La primera derrota de Fragozo

 

El magistrado Alejandro Isaac Fragozo López tuvo su primera derrota política en su nueva era del Poder Judicial; se vio obligado a dar reversa a la especialización para ejercer el derecho familiar, porque no le asistió la razón

El requisito de tener una especialización para poder ejercer el derecho familiar, que intentó imponer el magistrado presidente del Poder Judicial de Baja California, Alejandro Isaac Fragozo López.

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De frente a la entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), se convirtió en su primera gran derrota política, en un contexto donde se le vislumbra como el hombre al que el poder se le está desbordando.

No se trata de que recular, como lo hizo, sea un síntoma de debilidad; tampoco significa que las intenciones del requisito que intentó implementar fueran incorrectas. El problema es que, tras la rebelión justificada de los abogados, quedó evidenciado el poco o nulo trabajo de análisis, socialización y supervisión ejecutado por el mandamás del Poder Judicial, el cual no visualizó de su inesperada propuesta.

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Hay que recordar que a inicios de abril de este año, 2026, el Consejo de Administración del Poder judicial aprobó una serie de medidas para la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, para los juristas de Baja California, donde -de forma arbitraria- colocó un apartado para exigir algún tipo de especialidad, maestría o doctorado, para ejercer dentro del aparato de la justicia familiar, una ocurrencia local, un planteamiento que no se incluye dentro de la reforma judicial presentada, dentro de la reforma judicial de la pasada Legislatura y que pretende mover a la oralidad, los juicios civiles y familiares.

Durante casi tres años, los poderes judiciales de todo el país se han enfocado en la implementación de dicho sistema, con el objetivo de entrar en 2027 con la oralidad. En Baja California hubo mesas de trabajo, reuniones entre juristas, especialistas y asociaciones de letrados, las cuales estuvieron más cerca de ser, eventos políticos de relaciones públicas, que a un verdadero trabajo para diseñar la forma en que Baja California entrará en esta nueva era de oralidad judicial en el tema familiar.

De forma inesperada, la comisión encargada de la implementación, donde destacan los nombres del magistrado Álvaro Castilla y Nelson Kim Salas, se tuvo la idea de colocar -sin previo aviso ni consulta- el requisito.

En la discusión interna, varios magistrados establecieron que imponer esa idea sería un error, entre ellos el mismo Álvaro Castilla, el grupo encargado de su implementación (donde se ubican además los magistrados y consejeros Columba Amador Guillén, Cecilia Razo Velázquez y Francisco Javier Tenorio Andujar) mantuvieron su postura, bajo el argumento de que, la medida garantizaría el interés superior de las infancias.

Luego decidieron que era buena idea dar conocer este requisito, a semanas de entrar en vigor el CNPCyF en Playas de Rosarito, lo que evidenció aún más que se trató de una ocurrencia improvisada; entonces, un número importante de abogados reclamó públicamente, porque no habían sido consultado previamente, y porque la medida, impediría, repentinamente, a un gran número de juristas ejercer su derecho a laborar.

Ante el enfrentamiento entre abogados y representantes del Poder Judicial, el magistrado presidente, Fragozo López, intentó resolver su error parchando la propuesta, agregando al texto el otorgamiento de un periodo de gracia de tres años -a protesta de decir verdad- para capacitarse y obtener una especialización en la materia.

Así, en medio de las protestas y los parches, quedó claro que no había un diagnóstico de cuántos abogados ejercen la profesión en el ramo, ni de qué forma se iba a capacitar a los juristas, y tampoco sobre si las universidades se encontraban en condiciones de brindar cursos de especialización para resolver la problemática.

Nada; el Poder Judicial, el ente que -en teoría- debe ser el máximo nivel jurídico de Baja California, no había hecho nada para conocer su propio nicho. Entonces valdría la pena que informen lo que hicieron durante los casi tres años que trabajaron el tema, y reporten si habrá consecuencias o sanciones por la omisión de abogados y togados que dejaron las decisiones de la implementación del nuevo código, para el último momento.

Fragozo, alguien que puede ejercer el poder de forma desbordada dentro de su feudo, tuvo su primera derrota: se vio obligado a recular debido a sus omisiones y errores políticos. ¿Les suena familiar? La forma de trabajo del Magistrado luce muy cercana al morenismo.

La implementación del Sistema de Justicia Penal Adversarial arrancó desde varios años atrás y se instauró de forma escalonada en los municipios, con un trabajo de seguimiento puntual; y aun así fue complicado. Ahora, con poco dinero y poca seriedad por parte de los actores políticos, el escenario se ve mucho más complicado.