La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) confirmaron el 28 de marzo de 2026 un paro nacional para el 6 de abril próximo, en protesta por la inseguridad, los robos, los homicidios y las extorsiones que enfrentan quienes dependen del transporte de carga y de las actividades del campo en las carreteras del país. La movilización retoma una disputa que ya había paralizado vías en al menos 25 estados en noviembre de 2025 y que derivó en un enfrentamiento político entre el Gobierno Federal y la oposición.
El dirigente de la ANTAC, David Estévez Gamboa, explicó que la fecha fue elegida de forma deliberada para no interferir con el periodo vacacional de Semana Santa, durante el cual se registra un mayor flujo de viajeros en las vías federales y estatales. “Queremos que la gente pueda salir a vacacionar; no somos inconscientes. Pero después, el 6 de abril, tenemos la necesidad de manifestarnos”, afirmó Estévez Gamboa, quien también llamó a “paralizar todo absolutamente todo” como medida de presión ante la falta de respuestas institucionales. El líder transportista había denunciado previamente que entre 35 y 40 transportistas son víctimas de un delito cada día en las carreteras del país.
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El nuevo paro retoma las demandas planteadas por las organizaciones en noviembre de 2025, cuando la ANTAC, el FNRCM y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) iniciaron bloqueos en al menos 25 estados a partir del 24 de noviembre de ese año. Además de exigir mayor seguridad ante el incremento de asaltos, extorsiones y cobros de derecho de piso, los campesinos demandaron precios justos para el maíz y otros productos agrícolas, la exclusión de los granos de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la creación de una banca de desarrollo exclusiva para el campo y la publicación de precios de garantía para toda la producción agrícola.
Baltazar Valdez Armentia, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, denunció en aquella ocasión que la corrupción en los cuerpos policiales, en conjunción con el crimen organizado, había derivado en extorsiones, secuestros y asesinatos de choferes. Valdez Armentia es uno de los líderes que en noviembre de 2025 rechazó participar en las mesas de diálogo propuestas por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), argumentando que los representantes enviados por el Gobierno no estaban facultados para acordar compromisos verificables. Las organizaciones exigieron entonces un diálogo directo con funcionarios con capacidad de firma.
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La movilización de noviembre de 2025 derivó en una controversia política de alcance nacional. Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la SEGOB, señaló el 23 de noviembre de 2025 que detrás de los bloqueos existían intereses políticos, al afirmar que varios líderes de las organizaciones convocantes pertenecían al Partido Revolucionario Institucional (PRI), al Partido Acción Nacional (PAN) y al Partido de la Revolución Democrática (PRD). “Aparte de ser líderes del campo, pertenecen a partidos políticos: pertenecen al PRI y pertenecen al PAN y pertenecen al PRD. No es que yo lo diga, ellos tienen una historia política”, declaró Rodríguez Velázquez.
El PAN y el PRI rechazaron las acusaciones de la SEGOB. El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, calificó de “ridículo” el señalamiento e indicó que los transportistas contaban con el respaldo de Acción Nacional. “Si miles de transportistas están dispuestos a cerrar carreteras, no es por gusto, es por desesperación”, declaró Romero Herrera, quien exigió al Gobierno Federal la instalación de una mesa nacional de diálogo. El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Ignacio Moreira Valdez, señaló que en las carreteras del país se registraban más de 670 asaltos diarios a transportistas y viajeros, y anunció que su partido cerraría filas con los trabajadores.
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El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, se desmarcó de las declaraciones de Rodríguez Velázquez. “Respeto las expresiones de los secretarios de Estado. No tengo por qué desautorizarlas ni descalificarlas, ni tampoco negarlas. Pero yo no tengo elementos para poder hacer una afirmación así”, declaró Monreal Ávila desde el recinto legislativo de San Lázaro. El legislador morenista llamó a privilegiar el diálogo y advirtió que los bloqueos permanentes serían “caminos sin retorno”.
Según datos proporcionados el 24 de noviembre de 2025 por Julio Antonio Berdegué Sacristán, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), los bloqueos en esa fecha se concentraban en cuatro entidades: Chihuahua, San Luis Potosí, Estado de México y Zacatecas, con la participación de no más de 2,000 productores agrícolas. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su Gobierno había mantenido diálogo constante con los manifestantes y que se realizaron mesas de trabajo para atender sus demandas, aunque reconoció que algunos grupos incorporaron nuevas exigencias relacionadas con la Ley General de Aguas, en discusión en el Congreso de la Unión.
Para el paro del 6 de abril de 2026, entre las carreteras y puntos que podrían verse afectados por los bloqueos figuran las vías México-Querétaro, México-Cuernavaca y México-Pachuca, así como tramos en Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Michoacán y Jalisco, además de cruces fronterizos como el de Ciudad Juárez, Chihuahua. Los convocantes señalaron que ante la ausencia de resultados en las mesas de diálogo previas, la movilización masiva representa la única vía disponible para obligar a las autoridades a atender sus demandas.
