El pleno de la Cámara de Diputados (CD) aprobó el 21 de abril de 2026, con 467 votos a favor y sin un solo voto en contra, la reforma constitucional que otorga al Congreso de la Unión la facultad de expedir una Ley General en materia de feminicidio, con el propósito de homologar el tipo penal y las sanciones por ese delito en todo el país. La modificación al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y previamente avalada por el Senado de la República, fue turnada a los 32 congresos locales, donde deberá obtener el respaldo de al menos 17 de ellos para entrar en vigor.
La reforma establece un plazo de 180 días para que el Congreso expida la ley general, una vez que la modificación constitucional sea publicada. En la exposición de su iniciativa, Sheinbaum Pardo subrayó la necesidad de contar con una legislación que establezca bases homogéneas para tipificar, investigar, perseguir y sancionar el feminicidio en toda la República. El nuevo ordenamiento contempla la homologación de estándares de investigación con perspectiva de género, el fortalecimiento de la coordinación entre instancias federales y entidades federativas, el acceso efectivo a la justicia para las víctimas y la reparación de daños, así como la coordinación de instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia.
Publicidad
Al fijar la posición de Morena, la diputada Olga Sánchez Cordero sostuvo que la iniciativa no representa una reforma más, sino la oportunidad de poner un alto definitivo a la impunidad que ha normalizado la violencia extrema contra las mujeres en México. Sánchez Cordero señaló que, por años, las víctimas han enfrentado no solo los hechos violentos en sí mismos, sino también obstáculos a lo largo de los procesos penales, la complejidad probatoria para acreditar el delito y la revictimización institucional. “De lo contrario, ¿qué nos queda?, ¿seguir contando cuerpos?, ¿seguir archivando expedientes?, ¿seguir escuchando a madres que claman justicia sin obtener respuesta? Eso es precisamente lo que este dictamen viene a romper”, declaró.
El debate derivó en un enfrentamiento entre legisladoras de distintas bancadas. La diputada panista Paulina Rubio advirtió desde la tribuna que la reforma constitucional resulta insuficiente mientras persistan problemas estructurales en las Fiscalías, la falta de recursos para garantizar el acceso a la justicia a las mujeres y las deficiencias en la clasificación de los casos. Rubio reprochó que la Ciudad de México cuente con una Fiscal que intentó ser consejera electoral y ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en alusión a Bertha Alcalde, y cuestionó el papel de Citlalli Hernández como primera titular de la Secretaría de las Mujeres del país. Por su parte, la también panista Verónica Pérez admitió que la reforma constituye un avance, pero cuestionó que llegara tarde, al señalar que en lo que va de 2026 han sido privadas de la vida 94 mujeres.
Publicidad
La diputada Lilia Aguilar, del Partido del Trabajo (PT), defendió la trayectoria del Gobierno encabezado por la 4T en materia de protección a las mujeres y dirigió sus críticas hacia la bancada del Partido Acción Nacional (PAN). En su intervención, Aguilar acusó al sexenio de Felipe Calderón de haber atentado contra las libertades del país en el marco de la guerra contra el narcotráfico. La diputada Ariana Rejón, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aportó datos al debate al señalar que en 2022 fueron privadas de la vida 2 mil 847 mujeres entre feminicidios y homicidios dolosos, lo que equivale a diez mujeres asesinadas cada día. “Eso no es una estadística, son mujeres, amigas, sobrinas y madres que ya no están. Esto es una vergüenza nacional, esto no es una crisis pasajera, es una epidemia de violencia contra las mujeres”, afirmó Rejón.
En representación de Movimiento Ciudadano (MC), la legisladora Iraís Reyes respaldó la reforma como un paso necesario, pero advirtió que homologar la ley no equivale a garantizar justicia. “El problema no es solo cómo está escrito el delito, es cómo se investiga, cómo se integra una carpeta, cómo actúa la fiscalía y si las autoridades llegan a tiempo o no”, planteó Reyes. La oposición en su conjunto coincidió en que la eficacia de la reforma dependerá de la voluntad política y los recursos institucionales con que se instrumente en cada entidad federativa, donde los índices de impunidad en casos de feminicidio continúan siendo elevados.
