencia mañanera del 6 de abril de 2026 que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) habían enviado meses antes documentos al CED en los que se detallaban los avances del Gobierno en este tema desde 2019, pero que dichos materiales no fueron tomados en cuenta por el comité al momento de emitir su resolución. “Se les informó los trabajos y avances que hemos venido haciendo con la comisión de búsqueda y no fueron considerados, por eso se rechazó el documento”, declaró la mandataria federal.
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Sheinbaum Pardo señaló que el CED realizó su análisis con base en información de cuatro entidades federativas —Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco— correspondiente al periodo de 2009 a 2017, y que los resultados fueron proyectados hasta 2025 sin considerar los cambios registrados en la legislación y en la operación de la Comisión Nacional de Búsqueda. “Esto no tiene nada que ver con el trabajo que hacemos con los colectivos de búsqueda, la solidaridad con padres de familia, con familiares de víctimas de desaparecidos y el trabajo que estamos haciendo para erradicar este terrible delito”, afirmó la titular del Poder Ejecutivo Federal. La presidenta de la República añadió que la SRE y la SEGOB ofrecerían detalles adicionales sobre la evolución del proceso.
El Gobierno de México también rechazó el documento del CED por considerarlo desactualizado, al referirse en su mayoría a casos ocurridos durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, y por carecer, según la postura oficial, de rigor jurídico. El 2 de abril de 2026, la SRE y la SEGOB habían señalado formalmente que en México no existe una práctica de desaparición forzada constitutiva de crimen de lesa humanidad cometida de manera sistemática y generalizada.
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La CNDH se sumó al rechazo institucional al emitir un pronunciamiento en el que catalogó la decisión del CED como una postura sesgada, contradictoria y carente de perspectiva histórica e internacional. El organismo sostuvo que el comité de la ONU basó su resolución en peticiones de organizaciones no gubernamentales y colectivos de familiares, y cuestionó que se hubieran privilegiado, en su criterio, los planteamientos de organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez por encima de los esfuerzos institucionales, financieros y presupuestales desplegados por el Estado mexicano en los últimos siete años. La CNDH también acusó al CED de ignorar los artículos 30 y 31 del tratado internacional, relativos a las condiciones para su intervención, al no haberse agotado previamente las instancias nacionales previstas en la convención.
La comisión precisó que las desapariciones forzadas como política de Estado corresponden a los periodos históricos de la llamada “Guerra Sucia”, entre 1951 y 1990, y de la denominada “guerra contra el narcotráfico”, entre 2006 y 2012. Recordó que desde 2023 ha advertido del uso faccioso de las cifras de personas desaparecidas, y que en la gestión actual ha emitido 14 recomendaciones por desaparición forzada sobre hechos de años anteriores y otras cinco por casos recientes, con expedientes que abarcan desde 1958 hasta 2022 en estados como Morelos, Sinaloa, Durango, Guerrero y Puebla. Asimismo, rechazó la propuesta de cooperación técnica, asistencia especializada y apoyo financiero planteada por el CED, al considerar que reproduce fórmulas externas que, a su juicio, no mejoraron con anterioridad la situación de los derechos humanos en el país.
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En sentido contrario, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) destacó el informe de la ONU como una oportunidad para construir estrategias que permitan prevenir, perseguir y sancionar el delito de desaparición, y convocó a la presidenta de la República a sostener un encuentro de trabajo. El MNDM explicó que el trabajo del CED recopila información desde 2012 y recibió aportaciones adicionales en 2025, tanto de parte del Estado mexicano como de la sociedad civil y las familias de personas desaparecidas. En un comunicado, el movimiento subrayó que “si bien gran parte de la información proporcionada se refiere a Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco, el informe menciona que las desapariciones en México son sistemáticas y generalizadas”.
Los datos consignados por el CED en su informe reflejan la dimensión del fenómeno: entre el 1 de enero de 2023 y el 22 de abril de 2025 se registraron 28 mil 880 desapariciones de personas y se identificaron más de 4 mil 500 fosas clandestinas. En ese mismo periodo se encontraron más de 6 mil 200 cuerpos y 4 mil 600 restos humanos. A inicios de 2026, los restos humanos sin identificar en México ascendían a cerca de 72 mil, frente a los 52 mil contabilizados durante la visita del CED al país en 2021. Por su parte, Amnistía Internacional celebró la decisión del comité, pidió al Estado mexicano aceptar la cooperación internacional y advirtió que la crisis en torno a las desapariciones afecta a más de 132 mil familias en el país.
El CED fundamentó su solicitud de remisión urgente a la Asamblea General de la ONU en que la información recibida parece contener indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, aunque el mismo comité reconoció que no existen indicios suficientes de una política federal deliberada para hacer desaparecer personas, señalamiento que la CNDH utilizó para acusar al organismo de incurrir en contradicción interna.
