La Cámara de Diputados rechazó el 11 de marzo de 2026 en lo general el dictamen de reforma constitucional en materia electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, después de que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), aliados del oficialismo en el Congreso de la Unión, se negaron a respaldar la iniciativa. La votación arrojó 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención, cifra insuficiente para alcanzar la mayoría calificada de dos terceras partes del pleno, equivalente a al menos 334 votos de los 500 legisladores que integran la Cámara.
Al contabilizarse los resultados, Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, declaró desechado el dictamen al no haberse reunido los votos necesarios para modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La iniciativa, denominada por el Gobierno Federal como el “Decálogo por la Democracia”, proponía modificar 11 artículos constitucionales con miras a transformar el sistema electoral antes de los comicios intermedios de 2027.
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Desde la Tribuna de San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, anticipó la derrota antes de la votación y anunció que el partido gobernante no abandonaría el proyecto. “Sabemos el destino que esta reforma puede tener, pero les anunciamos, una vez que se vote y una vez que se rechace, comenzaremos a construir el Plan B de la reforma electoral, porque no desmayemos, no vamos a rendirnos, no vamos a claudicar”, declaró Monreal Ávila, rodeado de legisladores morenistas.
La propuesta presentada por la titular del Poder Ejecutivo Federal el 4 de marzo de 2026 ante el Congreso de la Unión planteaba, entre sus puntos centrales, la eliminación de las 32 senadurías de representación proporcional, con lo que el Senado de la República pasaría de 128 a 96 integrantes, todos elegidos mediante voto popular o como primera minoría. En materia de financiamiento, la iniciativa proponía reducir en aproximadamente 25 por ciento los recursos públicos destinados a partidos políticos, al Instituto Nacional Electoral (INE), a los institutos electorales locales y a los tribunales electorales. Según la propuesta, el factor aplicado al valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para calcular las prerrogativas partidistas descendería de 65 a 48.75 por ciento.
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La resistencia de PVEM y PT se centró precisamente en esa reducción de financiamiento, que afectaría directamente sus prerrogativas. Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral de la Cámara aprobaron el dictamen el 10 de marzo de 2026 con votos exclusivos de Morena, luego de que ambos partidos ratificaron su rechazo en el proceso en comisiones. La mandataria nacional había descartado ese mismo día realizar gestiones de último momento para sumar los votos de sus aliados. “Yo cumplí”, señaló Sheinbaum Pardo al ser cuestionada respecto a si haría un llamado directo al PT y al PVEM, subrayando que su responsabilidad fue enviar la propuesta al Poder Legislativo.
El Plan B de Morena consistiría en impulsar modificaciones a legislación secundaria en materia electoral, donde basta la mayoría simple para su aprobación, lo que permitiría al partido gobernante avanzar sin el concurso de sus aliados y reabriría la posibilidad de buscar acuerdos con el PAN o con Movimiento Ciudadano (MC).
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Entre los elementos de la reforma que contaban con mayor respaldo técnico figuraban la regulación del uso de inteligencia artificial (IA) en procesos electorales, que obligaría a etiquetar todo contenido generado o modificado mediante esa tecnología, y la prohibición de aportaciones privadas en efectivo a partidos y candidaturas. La iniciativa buscaba que todas las aportaciones fueran rastreables a través del sistema financiero, con la obligación del sistema bancario de reportar al INE cualquier operación inusual vinculada a partidos y candidaturas.
La oposición al dictamen incluyó también los votos del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El coordinador del PAN en San Lázaro sostuvo que la propuesta no fue construida con las fuerzas políticas y que el proyecto omitía el problema central: la intervención del crimen organizado en las elecciones y el financiamiento ilícito procedente del narcotráfico. Con el rechazo al dictamen y el anuncio del Plan B, el debate legislativo respecto a las reglas electorales que regirán los comicios de 2027 continuará en las próximas semanas en el Congreso de la Unión.
