En la presentación de los resultados del proyecto “Jornaleros agrícolas en cultivos de exportación en Baja California: Condiciones laborales, salud y vivienda”, realizado por el Colegio de la Frontera Norte (El Colef), se expuso la precariedad de los jornaleros de Baja California
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El campo agrícola de Baja California tiene fuertes carencias por la desatención de los tres órdenes de gobierno. Aunque el Valle de San Quintín aporta más de 500 millones de pesos por concepto de impuestos obrero patronales, el municipio se encuentra sin calles pavimentadas, sin agua potable, con centros médicos insuficientes y sin guarderías.
Salvador García, presidente del Consejo Agrícola de Baja California, reveló que existe una evasión de seguridad social, porque muchos de los jornaleros cuando llegan a la edad de jubilarse se encuentran que ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no tienen ninguna semana cotizada.
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“El IMSS está haciendo mal su trabajo, pese a lo que aporta el Valle de San Quintín, 500 millones de pesos anualmente, por concepto de aportaciones obrero patronal, no se ha construido una sola guardería. En el nuevo municipio tenemos apenas dos clínicas, una construida por el ex presidente Luis Echeverria y la segunda por Ernesto Zedillo; el presidente Lopez Obrador solo hizo una ampliación a la segunda, pero sin especialidades”, declaró.
Lo anterior lo expresó durante la presentación de los resultados del proyecto “Jornaleros agrícolas en cultivos de exportación en Baja California: Condiciones laborales, salud y vivienda”, realizado por el Colegio de la Frontera Norte (El Colef) y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), este lunes 22 de noviembre.
Agustín Escobar del CIESAS explicó que el proyecto de investigación, derivó de una encuesta amplia y representativa destinada a estudiar las condiciones generales de los trabajadores agrícolas en cultivos de exportación, así como de encuestas puntuales, y trabajo etnográfico, bajo su coordinación.
Durante su intervención aseguró que la agricultura mexicana se ha convertido en una de las principales herramientas de desarrollo económico. Desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, con un crecimiento de 800% en el valor de lo exportado hacia Estados Unidos.
Agregó que Baja California, representa el 2.3 por ciento de la fuerza laboral agrícola nacional. Con un salario de casi 8 mil pesos mensuales, prácticamente el doble de la media nacional. A pesar de que el estado presenta mejores condiciones que el resto del país, sigue teniendo carencias importantes.
El investigador reveló que existe una brecha importante entre el sector formal e informal; este último representa a pequeños productores y rancheros, basando sus lazos laborales en acuerdos verbales sin prestaciones de ley y en ciclos de contratación cortos.
“Las principales razones para elegir el sector informal son la flexibilidad, la necesidad de ahorro por rendimiento y por falta de documentación para entrar en el mercado formal. Para este mismo sector, se han observado las peores condiciones de vivienda en el país, además de escasez de estancias para el cuidado infantil”.
Por otra parte, Omar Stabridis Arana, investigador de El Colef y coordinador de la encuesta, comentó que el levantamiento se realizó en los centros de trabajo, sin intervención de los productores, además de realizar acercamientos con los trabajadores en sus hogares. Se realizaron cerca de un millar de levantamientos con representatividad estadística.
Como parte de los resultados de esta encuesta se encontró que el acceso al trabajo, el salario, los horarios, las afiliaciones al IMSS y las condiciones laborales, representan una deficiencia.
La edad de los jornaleros ronda entre los 19 y 49 años de edad. En su mayoría, se tratan de inmigrantes permanentes, es decir, personas nacidas en otras regiones del país, pero que optaron por quedarse a vivir en el estado por las condiciones laborales.
Sobre las prestaciones, los investigadores encontraron que alrededor del 90% cuentan con seguro médico durante el tiempo de contrato, de 4 a 9 meses.
Al final de la exposición de resultados los investigadores concluyeron que habría que investigar qué es lo que sucede con esa población al cabo de la finalización de la relación laboral y las demás prestaciones que por ley corresponden.
El presidente del Consejo Agrícola de Baja California, Salvador García, quién fue invitado a la presentación y apoyó a los investigadores para realizar su trabajo comentó sobre la importancia de la colaboración entre el sector privado, los investigadores académicos y el gobierno para atender a la población jornalera y agricultora de Baja California.
“Vemos muchas reuniones del gobierno con líderes jornaleros, hablan del campo, se reúnen con investigadores, pero nunca nos invitan. A la parte patronal no la incluyen, hablan mal de nosotros, pero nunca nos consultan y se acercan. Estamos en toda la disposición de seguirlos apoyando porque es beneficioso para todos”, finalizó
