La irregular seguridad

Ni la Auditoría Superior del Estado (ASEBC) se salva de cometer ridículos, pifias; o bien, posibles actos de corrupción, pues no tiene problema con llevar a cabo contratos con empresas de dudosa procedencia, o al menos que carecen de permisos para llevar a cabo los contratos que firman. Tal es el caso de la empresa de una persona física llamada Christian Armando Ruiz Enríquez, encargada de brindar la seguridad privada al edificio de la Auditoría Superior del Estado, ubicado en el cruce de Calzada de los Presidentes y Lázaro Cárdenas, en Mexicali. El inmueble, recién construido, sirve para albergar a todo el personal de la Auditoría y resultó ser mucho más costoso de lo que se tenía previsto. Lo interesante es que, durante el año 2025, la institución que depende del Congreso de Baja California, contrató a Christian Armando para brindar el servicio de seguridad privada para las instalaciones públicas, por un monto de 129 mil pesos mensuales, es decir, más de un millón de pesos al año. Al cotejar los datos del registro de empresas de seguridad privada de Baja California y de la Dirección del Gobierno de México en el mismo ámbito, la empresa radicada en la calle Patricio Sanz, número exterior 28 e interior 204, de la colonia Del Valle Centro -aunque no se percibe un solo letrero de su existencia en la plataforma de Google Maps-, no cuenta con permisos para brindar el servicio de seguridad privada. De hecho, se trata de una facturación de una persona física y en ninguna parte del contrato y el proceso de adquisición se analizó -al menos no se identifica en los documentos- que se haya revisado si la empresa cuenta con un expediente para su operación. Otro punto a considerar es que la licitación fue hecha a tres personas, donde al menos una de ellas, Alarmas 686, propiedad de Arturo Rafael Ornelas Valdez, contaba con todos los permisos y experiencia en el ramo para brindar el servicio; a diferencia de Christian Armando, que al menos hasta el primer trimestre del año 2025 no contaba ni siquiera con registro en el padrón de proveedores. Por cierto, tal empresa no cuenta con contrato previo en alguna parte del país. Por el contrario, se identificó que el Registro Público de Comercio (RPC) la ubica con una sola empresa de nombre YOCRAD, radicada en Monterrey, Nuevo León, dedicada a muchos giros, pero no a los de seguridad privada. En tiempos de la 4T, la Auditoría no respeta ni sus propias reglas.