Michael Kozak, alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU., expresó, el 16 de abril de 2026, ante el Subcomité del Hemisferio Occidental del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, la preocupación de la Administración encabezada por Donald Trump respecto a la elección de jueces en México, al exigir que los juzgadores electos sean calificados e independientes, y que no queden al servicio de los cárteles, de potencias extranjeras ni de ningún otro actor capaz de actuar en detrimento de los inversionistas de EE.UU.
Kozak aclaró que la elección popular de juzgadores no es, por definición, contraria al Estado de derecho, pues ese mecanismo existe en varios estados de EE.UU. No obstante, subrayó que la inquietud del Gobierno estadounidense radica en la calidad e independencia de quienes resulten electos. “Se necesitan jueces calificados e independientes, que no estén al servicio de los cárteles, los chinos ni de nadie más. Es un tema que nos preocupa y lo hemos dejado claro”, señaló ante los legisladores.
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El funcionario indicó que la preocupación se ha comunicado al Gobierno de México en repetidas ocasiones, en conjunto con la comunidad de inversionistas de EE.UU. que opera en territorio mexicano. Describió la situación como un proceso “en constante evolución” y precisó que, si México desea atraer inversiones, debe adoptar las medidas necesarias —incluso dentro del marco legal vigente que el propio país se dio— para que su sistema judicial genere confianza y no sea utilizado en contra de los inversores.
Las declaraciones del funcionario se produjeron el mismo 16 de abril de 2026 en que la ministra Yasmín Esquivel Mossa planteó una serie de ajustes a la reforma judicial durante la presentación del libro “Reflexiones sobre la elección judicial 2025 en México”, del Centro de Capacitación para el Nuevo Poder Judicial, en la Ciudad de México. Entre sus propuestas, Esquivel Mossa planteó restablecer las dos salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aplicar un examen de conocimientos básicos a los aspirantes a cargos del Poder Judicial de la Federación (PJF), y reducir el número de plazas a elegir en los comicios de 2027 únicamente a las vacantes, estimadas entre 200 y 450. “Una reforma del calado de la que comentamos no puede considerarse como definitiva en un primer ejercicio. Sus bases aceptadas en la Carta Magna son perfectibles, sin duda alguna”, afirmó.
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La ministra señaló que la eliminación de las dos salas ha ralentizado el ritmo de resolución de asuntos en el máximo tribunal, pues en la actualidad todo se analiza y vota en el Pleno. “Es importantísimo restablecer el trabajo de las Salas. No limitarlo solamente al Pleno. Las dos Salas que había en la Suprema Corte permitían que se tuvieran sesiones de manera simultánea, lo que permitía resolver el doble de asuntos que estamos resolviendo el día de hoy”, declaró. Respecto a la elección judicial de 2027, advirtió los riesgos de que ese proceso se empalme con la renovación de gobernadores en 17 estados, la de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y la de congresos locales. Propuso además limitar las listas de candidatos a cuatro aspirantes por plaza y precisar de antemano las especialidades de los cargos en disputa.
El marco de ambas declaraciones es la reforma judicial aprobada en 2024, que introdujo la elección popular de ministros, magistrados y jueces federales, transformando de manera estructural el sistema de designación de operadores jurídicos en México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había señalado, el 9 de abril de 2026 durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, que la revocación de mandato puede aplicarse a los juzgadores, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya contempla los mecanismos para que cualquier grupo ciudadano solicite ese proceso ante el Instituto Nacional Electoral (INE). “Si hay un grupo de ciudadanos que quiere la revocación de mandato de tal persona lo puede pedir al INE. El INE toma la decisión si procede de acuerdo a las leyes, de acuerdo a la Constitución y se hace la votación”, declaró la titular del Poder Ejecutivo Federal.
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El debate sobre los salarios y prestaciones del PJF fue uno de los detonadores políticos que abrieron camino a la reforma. El 10 de julio de 2024, Elizabeth García Vilchis, presentadora de la sección “Quién es quién en las mentiras” de la conferencia de prensa matutina del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, exhibió tablas con los presuntos ingresos mensuales de los ministros del Pleno de la SCJN, así como de integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), magistrados y jueces. Según los datos presentados, un ministro de la SCJN tendría ingresos mensuales totales de 792 mil 258 pesos, integrados por un sueldo base de 54 mil 270 pesos y una serie de prestaciones adicionales que incluían viáticos para restaurantes por 60 mil 307 pesos, apoyo de gasolina por 21 mil 166 pesos y aguinaldo de 48 mil 716 pesos, entre otras percepciones. En el caso de los consejeros del CJF, la cifra bruta mensual ascendía, según las mismas tablas, a cinco millones 529 mil 451 pesos.
El PJF había sostenido en su momento, a través de la entonces oficial mayor de la SCJN, Gisela Morales González, que los fideicomisos judiciales no beneficiaban a los ministros del máximo tribunal, sino que servían para cubrir derechos laborales de más de 55 mil trabajadores del PJF, incluyendo pensiones complementarias, apoyos médicos y fondos de retiro. La extinción de 13 de esos 14 fideicomisos, aprobada por el Congreso de la Unión a partir del 17 de octubre de 2023, generó una cadena de suspensiones judiciales, paros laborales y acciones legales que prolongaron el conflicto institucional durante meses, hasta que la reforma judicial de 2024 reconfiguró de manera profunda el sistema.
