El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) prevé rechazar la petición del Partido Acción Nacional (PAN) de reabrir el caso de Pío López Obrador, al considerar que el Instituto Nacional Electoral (INE) no reunió pruebas contundentes para acusarlo de desvío de recursos hacia Morena. La Sala Superior analiza el asunto en su sesión del 17 de marzo de 2026.
La magistrada Mónica Soto propone a sus compañeros de la Sala Superior confirmar la resolución del INE del 21 de agosto de 2025, mediante la cual el organismo electoral determinó, tras cinco años de investigación, exonerar a Pío López Obrador —hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador— y al exfuncionario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) David León Romero.
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El INE justificó su decisión al señalar que no encontró pruebas contundentes para determinar que existió financiamiento ilícito a Morena entre 2015 y 2018, luego de que se difundiera un video en el que Pío López Obrador recibe recursos en efectivo dentro de un sobre amarillo de manos de León Romero. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales no ejerció acción penal al concluir que los videos estaban alterados y no podían ser considerados prueba plena. Además, los involucrados negaron el ilícito durante las audiencias.
El 27 de agosto de 2025, el diputado del PAN, Federico Döring, impugnó la resolución del INE y solicitó a la Sala Superior reabrir el caso, argumentando que existían elementos suficientes para profundizar la investigación. Döring sostuvo que el propio expresidente López Obrador reconoció públicamente que el dinero se destinó al “movimiento”, y que el INE admitió la existencia de “indicios” de una ilegalidad.
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El proyecto de resolución de Soto plantea dar la razón al INE al estimar que los dichos y videos carecen de fuerza probatoria suficiente. “Esta Sala Superior comparte la conclusión a la que arribó la responsable, pues es verdad que durante la instrucción del asunto se decretaron una serie de diligencias exhaustivas”, señala el documento, el cual añade que tales diligencias incluyeron emplazamientos, requerimientos, auditorías contables multiperiodo y solicitudes interinstitucionales, sin que se demostraran los flujos financieros atribuibles a León Romero o a Pío López Obrador en favor de Morena.
Respecto a las declaraciones del expresidente, la magistrada sostuvo que López Obrador “únicamente reconoció la identidad de las personas en los videos y que las aportaciones eran para apoyar al movimiento, sin vinculación alguna con la contabilidad partidista ni con actos de campaña”. Por ello, afirmó que tales manifestaciones no constituyen confesión ni producen prueba plena sobre los hechos denunciados.
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Soto también señaló que quien acusa una ilegalidad está obligado a aportar pruebas, y que en este caso solo se entregaron notas y videos sin medios adicionales de convicción. El proyecto precisa que el hecho de que los involucrados afirmaran que el dinero era para el movimiento no equivale a “una confesión que diera pie al reconocimiento de un ilícito”, pues dicha afirmación no se vincula con la contabilidad ni con actos de campaña partidista.
La denuncia original fue presentada en 2020 por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). De confirmarse el sentido de la propuesta de Soto en la sesión del miércoles, el caso quedaría formalmente cerrado, sin responsabilidad electoral para Pío López Obrador ni para León Romero.
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